Diario del Juicio – El veredicto de la memoria
A las 10 de la mañana del 5 de diciembre de 2007 un centenar de niños jugaban en la guardería universitaria, a poco más de 20 metros de la planta de experimentación. Eran los hijos de docentes y trabajadores universitarios que cumplían las últimas jornadas laborales previas al receso académico. El día se expresaba caluroso, aunque no sofocante, y miles de jóvenes recorrían desde muy temprano el campus.
Quienes arribaron minutos después a la Universidad, recuerdan las densas columnas de humo que bordeaban el cielo universitario y se expandían hacia la ruta 8, afectando la visibilidad. Las sirenas de ambulancias, autobombas y móviles policiales se confundían hasta confluir en un bullicio estremecedor. El vértigo daba lugar al desconcierto entre corridas de quienes se acercaban ó escapaban del infierno. Los testigos brindaron versiones disímiles sobre el número de explosiones y la visibilidad del caos solo aportaba dudas y estupor.
En el Hospital se montó un operativo de emergencias que buscaba anticiparse a una tragedia, todavía de magnitud imprevisible. El playón de acceso a la guardia sobre calle Rosario de Santa Fe se colmó rápidamente de familiares y allegados. Entre quienes aguardaban noticias médicas también se hallaban milagrosos sobrevivientes. Ni siquiera ellos podían argumentar las causas de la tragedia.
En la Planta Piloto las llamas se expandieron por los mismos ventanales que servían de escape. Las escaleras aparecían desbordadas y algunas personas se lanzaban desde el primer piso, sin más prevenciones que la propia lógica de supervivencia. El cerco fijado por rescatistas y personal universitario solo permitía encerrar el caos. Los curiosos observaban absortos el desenlace dantesco. La muerte había dispuesto del tiempo y del espacio.
Tres semanas antes del siniestro, docentes se reunieron en el Departamento de Ingeniería Química para advertir sobre la presencia de “extrañas” prácticas en el interior de la Planta. Miguel Mattea formalizó con breves explicaciones la investigación que impulsaba, con los aportes de la multinacional DeSmet y el gigante industrial Aceitera General Deheza. En el encuentro habría surgido la promesa de mejorar las medidas de seguridad, restringir el ingreso y solo trabajar después de las 18. En el lugar estaban almacenados 2.600 litros de hexano, que habían ingresado vulnerando todas las reglas mínimas de control.
Fue el ingeniero mecánico Gabriel Campetelli, quien horas previas a la explosión, señaló al recorrer la Planta Piloto que “no todas las instalaciones resultaban compatibles con el material peligroso”
Ante el juez federal Carlos Ochoa, durante la instrucción de la causa que investigó la tragedia, Campetelli afirmó que el funcionamiento de la Planta Piloto “era caótico; sin responsables en materia de seguridad y de estructura”. El especialista había advertido sobre el riesgo potencial por la acumulación del hexano y la negligencia expuesta al mantener una autoclave encendida en el pasillo próximo a los laboratorios.
La Planta Piloto, creada para experimentaciones en baja escala, estaba rodeada de aulas y pequeños laboratorios. Los protocolos de prevención y seguridad aparecían desbordados y obsoletos en un predio rodeado por decenas de toneles cargados de material altamente explosivo. La resolución judicial que elevó a juicio la causa fue contundente: “Las condiciones de Seguridad e Higiene en la Planta Piloto no eran las adecuadas para semejante proyecto, ni para los restantes que se desarrollaban en dicho lugar”.
“Se destruyeron instalaciones y bienes, determinando que en épocas de crisis económica y de escaso presupuesto educativo, el propio Estado tenga que intervenir para la construcción de una nueva Planta Piloto. Se creó un estado de zozobra general difícil de mitigar y sobrellevarlo con sensibles secuelas en la psiquis. Se expuso a peligro a la comunidad universitaria, entre los que se hallaban menores de edad en la guardería aledaña situada a pocos metros del lugar del evento, soslayando instrumentos jurídicos nacionales e internacionales que los protegen. Se dañó la imagen y prestigio de la Casa de Altos Estudios y, lo más grave la pérdida de vidas humanas, entre ellos la de un alumno, olvidando y soslayando que las familias envían sus hijos a la universidad para que sean formados y no para que participen y mueran en actividades imprudentes o cuyo riesgo superan el normalmente tolerado, so pretexto de la conveniencia en la realización de un trabajo o investigación común o excepcional”, reflexionó en su dictamen el juez Ochoa.
