Participaron los jueces del Tribunal, abogados e imputados.
Los jueces del Tribunal Federal Número 2 realizaron una inspección ocular en la Planta Piloto de la Universidad, que permanece con ingreso restringido desde que se produjeron las trágicas explosiones.
Los magistrados fueron acompañados por el fiscal Maximiliano Hairabedian, los abogados defensores, representantes de la querella y los seis imputados en la causa.
La pericia le permitirá al Tribunal conocer en detalle cómo eran las condiciones edilicias del lugar.
Inicialmente, los jueces mantuvieron una breve reunión con el rector Marcelo Ruiz y luego recorrieron el interior de la Planta.
El decano de Ingeniería, Pedro Ducanto, manifestó que «después de muchos años volvemos a entrar y es una sensación muy dura».
«Lo que hicimos fue responder a las preguntas que nos hace el Juzgado y los abogados defensores. Es una recorrida general», indicó en diálogo con Telediario.
Ducanto señaló que hubo «entre 3 ó 4 intervenciones en este lugar para conocer in situ las condiciones».
Por su parte, el fiscal Maximiliano Hairabedian consideró que «se confirma la impresión que habíamos obtenido de testimonios y pericias»
«Ante ciertas divergencias que hay en los informes técnicos sobre las causas, la recorrida permite inclinarse sobre una de la hipótesis. La fuga ó pérdida de hexano sería la valida», indicó.
Hairabedian manifestó que «si bien hay abundante prueba que le asigna responsabilidades al doctor Mattea, en los hechos, las circunstancias que haya fallecido hace que no pueda ser perseguido».
Ex Rectores, como testigo
Los ex rectores de la Universidad de Río Cuarto, Alberto Cantero y Oscar Spada, declararon ayer como testigos en el juicio por las explosiones en la Planta Piloto que provocaron la muerte de 6 personas.
Cantero llegó al edificio de los Tribunales Federales Número 2 poco después de las 8,20 de la mañana y 15 minutos más tarde lo hizo Spada, con quien mantuvo un breve diálogo antes del ingreso a la sala de audiencias.
El actual director de Radio y Television Nacional, primer testigo en declarar ante el Tribunal, afirmó que “había un marco de confusión entre las autoridades” cuando ocurrió la tragedia y aseguró que la Institución evitó reconocer la firma de un convenio que formalizaba el trabajo de experimentación del grupo Gidpo.
Cantero recordó que el 5 de diciembre de 2007 se encontraba en Buenos Aires, donde recibió un mensaje de texto en el que le informaban sobre el trágico siniestro.
“Me dijeron que se estaban quemando vivos los compañeros de trabajo. Llamé a Adriana Nazario, entonces Ministra de la Producción, y le comenté que había un accidente muy grave en la Universidad y que necesitábamos el apoyo de aviones sanitarios de la Provincia de Córdoba”, expresó.
El entonces diputado nacional dijo que llegó a la ciudad el 6 de diciembre y se contactó con el rector Spada “para ponerme a disposición”.
“Había un estado de conmoción y confusión tremenda en la comunidad universitaria, y por supuesto en las autoridades. Nos decían que no había ningún marco de convenio que planteara que experimento se estaba haciendo, nadie sabía nada”, afirmó.
Cantero precisó que mantuvo una reunión la tarde del 7 de diciembre con el ingeniero Carlos Bortis, ex decano y procesado en la causa, cuando se hallaban acompañando a familiares de las víctimas. Según manifestó el ex rector, en ese encuentro le preguntó a Bortis “porqué no había un acuerdo firmado”.
“Me dijo que había firmado un protocolo el 30 de octubre, pero que aún no había sido aprobado por el Consejo Superior. Le manifesté que esto lo debía conocer la comunidad y que debía canalizarse la información. Entendía que esto le daría una cobertura institucional a la Universidad y la gente conocería en que se estaba trabajando”, aseveró.
Cantero sostuvo que se dirigió a la Policía Federal para informar sobre el acuerdo rubricado por la experimentación del grupo GIDPO y la firma DESMET.
