Calificó al ex presidente Menem como el «instigador». «Las pruebas colectadas en esta causa, permiten claramente inferir, que eran producto de decisiones adoptadas desde el poder central», indicó el juez.
El juez Federal Carlos Ochoa dictó el procesamiento del ex presidente Carlos Menem por estrago doloso agravado por muerte de personas, en la causa que investiga las trágicas explosiones en la Fábrica Militar de Río Tercero.
Los fiscales habían solicitado el procesamiento de Menem, luego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación anulara el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal a favor del cierre de la causa.
El juez Ochoa elevó a juicio la causa por las explosiones de 1995 y son cinco los procesados por estrago doloso agravado por muerte de siete personas: los militares retirados Carlos Franke, Edberto González de la Vega, Jorge Cornejo Torino y Marcelo Gatto y el ex subinterventor de la Dirección de Fabricaciones Militares Norberto Emanuel.
«Las pruebas colectadas en esta causa, permiten claramente inferir, por existir un hilo conductor, que lo que ocurriera antes y, especialmente con la explosión, eran producto de decisiones adoptadas desde el poder central, desde donde se impartieron las órdenes del acto criminal», indicó el juez.
Para Ochoa, «las decisiones de lo que se llevara a cabo en Río Tercero, eran tomadas por los funcionarios que tenían bajo su órbita el manejo de la Fábrica Militar y de todos aquellos que pudieren resultar responsables por el contrabando de armas que a la fecha del estrago llevaba apenas unos meses de investigación».
«No puede, a esta altura de los acontecimientos negarse que la maniobra de la venta ilegal de material bélico no concluyó con el contrabando que ha sido debidamente probado, sino que, precisamente a raíz de haber quedado al descubierto dichas maniobras delictivas, se hubieron llevado a cabo otras actividades que terminaron con la desgraciada explosión de la Fábrica Militar de Río tercero, con el espurio objeto de borrar cualquier rastro que pudiera vincular a ningún funcionario con el mentado contrabando», afirmó.
Para Ochoa, «otro dato no menor es que se acreditó en aquella causa y también en ésta que Menem mantuvo en su cargo al Interventor de la DGFM Luis Sarlenga ante la tentativa de remoción por parte del Ministro de Defensa Héctor Oscar Camilión designado el 5/4/93 en reemplazo del saliente Erman González, conforme se desprende de los dichos vertidos por el propio exinterventor de la DGFM».
«La orden de eliminar todo tipo de prueba incriminatoria, habría bajado por los canales pertinentes a quienes integraban la D.G.F.M. y del mismo modo a la rígida formación militar y a quienes ocuparan cargos en la misma y F.M.R.T., cuyos miembros se debían al poder político del presidente», aseveró.
El juez sostuvo que «la Fábrica Militar de Río Tercero, tuvo un rol protagónico en el tráfico ilegal de armas, municiones y pólvora en la argentina, entre los años 1991 y 1995; ello conforme a la amplia prueba receptada en oportunidad de investigar la causa; la que determina que operó como centro de almacenamiento y distribución de pertrechos que salieron clandestinamente del país rumbo a Ecuador y Croacia».
«La flexibilidad absoluta de controles, especialmente el día y hora del suceso (03-11-95), el ingreso de material bélico que se camuflaba con pintadas de otros países y el faltante de material bélico que se ha visto corroborado con pericias técnicas, los movimientos de vehículos que ingresaban y egresaban sin especificación de destinos, cargas y descargas de material sin el debido registro contable, demuestran acabadamente que el centro operativo de maniobras ilegales de tráfico, era la F.M.R.T», puntualizó.
Agregó que «partieron innumerable cantidad de camiones con contenedores cuyo destino final era el puerto de Buenos Aires, circunstancia no desconocida por la Dirección General de Fabricaciones Militares, especialmente por los encargados de Producción Militar y Comercialización, Coroneles Franke y González de la Vega. Circunstancias estas que por su trascendencia en modo alguno eran desconocidas por el poder político de turno, encabezado en esa época por el imputado Menem».
«Directa intervención»
La querella también pidió a la Justicia que procese al ex presidente Carlos Menem porque se demostró su “directa intervención en los ilícitos” que se intentaron ocultar con ese hecho.
Según el escrito presentado ante el juzgado federal de Río Cuarto, está demostrado que la voladura que causó 7 muertes y más de tres centenares de heridos, además de cuantiosos daños materiales, fue provocada para ocultar el faltante de armas producto del tráfico ilegal a Croacia y Ecuador, una causa en la que Menem fue a juicio oral y fue condenado por la Cámara Federal de Casación tras ser absuelto en el proceso.
“El ex presidente tuvo directa intervención en los ilícitos cuyo ocultamiento fue el motivo deliberado de la explosión”, argumentó el abogado Horacio Viqueira, quien representa a la familia de la fallecida Ana Gritti, la que llevó delante la causa luego de que su marido murió de un infarto mientras ayudaba a evacuar la escuela donde daba clases.
“Partimos de la plataforma fáctica que la explosión deliberada de la Fábrica Militar Río Tercero (FMRT) tuvo como finalidad el ocultamiento deliberado de las ventas con destino ilegal de material bélico”, agregó el escrito.
Menem tiene falta de mérito en el caso, pero esta situación podría cambiar tras la condena por el tráfico de armas.
“La clara y contundente acusación radica en que la explosión premeditada de barriles de trotyl ocurrida en la planta de Carga de la FMRT, la cual generó la posterior explosión de otras dependencias, fue realizada con el único
propósito de ocultar un faltante de armas y municiones, las cuales, como ha quedado probado, fueron vendidas a Croacia y Ecuador con la central participación de quien fuera en ese entonces Presidente de la Nación”, se afirmó en el escrito difundido hoy.
Lo ocurrido en Río Tercero sólo pudo pasar “por la decisión de la máxima autoridad del Poder Ejecutivo Nacional”, se señaló.