El magistrado sostuvo que “analizadas las responsabilidades estas comprenden un abanico amplio de intervinientes: el sector investigador científico, el sector privado y las autoridades universitarias; quienes al no cumplir con sus respectivos roles y por lo tanto con las responsabilidades que les competían, permitieron que se desencadenara el doloroso evento que aquí se trata”.
“Juan era un joven común. Le gustaba estudiar, pero también estar con amigos, una vida normal. No entiendo cómo pudo haber pasado esto en una universidad pública”. Mariano cursaba el último año del secundario cuando su hermano se convirtió en la primera víctima fatal de la tragedia. Aquel mediodía estaba aún en el colegio que dirigía su padre. Jovita conservaba la postal de una tarde de siesta. “No entendía nada, agarré un bolsito y salimos urgentes en el auto. En el transcurso del viaje nos fuimos enterando por la radio y por los llamados. Cuando llegamos al Hospital no había ninguna información oficial”, recordó. Meses después, los sobrevivientes señalaron que el joven estudiante de Ingeniería Química había logrado escapar de la planta pero decidió regresar para ayudar en el rescate de las víctimas. Juan Andrés Politano murió el 6 de diciembre. Tenía 25 años y fue el único alumno entre las víctimas.
Liliana Giacomelli falleció un día después. Como su esposo, Claudio Ceballos, había logrado autoevacuarse de la Planta. A diferencia del resto de los docentes e investigadores fallecidos, Liliana no formaba parte del grupo Gipo. Tenía 42 años y era madre de cuatro hijas. Cuando aún agonizaba en el Instituto del Quemado en Córdoba le afirmó a su cuñada que “esto es culpa de estos hijos de puta”, en directa alusión a los investigadores.
A las 7,30 de la mañana del 12 de diciembre, el actual Ministro de Salud y ex director del Hospital Córdoba, Carlos Simón, confirmaba oficialmente la muerte de Carlos Alberto Ravera. El investigador tenía 64 años. No estaba casado ni tenía hijos. Era el mayor de 3 hermanos de una familia oriunda de Almafuerte. Los Ravera ya conocían de la tragedia reconvertida en muerte. Uno de sus hermanos, Roberto, había fallecido en un accidente de tránsito.
El 14 de diciembre falleció Damián Aldo Cardarelli. Tenía 43 años y era un respetado investigador del grupo Gidpo. 9 meses después de las explosiones, se inauguró la Plazoleta del Compromiso, en recuerdo a las víctimas. La viuda, Fabiana San Martín, decidió plantar allí un roble, en memoria de su esposo y el padre de sus hijos. Damián había realizado un post doctorado en la Technische Universitat Hamburg, Alemania y en 1996 regresó a la Universidad. En octubre del 2007 concursó su cargo de Asociado. Resolución que no logró firmar.
Gladys Zulema Baralla de Simone se convirtió en la quinta víctima, tres días antes de Navidad. Había nacido en La Carlota, aunque estudió y formó su familia en Río Cuarto. Durante meses había realizado trabajos de experimentación de tesis en Suecia y luego regresó a la Universidad, donde se desempeñó durante 35 años. “Esta institución se está reconstruyendo de las heridas, aunque a veces sea con pasos cortos y lentos” afirmó 3 años después de la tragedia, Osvaldo Simone, viudo de Gladys, ex candidato a decano de Ingeniería y actual funcionario del gobierno provincial.
Miguel Mattea se recibió de ingeniero químico en 1980. Realizó su doctorado en Bahía Blanca y su post-doctorado en Minnesota, Estados Unidos. Era el jefe del grupo de investigadores GIDPO, que experimentaba con pruebas de extracción de aceites con hexano. A las 6,30 del 27 de diciembre sufrió un paro cardiorrespiratorio que le provocó la muerte. Tenía quemaduras en el 50 por ciento de su cuerpo, fundamentalmente, en sus vías aéreas y su cuadro era irreversible. Miguel era una eminencia en el país y en el mundo. Aquella mirada reverencial sirvió también como principal obstáculo para refutar el alto riesgo de la investigación que lideró.
