Preocupación por posible «estigmatización de la comunidad boliviana en Río Cuarto»

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El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad se pronunció luego de haber sido objeto de un megaoperativo realizado en la zona conocida como Las Quintas, en jurisdicción de Río Cuarto y Las Higueras.

VACANARVAJA

El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Río Cuarto expresó su preocupación «ante la posibilidad de que desde distintos ámbitos oficiales de orden nacional y provincial se esté adoptando una mirada prejuiciosa, estigmatizadora y disciplinadora hacia la comunidad de ciudadanos bolivianos radicados en la ciudad de Río Cuarto».

Comunicado completo:

Nuestra preocupación surge de una reunión mantenida en junio último a pedido de un grupo de dirigentes de la comunidad boliviana en Río Cuarto, quienes solicitaron la intervención de este Observatorio luego de haber sido objeto de un megaoperativo realizado en la zona conocida como Las Quintas, en jurisdicción de Río Cuarto y Las Higueras, en el que habrían intervenido la Afip, el Ministerio de Trabajo de la Provincia, la Secretaría de Lucha contra la Trata de Personas de la Provincia y la Justicia Federal de Río Cuarto, con intervención de fuerzas policiales provinciales (Guardia de Infantería) y nacionales (Gendarmería).

En menos de un año se registraron dos megaoperativos realizados en forma conjunta por los organismos mencionados, sin que hasta la fecha existan procesados o se haya determinado la comisión de delito alguno por parte de los integrantes de la comunidad boliviana.

El primer megaoperativo se realizó el 3 de septiembre del año pasado, a raíz de una denuncia del gremio de los trabajadores ladrilleros (UOLRA), según se informó en el Juzgado Federal de Río Cuarto. Según trascendió a los medios de comunicación, sin embargo, existían denuncias sobre presunta trata de personas, explotación laboral y evasión impositiva.

El segundo megaoperativo se llevó a cabo el 28 de mayo último en la zona donde trabajan los quinteros de la comunidad boliviana, quienes abastecen de frutas y verduras en un porcentaje significativo –alrededor del 70 por ciento- al Mercado de Abasto de la ciudad, pese a lo cual carecen de representación en la asamblea de socios accionistas y por tanto de cualquier incidencia en la toma de decisiones de esa sociedad de economía mixta con mayoría estatal.

Ambos megaoperativos tuvieron fuerte repercusión mediática, pero escasos resultados judiciales y administrativos, al punto tal que ninguno de los cuatro detenidos en septiembre (Héctor Sosa, Gerardo Sosa, Daniel Oyola y Mario Oyola) resultó procesado por la comisión de delito alguno. En tanto que el segundo megaoperativo, también ampliamente difundido por los medios de comunicación, no había arrojado hasta el momento ninguna imputación, pese a que se secuestró dinero en efectivo, vehículos y herramientas de trabajo a los trabajadores quinteros de origen boliviano, ocasionándoles un claro perjuicio económico.

Este Observatorio de Derechos Humanos invita a las autoridades de los órganos nacionales mencionados a priorizar las políticas de prevención antes que las de represión y a tomar los recaudos necesarios para evitar que, producto de la fuerte repercusión mediática de estos megaoperativos supuestamente motivados por delitos graves como la trata de personas, la explotación laboral y/o la evasión impositiva, se termine estigmatizando a una comunidad boliviana que ha dado muestras de su vocación de trabajo e integración social.

Nos parece que no es a través de estos megaoperativos de alto impacto mediático, fuerte estigmatización social y escasos o nulos resultados judiciales/administrativos que los órganos de los Estados nacional y provincial deben trabajar en pos de regularizar la situación de inmigrantes y trabajadores bolivianos, que –según manifestaron a este Observatorio-, tienen la mejor predisposición a cumplir con la legislación argentina, pero muchas veces carecen del asesoramiento técnico apropiado para hacerlo.

Desde este Observatorio de Derechos Humanos bregamos por la aplicación de políticas de prevención, regularización migratoria y fomento del trabajo registrado como la mejor manera de contribuir a la efectiva integración social, laboral y cultural de la comunidad boliviana a nuestra ciudad.

 

 

 

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