Pinzini, Ferrari, Antonelli y Ducrós recibieron penas en suspenso. Ruetsch fue absuelta.
Carlos Bortis escuchó con un gesto parco, casi inmutable, el veredicto del Tribunal Federal 2 que lo condenaba a 3 años y 6 meses de prisión. El ex vicedecano y ex presidente de la Fundación de la Universidad, fue el único de los 6 imputados que recibió una pena de cumplimiento efectivo, aunque esperará en libertad el resultado de un largo proceso de apelaciones que llegaría a la Corte Suprema de Justicia.
El tribunal integrado por los jueces José Fabián Asís, Carlos Julio Lascano y José Vicente Muscará determinó, además, una pena de 2 años y 6 meses de prisión en suspenso para José Luis Pinzini, integrante de la Comisión de Seguridad; 2 años y 6 meses para Miriam Ferrari, directora del Departamento de Ingeniería Química; 2 años para Sergio Antonelli y 6 meses Edith Ducrós.
Además, tal como lo solicitó la querella y el fiscal Maximiliano Hairabedian, los jueces ratificaron la absolución de Liliana Ruetsch.
La audiencia comenzó a las 10 de la mañana, cuando la sala ya estaba colmada por más de 20 docentes que llegaron para acompañar y respaldar a la querella sindical. El fiscal pidió la palabra y solicitó que se anule el sobreseimiento de Javier Boretti, empleado de Desmet. La medida permitiría avanzar sobre la cúpula de la firma multinacional que contrató al grupo GIDPO para experimentar con la extracción de hexano.
Ante el pedido de Hairabedian, los jueces decidieron un cuarto intermedio que se extendió hasta las 13,15 horas y que profundizó la tensión que se vivía en el recinto.
A pocos metros de la sala, en el primer piso, otro grupo de docentes que rechazaron el accionar de la querella, esperaban una absolución de los imputados.
La lectura del veredicto por parte del presidente del Tribunal provocó muestras de aprobación de la parte acusatoria y la profunda desazón de familiares y allegados a los procesados, quienes seguían entre lágrimas las palabras del juez.
La sentencia colmó las expectativas de la fiscalía y los abogados del Gremio Docente. No solo determinó con claridad las responsabilidades, según el cargo que ocupaban los imputados, sino que ratificó la necesidad de abrir nuevas instancias de investigación.
El fiscal Hairabedian había sido contundente al señalar que los máximos responsables no estaban sentados en el banquillo de los acusados. La postura incluía a quienes compraron el hexano, lo introdujeron en el campus, impulsaron la experimentación y construyeron la maquinaria que originó las explosiones.
El Tribunal ordenó la nulidad de la prescripción en el sobreseimiento de Boretti y pidió que se inicie una nueva investigación para determinar la presunta culpabilidad de los directores de De Smet, la Aceitera General Deheza y el ex rector Oscar Spada.
Al concluir la audiencia, solo Antonelli habló con los medios y dejó entrever que avanzarán en una apelación del fallo, cuando se conozcan los fundamentos.
El resto de los condenados y la sobreviviente del grupo GIDPO que resultó absuelta, prefirieron un hermético silencio. Durante largos minutos dialogaron frente a la sede judicial, acompañados por sus familiares y hubo un claro malestar en el análisis de los abogados defensores por la contundencia del veredicto.
Se cerró un capítulo fundamental en el proceso judicial a 5 años de la peor tragedia en la historia del campus, que provocó la muerte de 6 personas, y se abren nuevas instancias que podrían derivar en un nuevo juicio, con otros imputados.