Dos fiscales de Instrucción de la ciudad de Córdoba dictaron 35 prisiones preventivas contra imputados por los robos y saqueos que se produjeron entre el 3 y el 4 de diciembre pasados, durante el acuartelamiento y huelga que realizó la Policía provincial.
Télam – El fiscal Raúl Garzón (Distrito III, Turno 7, de la ciudad de Córdoba) dispuso la medida contra diez personas, mientras que su par, José Mana (Distrito I, Turno 3) hizo lo mismo respecto de otros 25 imputados, según se conoció hoy.
Por su parte, las fiscales Adriana Abad y Jorgelina Gutiez, que también investigan los hechos ocurridos junto a Garzón y a Mana, tienen que resolver la situación de 75 y 30 personas, respectivamente.
Al dictar las prisiones preventivas, Mana aseguró que los imputados «se apoderaron de las calles con claros fines ilícitos, generando una gran perturbación pública donde personas y bienes se encontraban en un estado de total indefensión merced a la carencia del personal policial».
El fiscal consideró «particularmente grave» lo sucedido, porque se perjudicó «la tranquilidad social y la sensación de sosiego de las personas, nacida de la confianza de que pueden vivir en una atmósfera de paz social, por lo que los actos de vandalismos indiscriminados en ese contexto produjeron una alarma colectiva que afectó gravemente la regular convivencia».
Días atrás, respecto de las imputaciones adoptadas, el fiscal Garzón había manifestado a la prensa: «como principales razones tuve en cuenta que se trató de un obrar inusual y sumamente grave. Se trata de conductas no sólo reprochables desde lo técnico penal, sino que se desplegaron ante los ojos de todos, en una noche en la que faltó la seguridad que debe brindar el Estado».
Las particulares circunstancias en que se produjeron estos «robos calificados», según el funcionario judicial, hicieron que «se contribuyera a desatar la sensación de una suerte de guerra de todos contra todos, algo que sale del obrar delictivo común».
Garzón tuvo en cuenta en el momento de imputar o de disponer preventivas el hecho de que «muchos (de los acusados) no contaban con antecedentes y tenían ocupaciones, y hasta estudios universitarios en algunos casos, lo que merece un reproche especial, porque revela que eran personas insertadas socialmente».
Los fiscales avanzan con el relevamiento de material fílmico y el análisis de información volcada en las redes sociales durante las 48 horas caóticas de la capital mediterránea cuando, en medio de la huelga policial, se volcaron en las redes imágenes, consignas de incitación al delito y confesiones.
Garzón reveló que aún no hay ningún miembro de la policía cordobesa detenido, pero advirtió que la causa avanza en conocer los vínculos familiares y profesionales de las personas imputadas con efectivos de la fuerza de seguridad.