El juicio volvió a dividir a los docentes, entre quienes esperan un fallo «ejemplificador» y quienes rechazan la querella. Hairabedian opinó en su alegato que “los responsables directos no están en el banquillo de los acusados”.
Mañana se conocerá en los Tribunales Federales 2, el veredicto en el juicio por las explosiones en la Universidad, donde fallecieron 5 docentes y un alumno.
En la Universidad crece la expectativa sobre la sentencia de los magistrados, que podrían incluir penas de cumplimiento efectivo.
La sesión fue oficializada para las 9,30 de la mañana. Así lo confirmó a TD Digital el doctor Jorge Valverde.
El proceso volvió a fragmentar al claustro docente de la Universidad, entre quienes esperan un fallo «ejemplificador» y quienes rechazan la querella.
El fiscal Maximiliano Hairabedian había pedido durante su alegato tres años de prisión efectiva para el ex vicedecano de la Facultad de Ingeniería, Carlos Bortis, a quien acusó de ser el máximo responsable entre los procesados.
Hairabedian ratificó la imputación para Bortis por estrago culposo seguido de muerte y pidió que se tenga en cuenta la multiplicidad de víctimas.
“Es un hecho extremadamente grave. En el mejor de los casos, si no sabía nada, era un irresponsable completo. Como agravantes surgen su formación profesional y el ocultamiento institucional. A favor se puede advertir que no pudo probarse con exactitud que haya sabido cada detalle del experimento -por ejemplo, la cantidad del hexano- y que él era parte de una falla sistémica”.
Por su parte, el fiscal solicitó 3 años de prisión de ejecución condicional para Sergio Antonelli y José Luis Pinzini, quienes integraban la comisión de seguridad.
En relación a Miriam Ferrari, directora del Departamento de Ingeniería Química, pidió 2 años de cárcel en suspenso y para la vicedirectora, Edith Ducrós, 1 año y 6 meses de prisión en suspenso.
Finalmente, Hairabedián solicitó la absolución de Liliana Ruetsch, única sobreviviente del grupo GIDPO.
“No están en el banquillo”
Hairabedian opinó en su alegato que “los responsables directos y mas importantes no están en el banquillo de los acusados”.
“Probablemente el mayor responsable es (Miguel) Mattea, aunque para muchos es una especie de Dios. También la empresa, que ni siquiera firmó ese convenio leonino para la Universidad. Ese convenio fue escandaloso”, sentenció.
El funcionario judicial sostuvo que “los acusados presentes tienen una responsabilidad menor que Mattea y la empresa, pero también son responsables”.
“Bortis quiso echarle toda la culpa a Mattea, pero el muerto no puede defenderse. El ingeniero Bortis asumió una posición institucional, doblemente incidente por ser el presidente de la Fundación que firmo el convenio vergonzoso y que luego intento ocultarlo, y fue quien inició el trámite para que este experimento sucediera. Entiendo que le dio el visto bueno”, sostuvo.
El fiscal añadió que el procesado “era vicedecano desde hacía mucho tiempo y todas las fallas que sucedían en la facultad de Ingeniería no pueden ser ajenas al decano, que trabajaba enfrente”.
“Bortis dice que no sabe nada, ni el convenio que firmó, ni el protocolo, ni que podría haber empezado el experimento. Al punto tal que después de los hechos dio una conferencia de prensa y dijo que no sabía nada”, ironizó.
El fiscal manifestó que “no es cierto que la Fundación de la Universidad tenía un mero rol administrativo e intermediario”
“El convenio no era muy extenso y debió tener tiempo de leerlo. Decía que la ejecutora del trabajo era la Fundación. Incluso, en la cláusula del 8, la Fundación se comprometía a guardar secreto de lo que se iba a hacer. Nadie guarda un secreto de algo que desconoce”, argumentó.
Para Hairabedian, “Bortis borra con las palabras lo que firmó con la mano” y enfatizó en que “era imposible que Mattea trabajara a espaldas de los funcionarios”.
“Hicieron todo en forma pública para la Universidad, no trabajaban ocultos. No fue una actividad clandestina. Metieron una empresa privada, metieron material, había personas extrañas en un lugar al frente de las narices del Departamento Química. Introdujeron 13 tambores de 200 litros de hexano y trabajaron mucho tiempo en el lugar”, describió.
El fiscal opinó que “esta era un práctica habitual en la Facultad, para ganarle a los tiempos de la burocracia y comenzar un trabajo antes de estar concluido el trámite”.
“Institucionalmente trataron de hacer creer que era toda una locura de Mattea y que la Universidad no tenía que ver. La Universidad en conjunto quiso ocultar el convenio”, aseveró.
En relación a la responsabilidad de Ducrós y Ferrari, Hairabedián evaluó que “pese al intento de algunos docentes de proteger a las directoras del Departamento, ellas tenían una responsabilidad funcional y debían cumplir normas”.
Al fundamentar la acusación para Pinzini y Antonelli, el fiscal expresó que “los especialistas que se habían contratado no debían suplir a la comisión de seguridad, sino que fueron convocados para asesorar”.
“No debían hacer un plan. El relevamiento de la Planta Piloto era responsabilidad de la comisión con Antonelli, en representación de Ingenieria, y Pinzini, por toda la universidad. Sin embargo, era una comisión fantasma, que no cumplía ni en los detalles más mínimos”, indicó.