Desde HIJOS rechazaron la imputación de Luciana Farrán y Fidel Acera. «La celeridad con la que actúa la justicia en este caso pone de manifiesto la falta de equidad», indicaron.
Comunicado completo:
Manifestamos nuestra preocupación por el procesamiento de Luciana Farrán (F.U.R.C.) y Fidel Acera (Pastoral Universitaria) por parte de la Fiscalía a cargo del Dr. Moine. La celeridad con la que actúa la justicia en este caso pone de manifiesto la falta de equidad con la que se maneja este Poder a la hora de resolver determinados conflictos. Mientras hechos de tortura llevados a cabo por miembros de la policía provincial, o delitos complejos perpetrados por agentes de grupos económicos concentrados no son investigados, en este caso la justicia ejerce todo el rigor sobre dichos jóvenes.
En tanto, Farrán y Acera solo consultaron a los policías por qué estaban deteniendo a unas personas en la Plaza Roca, hay elementos suficientes como para constatar que de ninguna manera ellos obstruyeron aquel operativo. Por lo tanto, dichos militantes deben ser sobreseídos de la causa judicial.
En este sentido, también preocupa el accionar policial ya que cualquier ciudadano no pueda dirigirse –aún de manera respetuosa- a un agente en un operativo, puesto que corre el riesgo de ser aprehendido arbitrariamente. Es inaceptable que bajo un sistema democrático estos funcionarios públicos sigan manejándose con total impunidad.
También, a la ciudadanía en general y sobre todo a la militancia política y social no le recomendamos como metodología llevar a cabo la “acción directa”, en tanto pone en riesgo la integridad física y la libertad ambulatoria tanto de la persona por la cual se quiere colaborar, como la del mismo militante.
Por lo tanto, es necesario trabajar en conjunto y fortalecer dispositivos estatales de control del accionar policial y de servicio de acceso a la justicia tales como el Registro Municipal de Demoras y Detenciones por Contravención. Y también, comprometer a las diferentes instituciones públicas en la conformación de foros de seguridad con el objeto de discutir políticas de Estado de esta materia para implementar programas enmarcados en la Constitución Nacional y en protocolos firmados por la Argentina, tales como el de la Prevención de la Tortura; Contra la tortura, otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.