Opinión
El juicio por la mayor tragedia en la historia del campus reveló que la construcción de la estructura para experimentar con la extracción de aceites se desarrolló durante semanas, en el corazón de la Planta Piloto de Ingeniería. Quienes manipulaban la maquinaria lo hacían en horarios donde cientos de alumnos y docentes actuaban como habituales testigos. Los 13 tambores con 200 litros de hexano cada uno, habían ingresado en un camión de mudanzas pero fueron alojados a la par del obsoleto edificio. Los trabajadores foráneos enviados por la multinacional Desmet, nunca ocultaron su presencia en el lugar, aunque despertaran la curiosidad de propios y extraños. La presunta confidencialidad de la experimentación fue, en realidad, una obscena expresión de lo que muchos pudieron ver. La Planta estalló a las 10 de la mañana, cuando profesores daban clases a sus alumnos, investigadores secaban cereal en estufas de cuarzo y se activaban autoclaves a metros de más de dos mil litros de un combustible altamente inflamable. No hubo autores anónimos, ni acciones engañosas. Trabajaban a la vista de todos.
La reunión convocada por el Departamento de Ingeniería Química el 15 de noviembre de 2007, en la que participaron “entre 9 y 12 docentes”, pudo ser la oportunidad para develar formalmente la magnitud del proyecto y los riesgos que provocaba, pero la sumisa devoción a quienes lideraban la experimentación pudo más que la razonabilidad de los que preveían lo peor. Los ingenieros Raúl Montenegro y Joaquín Orejas pidieron explicaciones que fueron hábilmente eludidas y el encuentro nunca se documentó como un antecedente formal de la preocupación sobre la seguridad en la planta. Solo quedan como registro los correos electrónicos y la memoria que sobrevivió 5 años después.
“El ingeniero Campetelli vio la cantidad de hexano en el lugar y salió aterrado de la planta, a punto tal que esa noche no pudo dormir”, destacó el fiscal Maximiliano Hairabedian en su alegato. El funcionario dijo que “no se trata de evaluar con el diario del lunes”, sino de revelar que la experimentación no fue el resultado de una trama secreta e inaccesible.
El intento de “ocultamiento institucional” –cómo lo definió el propio Hairabedian- sobre el protocolo firmado por el entonces presidente de la Fundación de la Universidad, Carlos Bortis, fue definido como un agravante en la situación judicial del ex decano.
Hairabedian destacó que el protocolo adjudicó “la ejecución” del proyecto a “la Fundación, sin intermediarios”. En la cláusula segunda se indicó que la entidad «experimentará a través del grupo la extracción de aceites y se menciona el hexano, aunque no se precisa la cantidad”. Finalmente, el fiscal citó el artículo 8 en el que Desmet “pedía guardar secreto sobre los trabajos”. “Bortis dice que no sabía nada de nada. Pero, solo se guarda un secreto de algo que se conoce… El texto tiene apenas 3 hojas y con tipografía en tamaño grande, no era tan complejo de leer… Bueno, Bortis firmó esto”, ironizó el funcionario judicial.
Para el fiscal, el imputado podría no conocer la magnitud del proyecto, pero difícilmente podría ignorar lo que describía el acuerdo y la actividad que se desarrollaba “frente a la oficina del decanato”.
Hairabedian sostuvo que “la Planta era un caos” y que existían fallas sistémicas en un laboratorio experimental “donde se incumplían las mínimas medidas de seguridad”. Detalló que se firmaban protocolos “leoninos” con empresas multinacionales y los investigadores podían iniciar acciones sin esperar la burocrática conclusión del trámite. Calificó a la comisión de seguridad como «una entidad fantasma”, incapaz de advertir que habían entrado al predio privado de la Universidad 13 tambores de hexano para ser manipulados a una escala industrial, y recordó que una planta concurrida por expertos con formación académica finalmente estallaba a 30 metros de un jardín de infantes, en el que jugaban un centenar de niños.
Las fallas estructurales de seguridad fueron para el fiscal, «un atenuante». Evaluó que se trataba de falencias históricas que desbordaron a quienes ejercían coyunturalmente los cargos funcionales.
Aunque aclaró que los procesados tienen responsabilidad por lo ocurrido en la tragedia, Hairabedian advirtió que “los responsables directos no están aquí sentados”. Apuntó al director del grupo GIDPO, el fallecido Miguel Mattea, y a los representes de la firma Desmet. El juicio tiene una particularidad: en el banquillo de los acusados no aparecen quienes ingresaron el hexano, quienes lo manipularon, ni la compañia privada que promovió la investigación y construyó la máquina de experimentación.
El procesamiento y la solicitud de condena con prisión efectiva para los funcionarios imputados fragmentó, como era previsible, a la Universidad. Los docentes quedaron inmersos en una disputa entre quienes avalan a la querella gremial y los que advierten un sesgo de traición en la acusación “hacia los compañeros”. Además, si el Tribunal da lugar al pedido de la querella – como prevé el propio fiscal-, el proceso podría abrir una nueva instancia para que se investigue la presunta responsabilidad del ex rector Oscar Spada.
El juicio que se desarrolla en los Tribunales Federales reveló cómo ocurrieron los hechos y las fragilidades del sistema de seguridad en la Universidad, aunque no podrá alcanzar una sensación unánime de Justicia. La memoria colectiva por las víctimas y el desarraigo de la confianza sobre un ámbito académico que parecía inexpugnable, dejaron mucho antes su veredicto.
Por Pablo Callejón (callejonpablo@yahoo.com.ar)
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