Según señalaron, el déficit podría ser de entre $1.638 millones y $2.940 millone. «La situación descripta genera gran incertidumbre», advirtieron.
Desde el Observatorio de Finanzas Públicas del CIPPES emitieron un informe que alerta sobre el aumento en el déficit en las finanzas provinciales.
Según señalaron, el déficit podría ser de entre $1.638 millones y $2.940 millones y la Necesidad Bruta de Financiamiento de entre $2.474 millones y $3.775 millones, «de no tomarse medidas presupuestarias adicionales antes de fin de año».
«La situación se explica tanto por la caída en la tasa de crecimiento interanual que vienen registrando los recursos tributarios (tanto provinciales como nacionales) que percibe la provincia, como por el incremento en algunas partidas de gastos y pago de amortizaciones por encima de los valores presupuestados», indicaron.
Desde el organismo señalaron que «el crecimiento interanual de los recursos impositivos ha disminuido del 45% en enero (respecto a enero 2013) al 33% en mayo (respecto a mayo 2013).
Además, el crecimiento interanual de la recaudación de tributos provinciales cayó de 39,9% en enero a 29,8% en mayo, mientras el crecimiento de los giros que la Nación realiza por coparticipación federal y regímenes especiales se redujo de 48,3% en enero a 34,9% en mayo.
En base a la evolución de los recursos tributarios y a las expectativas respecto al nivel de actividad de la economía, se platean tres escenarios de recursos: uno pesimista, en que los recursos impositivos crecen un 30% en el año, uno relativamente más probable en que crecen un 35% y uno optimista que estima un 40% de crecimiento.
Agregaron que, bajo el escenario más probable, los ingresos totales de la provincia ascenderían a $49.038 millones, $12.316 millones más que los ingresos del 2013 ($36.721 millones) y $3.481 millones más que lo presupuestado ($45.557 millones). Sin embargo parte del incremento en los ingresos presupuestados corresponde a los municipios y comunas, con quienes se coparticipa el 20% de los ingresos por coparticipación federal de impuestos, impuesto a los ingresos brutos e impuesto inmobiliario. En el escenario más probable, de los $3.481 millones de incremento en los ingresos respecto a lo presupuestado a la Provincia corresponderían $3.011 millones (pasando así el total de ingresos de $45.557 millones presupuestados a $48,658 millones netos de coparticipación), mientras $470 millones debería trasferir a los municipios y comunas.
Por el lado del gasto, el incremento salarial otorgado al personal policial, junto con el cierre de paritarias con el resto de los empleados de la Administración Pública Provincial, se estima incrementaron el gasto en personal en $5.330 millones respecto del monto presupuestado para el 2014, que según estimaciones propias pasaría de $21.045 millones presupuestados a $26.375 millones (un 44,9% más que los $18.197 millones ejecutados en 2013).
Por otra parte, la devaluación ocurrida durante esta primera mitad del año, sumado a que más de la mitad de la deuda pública que mantienen en conjunto la Administración General y la ACIF se encuentra dolarizada (56,9% al 31 de diciembre de 2013), dejó desactualizado el monto previsto en el Presupuesto 2014 para pago de intereses y amortizaciones de la deuda. No se considera la deuda de EPEC por no consolidar en las cuentas provinciales.
Considerando la diferencia entre el tipo de cambio utilizado en el presupuesto ($6,33) y el registrado a mitad de año ($8,129 el 16 de junio), la Provincia podría pagar $184 millones más que lo presupuestado 2014 para el pago de intereses (el gasto aumentaría de $1.044 millones a $1.228 millones). De éstos, $41 millones corresponden a la deuda de la Administración General y $143 millones a la deuda que mantiene la ACIF.Respecto al pago de amortizaciones de la deuda, se espera un desembolso extra de $161 millones. De éstos, $79 corresponden a la deuda de la ACIF, que se registra entre las partidas de gasto, y $82 millones a la deuda de la Administración General cuyo pago sí se registra como amortizaciones. De esta forma el pago de amortizaciones pasaría de $1.083 millones a $1.244 millones.
En base a lo anterior, el gasto total devengado a fin de año podría incrementarse en $5.593 millones y las amortizaciones de la deuda (sólo Administración General) en $82 millones. De esta forma las erogaciones totales se incrementarían de los $44.614 millones presupuestados para el año en curso a $50.207 millones estimados para fin de año, mientras las amortizaciones pasarían de $754 millones a $836 millones.
Adicionalmente, la inflación que se registre durante el año, que se espera supere la inflación estimada en el Presupuesto 2014, presionará sobre otros gastos que hacen al funcionamiento del Estado permitiendo la provisión de bienes y servicios públicos (como la compra de alimentos para el programa PAICOR, insumos de hospitales, etc.) por lo cual podrían esperarse mayores incrementos del gasto.
El incremento estimado de los ingresos totales (netos de coparticipación a municipios y comunas) en $3.011 millones y de los gastos totales en $5.593 millones implica que el superávit presupuestado de $943 millones se deterioraría hasta alcanzar un déficit de $1.639 millones, que junto a las amortizaciones de la deuda de la Administración General que alcanzarían los $836 millones determinan una necesidad bruta de financiamiento de $2.475 millones para el año en curso, de no tomarse medidas presupuestarias adicionales antes de fin de año.
Bajo los otros escenarios, +30% y +40%, el déficit estimado es $2.940 millones y de $289 millones respectivamente y la necesidad bruta de financiamiento de $3.775 millones y $1.125 millones respectivamente. Mantener un resultado superavitario requeriría un incremento en los ingresos impositivos de más del 40%, algo poco probable dada la evolución que se viene registrando y las perspectivas de la economía para lo que resta del año.
«Gran incertidumbre»
«La situación descripta genera gran incertidumbre acerca de cómo será cerrada la brecha proyectada entre los ingresos y gastos para el corriente año; si se recortarán gastos, cuáles serán las prioridades establecidas, si se recurrirá a nuevo endeudamiento, en qué condiciones se tomará», señalaron desde el Cippes.
Consideraron que, «un agravante de esta situación es la dificultad con que podría encontrarse el Gobierno de la Provincia a la hora de recurrir al endeudamiento para financiar dicho déficit».
«La dificultad surge tanto de las restricciones de acceso al crédito internacional que imponen la actual incertidumbre respecto a la resolución final del diferendo con los holdouts y a la necesidad de contar con autorización del Gobierno Nacional para endeudarse según indica la Ley de Responsabilidad Fiscal. Además, es necesario recordar que esta misma ley prohíbe que se financie gasto corriente con nuevo endeudamiento. Por otra parte, es necesario tener en cuenta que ciertos gastos (fundamentalmente los referidos a obra pública) son financiados con recursos con afectación específica (por ejemplo los fondos recibidos en el marco del Fondo Federal Solidario, lo recaudado por la Tasa Vial, entre otros fondos específicos). Esto introduce un fuerte condicionante a las decisiones que pudieran tomarse para cerrar la brecha fiscal», argumentaron.
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