«Cuando la beba ingresó al Hospital, al personal médico le llamó la atención que presentaba fracturas en sus antebrazos. Allí hay un comité de maltrato y abuso de infantil que realizó la denuncia», dijo el fiscal, en respuesta al Obervsatorio de DDHH.
Tras las duras críticas del Observatorio de Derechos Humanos por la actuación de la Justicia en la detención de Yohana Devia, el fiscal Julio Rivero lamentó que el organismo «haya debutado con este tema porque consideramos que no hemos criminalizado la pobreza»
«Cuando tomamos conocimiento que había ingresado la beba al Hospital en grave estado de salud, con alto de riesgo de perder su vida, al personal médico le llamó la atención que presentaba fracturas en sus antebrazos. Allí hay un comité de maltrato y abuso de infantil que realizó la denuncia», recordó el fiscal en declaraciones a FM Gospel.
Añadió que «para criterio de la fiscalía, había que asegurar la prueba y se ordenó la detención de la mamá biológica de la beba y de la abuela».
Rivero manifestó que «no se advirtió que se puedan haber violado derechos humanos»
«Incluso en la resolución para que Yohana recupere la libertad decimos que la vida de la joven transcurre «entre el aislamiento cultural, el desamparo y la marginalidad”
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El Observatorio de Derechos Humanos repudió la detención de Yohana Devia, la joven mamá acusada de homicidio por la muerte de su hija de 3 meses.
A través de un comunicado manifestaron su “preocupación ante la actuación de la Fiscalía de Instrucción y Familia de 4ª Nominación de esta ciudad, que dictaminó la privación de la libertad de la madre”.
“Al dolor de la pérdida de su beba de cuatro meses, esta joven madre debe enfrentar una instrucción penal aparentemente inspirada en prejuicios sociales y de género. Llama la atención en este sentido que, pese a haberse comprobado por pericias médicas que la beba no habría sido objeto de violencia familiar, el fiscal haya ratificado la prisión preventiva de la humilde mujer”, señalaron.
Añadieron que “este Observatorio considera de gravedad institucional que un fiscal criminalice la pobreza en base a prejuicios de clase y representaciones sociales”.
“Entendemos que mantener la privación de la libertad de una madre que concurrió voluntariamente al hospital público para que atendieran a su beba una vez que las pericias médicas demostraron la inexistencia de malos tratos supone una doble condena (judicial y social) que revictimiza a una persona en evidente situación de vulnerabilidad social”, subrayaron desde el Observatorio.
Para las organizaciones de Derechos Humanos, “el empleo del poder de coacción que otorga la Constitución Provincial al Ministerio Público Fiscal, ejercido en forma arbitraria y en base a prejuicios sociales, supone una clara violación al ejercicio pleno de los derechos humanos y al precepto constitucional de igualdad ante la ley”.
“Desde el Observatorio de Derechos Humanos de la UNRC instamos a las instituciones públicas que tienen por objeto la salvaguarda de la niñez y de las personas en situación de vulnerabilidad social a intervenir con urgencia para evitar la revictimización de una madre que, además de haber sufrido el dolor de la pérdida de un hijo, ha sido obligada por la Justicia a realizar su duelo en prisión”, subrayaron.
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