Carlos Agustín Bortis (61), ingeniero mecánico electricista-electrónico, vicedecano de la Facultad de Ingeniería y presidente de la Fundación Universidad Nacional de Río Cuarto.
José Luis Pincini (61), ingeniero agromecánico, secretario de Coordinación Técnica y Servicios, integrante de la Comisión de Higiene y Seguridad de la UNRC.
Sergio Fabián Antonelli (49), ingeniero mecánico electricista, secretario técnico de la -Facultad de Ingeniería, integrante de la Comisión de Higiene y Seguridad de la UNRC.
Miriam Ferrari (52), ingeniera química, directora del Departamento de Tecnología Química de la Facultad de Ingeniería.
Edith Matilde Ducros (58), ingeniera química, vicedirectora del Departamento de Tecnología Química de la Facultad de Ingeniería de la UNRC.
Liliana Gladis Ruetsch (53), ingeniera química, integrante del grupo Gidpo de la UNRC.
Javier Boretti (47), ingeniero mecánico aeronáutico, dependiente de la firma De Smet Saic. Fue finalmente sobreseído.
* Bortis, Pincini, Antonelli, Ferrari, Ducros y Ruetsch son imputados como coautores del delito de “estrago culposo agravado por la muerte de personas”.
Está integrado por los jueces José Fabián Asís, Carlos Julio Lascano y José Vicente Muscará. El fiscal es Maximiliano Hairabedian.
26 DE FEBRERO – Primera audiencia
El ex vicedecano de Ingeniería Carlos Bortis rompió el silencio y decidió hablar ante el Tribunal que lo juzga. “La máxima cantidad de hexano utilizado no superaba los 15 litros por área. En la Planta Piloto se utilizaban aguas con azúcar pero no hexano. No supe del ingreso de los 2.600 litros, no tuve ninguna responsabilidad”, aseguró el único de los imputados que expuso su postura sobre lo ocurrido.
“Niego los hechos. Se perfectamente cuál fue mi conducta. Niego cualquier responsabilidad directa o indirecta. Se me señala haber firmado un convenio marco y protocolo pero yo no firmé nada”, aseguró.
El ex funcionario dijo que Bortis reconoció que “el 15 de noviembre por la tarde se presentó la ingeniera Baralla y comentó que una empresa quería firmar un convenio para desarrollo de trabajos específicos de investigación”, aunque sostuvo: “Yo no podía firmar nada hasta que se reincorporara el decano”.
Bortis insistió en que no sabía nada de los experimentos que se realizaban en la Planta Piloto.
“El Gidpo no tendría que haber empezado ninguna actividad. Yo firmé un borrador el 3 de diciembre y tenía que ser enviado a la empresa para que lo ratificara o hiciera algún agregado. Una vez que el convenio estuviera listo debía ser firmado y autorizado por el decano”, aseveró.
Por su parte, e ingeniero mecánico electricista y docente de Ingeniería, Norberto Gabriel Campetelli, un testigo clave para describir las condiciones en las que funcionaba la Planta Piloto, manifestó que Bortis había declarado a Canal 13 de Río Cuarto que no sabía nada de lo ocurrido y “quiso quitarse la responsabilidad de encima”.
27 DE FEBRERO – Segunda audiencia
El debate sobre el temor de docentes e investigadores por la experimentación que efectuaba el grupo Gidpo en la Planta Piloto quedó revelado en la reunión que se produjo días antes de la trágica explosión. Jorge Daghero, ingeniero químico y docente que sobrevivió milagrosamente, apuntó contra Miguel Mattea, quien habría justificado la tarea que lideraba.
Por su parte, el microbiólogo Carlos Betera sostuvo que los docentes y estudiantes de química que participaron de la experiencia nunca recibieron ningún entrenamiento ni capacitación para prevenir o afrontar una contingencia de este tipo.
Dos integrantes de la firma De Smet Saic, que fue contratada para la logística de la experiencia, el ingeniero Javier Boretti y el arquitecto Diego Bonazza, intentaron desvincularse de las responsabilidades.
Boretti, ex imputado en la causa, aseguró que la seguridad y prevención correspondía a la universidad y a Mattea, y no a la firma privada.
