El acuerdo entre el municipio y los tres abogados debe ser aprobado por el Concejo. Sin embargo, Fernández Sardina realiza trabajos con uno de los letrados beneficiados. El PJ evalúa la situación.
En medio de la polémica por la contratación de abogados cordobeses para avanzar en el cobro de la sobretasa a las empresas que se niegan a implementar la medida, se pudo confirmar que el subsecretario Legal y Técnica, Ignacio Fernandez Sardina, trabaja habitualmente junto a uno de los letrados que podrían ser beneficiados por el municipio.
El acuerdo entre el municipio y los abogados Jorge Horacio Gentile, Gustavo De Guernica y Rodrigo Sánchez Brigido, debe ser aprobado por el Concejo Deliberante.
Sin embargo, el Justicialismo evalúa la situación y podría solicitar un pedido de informes por los vínculos entre Fernández Sardina y el estudio Gentile – Saravia.
El funcionario municipal aclaró que el convenio que impulsa el municipio no es con el estudio cordobés sino con uno de sus dueños, aunque la situación genera dudas.
Los recursos en juego se multiplican en miles de pesos, debido a que los abogados cobrarían un 6 por ciento de los recursos que pudiera recaudar el municipio por las situaciones judicializadas.
Además, Gentile ya había sido contratado para emitir un dictamen en favor de las sobretasas.
Esta mañana, el intendente Juan Jure defendió la incorporación de los abogados para el cobro de los fondos que las empresas deben recaudar por la sobretasa.
Jure dijo que se trata de “una cuestión fundamental” por lo que llevarán la situación “hasta las últimas consecuencias”.
Por su parte Guillermo Natali, edil de Unión por Córdoba, mostró un claro desacuerdo con el proyecto del Ejecutivo municipal que busca contratar estudio de abogados para que las empresas paguen lo correspondiente a las sobretasas.
Natali aseguró en diálogo con FM Gospel que siempre se manifestaron en contra del cobro de este impuesto por considerarlo “inconstitucional”.
Además señaló que su bloque había advertido que iba a ser complejo recaudar con este mecanismo.
Al mismo tiempo, dijo que este estudio se estará llevando unos 600 mil pesos de los riocuartenses a sus arcas.
Natali definió de “poco ética” la situación porque este grupo de letrados había dado un dictamen a favor de la normativa tributaria.