El policía apareció muerto de un disparo. El fiscal federal Enrique Senestrari aseguró que todos los días llega información que confirma «la gravedad» de lo sucedido.
La familia del oficial principal Juan Antonio Alós se constituyó en querellante en la causa en la que se investiga su fallecimiento y para el abogado Eduardo Marshall «no está determinado cuál es la causa de la muerte».
El desenlace fatal de Alós se produjo en medio del escándalo por presuntos vínculos entre la Policía y narcos.
Marshall dijo en diálogo con la radio Cadena 3 que quiere que el fiscal Drazile «continúe» con la investigación hasta las conclusiones finales y que luego sí se haga cargo la Justicia Federal.
Sobre los dichos del fiscal Emilio Drazile que deslizó la hipótesis del suicidio, el abogado consideró que esa apreciación fue dicha de forma «aventurada» y en un «principio de la investigación».
Consultado sobre las presunciones de la familia sobre si se trató de un suicidio o de un homicidio, Marschall señaló: «Para la familia fue una gran sorpresa la muerte de Juan Antonio».
«Juan Antonio tenía la congoja natural por la muerte de su padre que había fallecido hace dos meses. Pero, la familia no entiende por qué pudo haber pasado y cuáles son las razones», agregó.
«Esto es cierto»
El fiscal federal Enrique Senestrari, que inició la investigación por la que están detenidos altos jefes de la Policía cordobesa supuestamente vinculados con una red de narcotráfico, aseguró que todos los días llega información que confirma «la gravedad» de lo sucedido.
«Todos los días sigue llegando información que corrobora que esto es cierto y es un hecho muy grave», aseguró a la prensa el funcionario, quien precisó que «si las pruebas así lo indican, podría haber nuevas imputaciones en la causa».
Por otra parte, Senestrari confirmó que el juez federal Ricardo Bustos Fierro, solicitó hoy a la Justicia provincial que «se inhiba de seguir interviniendo» en la causa en la que se investiga el supuesto suicidio del agente Juan Alós, que también había sido mencionado en la causa de los «narcopolicías».
«El pedido de inhibición (de la Justicia provincial) conlleva la solicitud de que se remita la causa a la Justicia Federal, para que se la acumule a la investigación (en marcha)», manifestó el fiscal.
Senestrari precisó que, si la Justicia provincial reafirmara su competencia en la causa vinculada con Alós, que también reclama la Justicia Federal, se plantearía una incidencia que, procesalmente, debería ser resuelta «por la Corte Suprema de Justicia de la Nación», que tendría que decidir quién debe intervenir.
Por su parte, esta mañana la fiscal General de la Provincia, María Marta Cáceres de Bolatti, ratificó que el fiscal «Emilio Drazile actúa en el marco absoluto de la competencia que le fijan las leyes y no lo hace solo».
«Desde el primer momento, lo hizo con la Policía Judicial, que cuenta con una Policía Científica reconocida, a la que, incluso, acuden la misma Justicia Federal de Córdoba y las de otras provincias», enfatizó la procuradora General.
Hasta el momento, los detenidos son el exjefe de la Dirección de Drogas Peligrosas, comisario mayor Rafael Sosa; el comisario Alfredo Saine; el oficial inspector Franco Argüello; el sargento Fabián César Peralta Dáttoli y el suboficial Mario Osorio.
Por pedido del fiscal federal Senestrari, la semana pasada, el juez federal Bustos Fierro ordenó una serie de allanamientos en domicilios de los efectivos policiales y dependencias de la Central de Policía, mientras que, paralelamente, había emitido la orden de detención para los involucrados.
La presunta vinculación de policías cordobeses con el negocio del narcotráfico se conoció hace dos semanas por intermedio del testimonio del `colaborador encubierto´ policial, Juan Francisco `el francés´ Viarnes, ofrecido al programa ADN de los Servicios de Radio y Televisión (SRT) de la UNC.
El testimonio de Viarnes motivó al fiscal Senestrari a acelerar los pasos de la investigación, que ya estaba en marcha desde tiempo atrás.
Viarnes, en calidad de «arrepentido», dio su testimonio ante las cámaras de televisión y manifestó que jefes policiales de la lucha contra la droga tenían vínculos con narcotraficantes, quienes pasarían información a cambio de ser retribuidos con parte de los estupefacientes secuestrados en operativos antidrogas.
Los efectivos policiales fueron licenciados a partir de la denuncia que tomó estado público, en tanto otro de los mencionados, el oficial principal Alós, de 34 años, fue encontrado muerto con un balazo en la cabeza en el interior de su vehículo en las cercanías de Bosque Alegre, en la zona de Alta Gracia.
En el marco de la investigación que se abrió por lo sucedido con Alós, el fiscal de Alta Grazia, Emilio Drazile, aseguró que se trataría de un suicidio.
Ahora, la Justicia Federal pide la acumulación de la causa abierta por lo ocurrido con Alós a la investigación en marcha por el supuesto vínculo de altos mandos policiales provinciales con el narcotráfico.
Marcha
Con pancartas y carteles que propiciaban «De la Sota nunca más», los manifestantes se concentraron en las inmediaciones de la ex Plaza Vélez Sársfield, ubicada frente al shopping Patio Olmos, lo que ocasionó inconvenientes en el tránsito en esa céntrica zona de la capital cordobesa.
Los manifestantes se autoconvocaron para «repudiar las políticas de represión, criminalización y despojo que se vienen impulsando desde el gobierno, que hoy se encuentra en jaque por denuncias e imputaciones sobre policías por narcotráfico», de acuerdo con el documento bajo el cual se hizo la marcha.
Entre las consignas de la convocatoria figuraban el rechazo a «los narcopolicías enquistados en las cúpulas de esa institución», y contra «los desvíos de dinero en el Plan Provincial de Manejo del Fuego y los desalojos ilegales».
«Ningún pibe nace chorro», decían algunos de los carteles que los manifestantes, principalmente los jóvenes, utilizaron para cuestionar «la criminilización de la protesta» y para exigir la «la derogación del Código de Faltas», por considerar que sirve como herramienta para «criminalizar la pobreza».
Asimismo, otros de los reclamos fueron el esclarecimiento de los casos de «desaparecidos en democracia en Córdoba» (como Facundo Rivera Alegre y Yamila Cuello), así como las críticas contra los desmontes de bosques nativos y la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas, a 14 kilómetros de la capital cordobesa.
Durante la marcha, de la que también participaron militantes de partidos de izquierda y del kirchnerismo, fueron leídas consignas como: «decí basta si no te gusta que la Policía te robe, venda droga o te mate; si no te gusta que el gobierno te queme, por acción o inacción, 40 mil hectáreas, y si no te gusta que aparezca gente muerta en el río (Suquía), detrás de la Casa de Gobierno».
Otra consigna rezaba: «si no te gusta que se `suiciden` los policías implicados en el narcotráfico, si no te gusta que el gobierno apoye a sus narcofuncionarios, si no te gusta que amenacen a los periodistas independientes y si no te gusta el gatillo fácil».