“Mattea era el que tenía la última palabra en la toma de decisiones y contrató a “De Smet” para que adecuara las necesidades de la Planta Piloto en la experiencia requerida en cuanto a optimizar la extracción de aceite de la semilla de soja, con la utilización de hexano”, manifestó.
Boretti reconoció que, en fecha que dijo no recordar, él recibió los trece tambores con 200 litros de hexano en el ingreso de la Planta Piloto y que dicha sustancia fue provista por la Aceitera General Deheza, pero desvinculó a la empresa de Urquía del proyecto experimental que terminó en tragedia.
“La Aceitera General Deheza entregó el hexano en carácter de proveedor porque era una de las empresas que contaba con ese material que se necesitaba para hacer las pruebas en la Planta Piloto. No tenía nada que ver con el proyecto”, remarcó Boretti.
Uno de los testimonios más conmovedores fue el del microbiólogo Carlos Betera, quien manifestó: “A las 10 de la mañana de aquel 5 de diciembre de 2007 bajamos del ómnibus frente a la facultad con mi esposa y mi hijita, a la que dejamos en el Jardín. Volvimos, mi esposa, que también es microbióloga como yo, se fue a su lugar de trabajo en la Facultad y yo al laboratorio donde ya estaban Carlos (por Ravera) y Liliana (Giacomelli), con dos chicos más que realizan trabajos de investigación”
“Cuando entré al laboratorio lo primero que les conté lo bien que nos había ido en un congreso de microbiología la semana pasada y de repente sentimos un fuerte golpe, como el resoplido de una manguera. Sorprendidos salimos del laboratorio y una densa neblina cubría casi todo el espacio del edificio de la Planta Piloto” lo que hacía imposible la visibilidad”, reconoció.
“Si esto es hexano, acá volamos todos a la mierda”, exclamó, mientras se levantaba una enorme columna de fuego e inmediatamente después se produjo una gran explosión y en medio de ese infierno la alcanzó a ver a Liliana gritando: ´me muero, me muero…. Como pudimos, con otro compañero, la llevamos al baño, le sacamos la ropa porque estaba muy quemada hasta que llegó un servicio de emergencia y la trasladó al hospital de Río Cuarto donde al día siguiente falleció, al igual que Carlos Ravera”, se emocionó.
28 DE FEBRERO – Tercera audiencia
Claudio Daniel Ceballos, viudo de Liliana Giacomelli, una de las 6 víctimas fatales, comprometió fuertemente a Bortis en su testimonio. Estimó que el ex vicedecano estaba al tanto de las experiencias que se hacían en la planta piloto y que conocía de la existencia de hexano.
Luego declaró la hermana Claudio, Liliana Ceballos, quien sostuvo que mientras agonizaba, su cuñada Liliana Giacomelli le manifestó: “Esto es culpa de estos hijos de puta”, en referencia a los miembros del Grupo de Investigación y Desarrollo de Productos Oleaginosos (Gidpo).
“Me cansé de decirles que esto iba a ocurrir”, relató la testigo que alcanzó a decir la investigadora que murió horas después.
1 DE MARZO – Cuarta audiencia
El ex decano de Ingeniería Diego Moitre, quien fue procesado y sobreseído en la causa, declaró que no hubiera aprobado el inicio de la investigación.
El profesional que reasumió sus funciones el 3 de diciembre de 2007 ya que se encontraba de licencia sin goce de sueldo los tres meses anteriores, recordó que el 5 de diciembre cuando se produjo la explosión, estaba en su despacho revisando los correos.
Moitre explicó que después del desastre se ocupó de averiguar si hubo alguna información que alertara sobre lo que estaba sucediendo y recordó que por exigencias de la ley de educación superior durante la gestión de Liliana Giacomelli y de Nancy Reartes “hubo un sub proyecto de mejoras de higiene y seguridad que fue discutido y aprobado por el consejo directivo, en 2004, o 2005, y que cree contaba con presupuesto.
El ex funcionario afirmó que cuando recorría la Planta no reparó en las deficiencias edilicias y admitió que se había creado una comisión de higiene y seguridad, que incluso fue aprobada por el Consejo Superior, pero nunca estuvo activa.
El Tribunal Federal Oral 2 citó para el próximo miércoles 13 al ex decano de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) Alberto Cantero Gutiérrez para que declare como testigo.
