El juicio oral al ex presidente Fernando de la Rúa por el supuesto pago de sobornos en el Senado para aprobar una reforma laboral en abril de 2000, llegará a su fin el lunes próximo con el veredicto del Tribunal que lo juzgó durante un año y cuatro meses.
Télam – Para el lunes a las 10 están previstas las «últimas palabras» del ex senador del PJ Ricardo Branda y pasado el mediodía los jueces Miguel Pons, Fernando Ramirez y Guillermo Gordo darán a conocer el veredicto.
Los miembros del tribunal escucharon pedidos de penas de hasta seis años de prisión por parte de la fiscalía y hasta seis años y seis meses de la querellante Oficina Anticorrupción y de absoluciones por parte de los defensores.
Desde el inicio del juicio, el 14 de agosto de 2012, se ventiló el presunto pago de cinco millones de pesos en sobornos con dinero salido de la SIDE para lograr la aprobación de la ley de Reforma Laboral en el Senado en abril de 2000, tras la confesión del ex secretario parlamentario de la Cámara alta Mario Pontaquarto, quien se autoatribuyó el rol de «valijero» en la maniobra.
A lo largo del debate no apareció ningún testigo directo que haya visto el dinero de los sobornos y la única que pudo haber cambiado esta situación, la ex esposa de Pontaquarto Silvina Costalonga, no pudo declarar porque el juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la causa, rechazó sobreseerla y el Tribunal se negó a convocarla.
En los alegatos finales, la fiscal Sabrina Namer pidió seis años para el ex presidente y de Santibañes por «cohecho activo» y para Alasino, Tell y Constanzo por «cohecho pasivo», además de un año y seis meses en suspenso para Pontaquarto y las absoluciones de Branda y Flamarique.
La querellante Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia reclamó seis años y seis meses para De La Rua y De Santibañes; cinco años y medio para los ex senadores Tell Alasino y Branda, un año para Pontaquarto y absolución de Flamarique.
Las defensas de todos los acusados reclamaron la absolución en sus alegatos finales y apuntaron hacia el arrepentido Pontaquarto, cuyo abogado Hugo Wortman Jofre también reclamó que sea absuelto al considerar que en la causa no pudo generarse prueba independiente más allá de sus dichos y pese a que el «arrepentido» ratificó todo en el debate.
Los miembros del tribunal escucharon pedidos de penas de hasta seis años de prisión por parte de la fiscalía y hasta seis años y seis meses de la querellante Oficina Anticorrupción y de absoluciones por parte de los defensores.
Desde el inicio del juicio, el 14 de agosto de 2012, se ventiló el presunto pago de cinco millones de pesos en sobornos con dinero salido de la SIDE para lograr la aprobación de la ley de Reforma Laboral en el Senado en abril de 2000, tras la confesión del ex secretario parlamentario de la Cámara alta Mario Pontaquarto, quien se autoatribuyó el rol de «valijero» en la maniobra.
A lo largo del debate no apareció ningún testigo directo que haya visto el dinero de los sobornos y la única que pudo haber cambiado esta situación, la ex esposa de Pontaquarto Silvina Costalonga, no pudo declarar porque el juez federal Daniel Rafecas, a cargo de la causa, rechazó sobreseerla y el Tribunal se negó a convocarla.
En los alegatos finales, la fiscal Sabrina Namer pidió seis años para el ex presidente y de Santibañes por «cohecho activo» y para Alasino, Tell y Constanzo por «cohecho pasivo», además de un año y seis meses en suspenso para Pontaquarto y las absoluciones de Branda y Flamarique.
La querellante Oficina Anticorrupción del Ministerio de Justicia reclamó seis años y seis meses para De La Rua y De Santibañes; cinco años y medio para los ex senadores Tell Alasino y Branda, un año para Pontaquarto y absolución de Flamarique.
Las defensas de todos los acusados reclamaron la absolución en sus alegatos finales y apuntaron hacia el arrepentido Pontaquarto, cuyo abogado Hugo Wortman Jofre también reclamó que sea absuelto al considerar que en la causa no pudo generarse prueba independiente más allá de sus dichos y pese a que el «arrepentido» ratificó todo en el debate.