El Observatorio de Prácticas de Derechos Humanos de la UNC infirió en ese proceso «aspectos controvertibles y errores de orden técnicos y administrativos».
Observatorios de tres universidades cordobesas manifestaron sus críticas y reproches al proceso administrativo para permitir la instalación de una planta de secado de maíz de la empresa en Malvinas Argentinas, a 12 kilómetros de la capital provincial.
El Observatorio de Prácticas de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) infirió «de las actuaciones y omisiones estatales» en ese proceso «aspectos controvertibles y errores de orden técnicos y administrativos».
El proyecto, rechazado por entidades ambientalistas y vecinos, requiere «evaluación de impacto ambiental previa a su ejecución» y debe ser tomado en su conjunto, pues el «desdoblamiento», aceptado por la Secretaría de Ambiente «mediante evaluaciones parciales», lleva a «una segmentación de sucesivos informes meramente declarativos y parciales, que no se condicen con ninguna regla técnica ni jurídica».
Por la trascendencia socioeconómica del proyecto, la UNC estimó fundamental la participación de los pobladores, que exigen realizar una consulta popular al respecto.
Sin estudio de impacto ambiental y participación pública, la autorización para realizar la obra constituye «un vicio esencial en el proceso de formación del acto administrativo», señalaron.
Para el Centro de Bioética de la Universidad Católica de Córdoba (UCC), «es necesaria la licencia y el consenso social para llevar adelante cualquier emprendimiento que afecte la vida y la salud de las personas y del ambiente».
«Los pobladores de Malvinas no quieren una planta de Monsanto, tienen sus razones y quieren ser consultados», expusieron en un documento.
«Hoy vemos enfrentadas a las víctimas con los que reclaman su derecho a trabajar (en la planta), todos ciudadanos, todos con su legitimidad. Y las consecuencias de estos conflictos son siempre graves e impredecibles», expresaron Mónica Heinzmann, Diego Fonti, José Alessio y Juan Carlos Stauber.
También lamentaron que «los poderes públicos, los representantes del pueblo y la Justicia (cordobesa) no hayan podido dar respuestas a estos reclamos», y agregaron que «la ambigüedad de los fallos judiciales condujo inevitablemente a esta conflictividad». «Así, se sigue adelante con una iniciativa que no tiene licencia social, no tiene la aprobación de los vecinos y está, por lo tanto, condenada a la disputa y al fracaso», concluyeron.
Y el Observatorio de Conflictos Socioambientales de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) planteó «por qué no está como antecedente» en el informe del aviso de proyecto «la factibilidad de ubicación», teniendo en cuenta que el predio se ubica a «menos de 5 kilómetros del área urbana» de la localidad.
Desde el 18 de septiembre último, la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida, Madres de Barrio Ituzaingó, autoconvocados y entidades sociales acampan en inmediaciones del predio y bloquean el paso de camiones con materiales para construir la secadora de semillas de maíz más grande del mundo.
La planta es similar a la establecida en Rojas (Buenos Aires) y se construye en un predio de 27 hectáreas ubicado sobre la ruta provincial A 188.
Según afirmó Monsanto, se trata de la primera etapa de una obra que en total contempla una inversión de 1.600 millones de pesos y la creación de 400 puestos de trabajo, que se triplicarán en época de campaña de ese grano.