7 DE MARZO – Quinta audiencia
Declararon los dos peritos oficiales del Instituto Nacional de Tecnología e Industria (INTI) que inspeccionaron la instalación eléctrica del lugar y un bombero de la Policía, quien planteó que el origen del siniestro no habría sido la autoclave.
El perito del INTI Alberto Bonet afirmó que la Planta Piloto no cumplía con las condiciones para efectuar la experimentación que impulsaba el grupo GIDPO.
«En seguridad, basta que falle un eslabón para que fracase toda la cadena», sostuvo.
El Tribunal confirmó que el jueves 14 de marzo habrá una inspección ocular en la Planta Piloto.
12 de marzo – Octava audiencia
En la reanudación de la causa por las explosiones en la Planta Piloto de la UNRC, esta mañana declararon en el Tribunal Federal 2 tres de los docentes de Ingeniería Química que habían sido notificados sobre la reunión con el ex titular del grupo GIDPO, Miguel Mattea, quien debía informar de la investigación, que incluía la manipulación de grandes cantidades de hexano.
El encuentro había sido convocado a través de correos electrónicos y se concretó el 15 de noviembre de 2007, tres semanas antes del siniestro en el que fallecieron 6 personas. Mattea debía informar sobre el proyecto que lideraba y los eventuales riesgos en la seguridad.
El investigador, quien se convertiría en una de las víctimas fatales por las explosiones, brindó escasos aportes y aseguró que solo trabajarían por la noche, cuando concluía la actividad académica en la planta… Sigue
El doctor Maximiliano Hairabedian, fiscal en el juicio que intenta determinar las causas y responsabilidades por las explosiones en la Planta Piloto de la UNRC, dijo en diálogo con Telediario que en la reunión que mantuvieron Miguel Mattea y docentes de Ingeniería Química, semanas antes de la tragedia, “los directivos tampoco exigieron explicaciones sobre la investigaciones”…. Sigue
13 de marzo – Novena audiencia
Los ex rectores de la Universidad de Río Cuarto, Alberto Cantero y Oscar Spada, declararon como testigos en el juicio por las explosiones en la Planta Piloto que provocaron la muerte de 6 personas.
Cantero llegó al edificio de los Tribunales Federales Número 2 poco después de las 8,20 de la mañana y 15 minutos más tarde lo hizo Spada, con quien mantuvo un breve diálogo antes del ingreso a la sala de audiencias. Sigue
El ingeniero Sergio Antonelli fue el primero de los 6 imputados en romper el silencio en medio del juicio por las trágicas explosiones en la UNRC, y en diálogo con Telediario señaló que está “convencido de que hay actores externos que deberían estar sentados en el banquillo”
Antonelli fue secretario técnico de la Facultad de Ingeniería e integrante de la Comisión de Higiene y Seguridad de la UNRC. Sigue
Tras una nueva audiencia del juicio por las explosiones en la Planta Piloto de la UNRC, el doctor Claudio Oroz, abogado querellante en representación del Gremio Docente, consideró que “las responsabilidades llegaban al Rectorado” Sigue
14 de marzo – Décima audiencia
Los jueces del Tribunal Federal Número 2 realizaron una inspección ocular en la Planta Piloto de la Universidad, que permanece con ingreso restringido desde que se produjeron las trágicas explosiones.
Los magistrados fueron acompañados por el fiscal Maximiliano Hairabedian, los abogados defensores, representantes de la querella y los seis imputados en la causa.
La pericia le permitirá al Tribunal conocer en detalle cómo eran las condiciones edilicias del lugar.Sigue
“Bortis es el más comprometido porque es el de mayor autoridad”
La querella pidió 5 años de prisión para Bortis y 4 años para Pincini y Antonelli
El fiscal pidió 3 años de prisión efectiva para Bortis y lo acusó de “ocultamiento institucional”
Para el fiscal, “la Planta Piloto era un caos y muchos ya sabían de lo que allí se hacía”
Diario del Juicio – “Condena del Gremio Docente a sus compañeros docentes”
El fiscal calificó a Politano como “un héroe” y a Giacomelli como “una constante luchadora”
EL VEREDICTO
Bortis fue condenado a 3 años y medio de prisión, pero seguirá libre
El Tribunal pidió investigar a Desmet, la AGD y al ex rector Spada
