Según precisó el funcionario judicial, el depósito estaba a cargo de la secretaría. La semana que viene se conocerían imputaciones.
El fiscal Guillermo Lega avanza en la investigación por el robo de más de 30 armas en un depósito del Juzgado Federal de Río Cuarto, tal como anticipó TD Digital el pasado viernes.
Lega intenta determinar la responsabilidad en la custodia del material sustraído y quienes pudieron ser los autores materiales, aunque la pesquisa aún no halló pruebas contundentes sobre los responsables del robo.
Según precisó el funcionario judicial, el depósito estaba a cargo de la secretaria en lo Penal Lucia Storani.
La causa sería caratulada como “robo ó hurto” y se espera que en las próximas horas se conozcan eventuales imputaciones.
Lega indicó en diálogo con Telediario que “no hay muchas formas de ingreso al Juzgado: la puerta de acceso normal y por el garage”.
“No vemos que haya cerraduras violentadas. Solo pueden acceder al lugar las personas que autoriza el secretario. Como presunción podría haber muchas, pero no podemos adelantar nada”, aseveró.
El fiscal dijo que “hay un horario de atención al público, aunque por horas de la tarde pueden ingresar funcionarios a realizar actividades y hay seguridad las 24 horas”.
Según indicaron altas fuentes de la Justicia Federal en Río Cuarto, el hecho fue advertido cuando intentaban realizar un relevamiento de armas que debían ser enviadas para su destrucción.
Allí comprobaron el posible faltante de “más de 30 armas, entre ellas, pistolas calibre 32, una 9mm y hasta dos escopetas”. Sin embargo, aún se espera el informe final del inventario.
El armamento había sido secuestrado en diversos operativos y se hallaba en una habitación cerrada con llave del edificio en calle Sobremonte al 900.
En el lugar no hay alarmas ni cámaras de seguridad que pudieran registrar movimientos sospechosos.
Los investigadores creen que se trató de un robo hormiga y advirtieron que “la Policía Federal que custodia el edificio no está autorizada a palpar a la gente que ingresa ó se retira de las oficinas”.
El hecho generó preocupación por el volúmen de armas desaparecidas y el destino que podrían tener.
Aseguran que es la primera denuncia en la historia reciente de la entidad judicial en la que se advierte el faltante de armamento.
El hecho significa, además, una fuerte señal de alerta sobre las condiciones de seguridad en el edificio oficial.
Otra fuente indicó que en la causa se intenta precisar cuándo se robaron las armas – a pesar de que el hecho fue advertido la semana pasada-, “para intentar hallar al ó los responsables”.
Preservar las pruebas
El doctor Eduardo Massa, ex secretario de Seguridad Ciudadana y abogado del foro local, manifestó que “estos hechos también afectan las políticas de seguridad” y resaltó que “si la ciudadanía tiene expectativa de la persecución de los delitos, también espera que se preserven las pruebas para juzgar a los individuos”.
“Si se pierden las pruebas pueden perderse los efectos de la investigación. Si además, lo que se pierden son armas, quiere decir que no se están tomando las medidas adecuadas”, sostuvo.
Para Massa, “hay que completar el proceso de seguridad que no se reduce a la persecución del delincuente sino también a la preservación de las pruebas”.
“La seguridad de los espacios tribunalicios y policiales debería hacerse en espacios custodiados. Estos hechos afectan la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones”, opinó.
Por Pablo Callejón (callejonpablo@yahoo.com.ar)
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