Muñóz dijo que no hay elementos para sobreser ni llevar a juicio a los imputados.
El juez de Control Daniel Muñóz resolvió esta mañana que el fiscal de Instrucción Walter Guzmán debe profundizar la investigación en la causa por los mayores costos de Gamsur, donde están imputados los empresarios Alcides Capello y Juan Carlos Masoero.
Según anticipó a TD Digital, el doctor Jorge Valverde, Muñóz “hizo lugar a la oposición de la defensa y pidió que el expediente vuelva a la fiscalía para que se profundice la investigación”.
“Para el juez de Control, no existen elementos de convicción suficientes para sobreseer ni para elevar a juicio”, precisó el abogado.
En el fallo, Muñóz consideró que “corresponde devolver la causa por ausencia de agotamiento de investigación para que se diluciden el conjunto de circunstancias vinculadas con el delito, tal como surgen de las motivaciones desplegadas por los letrados y que constituyen el interés que legitima la defensa en función de la garantía a los derechos acordados a los imputados en el proceso”
En relación al planteo de prescripción de la causa, Valverde sostuvo que “en la resolución no hay una posición al respecto”
“De todos modos, se puede presumir que para el juez de Control no está prescripto porque pide continuar la instrucción”, señaló.
Valverde había señalado que “está prescripta la causa porque transcurrió el máximo de la pena que define el delito, es decir, 3 años”
El abogado consideró que “nunca hubo delito porque la empresa hizo una propuesta de mayores de costos para que la evalúe el municipio, haciéndola conocer por anticipación y debía decidir el Ejecutivo”.
Además, sostuvo que las partes no pudieron acceder a los informes periciales y para Muñóz”
«Habrá sobreseimiento»
El doctor Julio Alonso, abogado de Masoero, consideró que «se debería haber agotado la vía administrativa y solo en ese caso, dar lugar a la Justicia».
«Si uno analiza el momento histórico en el que comenzó este proceso judicial, y teniendo en cuenta las circunstancias posteriores, se puede inferir que el pedido de mayores costos no fue exagerado», opinó.
Para el abogado, «si Economía consideraba que la propuesta del directorio de Gamsur era elevada, simplemente no la aprobaba».
«Sin embargo, en el medio se presentó una denuncia penal que generó está investigación. En su momento, dijimos que era un delito imposible porque el directorio solo preparó una propuesta, pero no podía definir nada», aseveró.
El hecho
La polémica se desató en 2009, cuando los socios privados de la mixta intentaron cobrar 12,2 millones de pesos por los mayores costos. El entonces secretario de Economía Guillermo Mana frenó el pedido y concluyó en que la cifra debía reducirse a 7,5 millones de pesos.
La discusión se produjo en medio de una crisis estructural de la empresa, que finalmente pasó a manos del municipio en más del 90 por ciento.
En la elevación a juicio, el fiscal sostiene que una serie de actitudes de los empresarios hace sospechar que existió la intención de defraudar al Estado.