“El domingo a la mañana -9 de diciembre-, cuando se producía el sepelio de una de las víctimas, me informaron que habían aparecido los convenios y que estaban en manos de la Justicia. Se lo informé al doctor Hugo Abraham y a las familias”, señaló.
Agregó que “la firma de Bortis, como presidente de la Fundación, no podía también firmarse como decano a cargo y esperaba el regreso de Moitre”.
“Hice varias declaraciones públicas porque mientras regía el secreto de sumario no se terminaba de asumir institucionalmente la firma del convenio. Nunca me salí de mis declaraciones de lo que había escrito”, afirmó.
Ante la pregunta del fiscal Maximiliano Hairabedian, ratificó que había emitido un correo electrónico para informar a docentes sobre la rúbrica del protocolo. “En la Radio Universidad dije que todo el mundo se estaba victimizando y expresé mi angustia porque no se terminaba de resolver esto, ni se reconocía que había un convenio. Lo sabían los decanos y lo sabía el Consejo Superior, pero no me convocaron para que yo diera explicaciones, sino que repudiaron mis dichos”, manifestó.
– ¿Por qué cree que no se deba a conocer el convenio? (Preguntó uno de los jueces)
– … La tragedia conmociona a la institución y esto puede generar que los seres humanos racionalicen lo ocurrido en diferente manera. Tengo el convencimiento, pero no lo puedo demostrar… Pero creo que la División Jurídicos recomendó no decir nada. La tragedia superaba cualquier tema jurídico…
“Nunca me dijeron”
A su turno, el ex rector Spada dijo que desconocía lo que ocurría en la Planta Piloto y destacó que el día de la tragedia observó al ex decano Carlos Bortis pero no habló con él.
“Nunca me dijeron cuáles eran las causas de lo sucedido y no conocía que había una empresa ajena a la Universidad trabajando allí. Lo supe a medida que iban avanzando los hechos, uno ó dos días después”, aseveró.
Spada dijo que “en el transcurso del tiempo pude conocer que se había hecho una instalación, que se trabajaba con hexano, que se produjo un derrame y lo demás fue el acontencimiento conocido”.
– ¿Sabe si esta actividad se hizo sin el conocimiento de la Facultad de Ingeniería? –preguntó un juez-
– Lo desconozco
– ¿Es posible hacer una experimentación, con estas cantidades de combustible, sin el conocimiento de las autoridades de la Universidad?
– Cuando son convenios marco llega al Rector ó al Consejo Superior, se hace un informe jurídico, y después viene una etapa con grupos de extensión. Se evalúa el convenio desde el punto de vista estrictamente legal. Se presupone que quienes llevan adelante la investigación son los que conocen el tema. Hay un reconocimiento a los antecedentes que tienen. Hay una tercera vía que son los convenios que se hacían a través de la fundación.
– Insisto, ¿es posible que este experimento se haya realizado a espaldas de la Facultad?
– Siempre se debe informar a las autoridades sobre el convenio y a partir de ese momento se hacen los controles.
– ¿Se puede dar curso a la experimentación sin concluir la administración?
– Estas informalidades pueden darse y asume la responsabilidad quien lleva adelante el proyecto.
Al ser consultado sobre los ingresos de la Universidad y los controles por donde habría ingresado el hexano, Spada dijo que el primer acceso no había un puesto fijo.
Señaló que los guardias debían inspeccionar los vehículos que pertenecen a la Universidad, determinando destino y kilometraje. En relación al resto de los rodados, “el concepto era la libertad de ingreso y participación”.
– ¿Era normal que ingresaran camiones? – le preguntó el abogado Valverde-
– Si había obras, los camiones entraban y salían sin ningún control en particular.
Spada también señaló que el subjefe de Defensa Civil, Rogelio Ferrario, le manifestó que “la planta tenía las condiciones para funcionar con las actividades previstas” y que la comisión de Seguridad de la Universidad no le advirtió sobre presuntas irregularidades.
El rector dijo que recorrió la planta el 15 de noviembre 2007, en el área de Microbiología. “Estuvo en las planta con la ingeniera (Miriam) Martinello y el doctor (Jorge) Anunziata”, formuló.