Solicitan que se investigue si hubo participación policial “por acción u omisión” en los saqueos producidos tras el acuartelamiento de la fuerza.
Un grupo de abogados cordobeses, pertenecientes al Frente Grande, presentó esta mañana ante la Justicia Federal una denuncia penal contra la policía de la provincia, por los delitos de “sedición, extorsión y asociación ilícita.
La presentación solicita que se investigue a los efectivos policiales tras el acuartelamiento de los días 3 y 4 de diciembre. La modalidad de protesta por mejoras salariales dejó las calles de la ciudad sin seguridad pública, lo que posibilitó que durante esas horas se llevaran a cabo saqueos en comercios de la capital y otros hechos de vandalismo, que dejaron como saldo “personas muertas, centenares de heridos, cuantiosos daños. Lo que ha sido promovido por acción u omisión» sostuvo el abogado Horacio Viqueira.
«Señalamos la conducta de los jefes de los oficiales, por el delito de sedición. Personal policial armado con sus móviles en un acuartelamiento dejó una zona liberada y se lanzó una ola de saqueos provocando personas muertas, centenares de heridos, cuantiosos daños. Lo que ha sido promovido por acción u omisión».
Delito de Sedición
El artículo 22 de la Constitución Nacional consigna que “El pueblo no delibera ni gobierna, sino por medio de sus representantes y autoridades creadas por esta Constitución. Toda fuerza armada o reunión de personas que se atribuya los derechos del pueblo y peticione a nombre de éste, comete el delito de sedición.”
En este sentido, el Código Penal detalla en su artículo 229 que «Serán reprimidos con prisión de uno a seis años, los que, sin rebelarse contra el gobierno nacional, armaren una provincia contra otra, se alzaren en armas para cambiar la Constitución local, deponer alguno de los poderes públicos de una provincia o territorio federal, arrancarle alguna medida o concesión o impedir, aunque sea temporalmente, el libre ejercicio de sus facultades legales o su formación o renovación en los términos y formas establecidas en la ley».
El delito de sedición prevé una condena de uno a cuatro años de prisión.
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