Marijuán manifestó su “enorme sorpresa y desagrado” por el contenido del requerimiento firmado hace días por los integrantes de la nueva Procuraduría sobre lavado de dinero (PROCELAC) Carlos Gonella y Omar Orsi.
El fiscal federal Guilllermo Marijuán imputó a al empresario kirchnerista Lázaro Báez por el delito de lavado de dinero. De este modo rectificó la imputación anterior que había sido monitoreada por al jefa de los fiscales, la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó.
Entre los imputados también están Marín Báez, uno de los hijos del empresario, el contador Daniel Pérez Gadín y Fabíán Rossi, esposo de Iliana Calabró.
Marijuán, con inusitada dureza para un escrito judicial, manifestó su “enorme sorpresa y desagrado” por el contenido del requerimiento firmado hace días por los integrantes de la nueva Procuraduría sobre lavado de dinero (PROCELAC) Carlos Gonella y Omar Orsi.
El fiscal señaló: «Como decía y agrego, no logro comprender esta particular visión de una causa penal donde se tiene a la vista numerosas denuncias de todo tipo y color, programas televisivos de investigación, cámaras ocultas, etc, e, igualmente se hace un requerimiento limitado sólo a unos pocos reportes de operaciones sospechosas –ROS- que en modo alguno abarcan los sucesos denunciados en su totalidad”.
Los fiscales a la orden de Gils Carbó sacaron a Báez del requerimiento inicial y apuntaron sólo a Leonardo Fariña y Federico Elaskar. Y por eso Marijuán corrigió esa situación. Y siguió con las críticas a la PROCELAC.
En el requerimiento al que accedió Infobae, el fiscal dijo que “parece que las reuniones y cursos en el exterior de estos funcionarios, supuestamente especializados en el tema del lavado de dinero, no han resultado suficiente todavía para ilustrarlos sobre lo que es una pesquisa de esta naturaleza».
«Espero igual que este no sea el destino de las causas que estén bajo su órbita si acceden, alguna vez, a la magistratura pues, es obvio que el horizonte de un fiscal es centrar su atención sobre todos los hechos denunciados y no parcializar la investigación, vaya a saber con qué propósito. En todo caso esto último, quizás sea una estrategia válida o adecuada para un defensor particular u oficial, pero no para un fiscal, que representa los intereses de la sociedad toda en pos de esclarecer los sucesos presuntamente delictuales”, continuó.
El fiscal también deslizó críticas a la Unidad de Información Financiera (UIF) que encabeza José Sbatella cuando se refirió a los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que hacen las entidades financieras cuando detectan transacciones irregulares.
“No quiero dejar de expresar también mi profundo malestar-dijo Marijuán- por advertir que los Reportes de Operaciones Sospechosas –ROS- son judicializados cuando ya el suceso es de público conocimiento por difusión mediática y o de cualquier otro tipo, todo lo cual, obviamente, conspira con el éxito de cualquier investigación. Lo correcto hubiese sido en este o cualquier caso penal estar por delante de las noticias con un adecuado secreto de sumario, procurando las pruebas que cualquier fiscal, juez o investigador, necesita para avanzar en una pesquisa”, señaló.
Además de imputar a Báez y criticar la intervención en su fiscalía, Marijuán pidió 25 medidas de prueba para que el juez Sebastián Casanello las realice a la brevedad.