Propuso además que los miembros del Consejo de la Magistratura sean electos por el voto popular. Fue en el marco de la apertura del 131º período de sesiones en el Congreso.
La presidenta Cristina Kirchner anunció el envío al Congreso de un paquete de proyectos de ley para realizar una «profunda democratización de la Justicia», entre los que incluyó la obligación de presentar declaraciones de bienes a los jueces y la elección por el voto de los ciudadanos de los integrantes del Consejo de la Magistratura.
Al brindar su discurso de apertura de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa, la mandataria aseguró que su intención es «lograr en serio una Justicia democrática no corporativa, no dependiente de los factores económicos» y remarcó que con ese objetivo «no se va a reformar ninguna Constitución».
«Quédense todos tranquilos, no se va a reformar ninguna Constitución», señaló la mandataria en un discurso de 3 horas 36 minutos, el más largo de todos los que hizo ante la Asamblea Legislativa, donde fue seguida por familiares, gobernadores, intendentes, sindicalistas, dirigentes sociales y la militancia kirchnerista desde las gradas.
Entre los proyectos, la jefa de Estado anunció uno que dispondrá que «la totalidad de los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por el pueblo», teniendo en cuenta que en la actualidad se definen por el voto de sus pares.
«Hay que darle a ese órgano una representación popular donde la sociedad se vea reflejada y representada», apuntó la mandataria y agregó que el Consejo, encargado de la designación y remoción de jueces, «podrá estar integrado por más gente del ámbito académico», además de magistrados, abogados y legisladores.
Otra iniciativa obligará al acceso por «Internet a la declaración jurada de todos los integrantes de todos los poderes del Estado», incluidos jueces y legisladores, y una tercera apunta a reglamentar la aplicación de medidas cautelares, en medio de la pulseada que mantiene con la Cámara Civil y Comercial Federal por la aplicación plena de la Ley de Medios Audiovisuales, entre otras.
«Las medidas cautelares de contenido estrictamente patrimonialista contra el Estado son un absurdo, porque el Estado no puede ser nunca declarado en quiebra», apuntó la mandataria y agregó que esta herramienta «se ha transformado en una verdadera distorsión del derecho y de una fuente de injusticia, inequidad y de negación de administración de Justicia».
«Ponen cautelares, atrasan las causas, cambian los gobiernos, y como ellos siguen en el mismo lugar, no pasa nada. Especulan con que los gobiernos cambian, y después lo ven. Por ejemplo, no contaban con que yo iba a seguir acá después de 2011. Esto tiene que tener una reglamentación, no una eliminación, y nosotros lo vamos a hacer», aseguró la mandataria.
Además, Cristina Kirchner anunció que a través de otro proyecto impulsará que se realice un «sorteo público» cuando para un cargo de magistrado existan más postulantes con todos los requisitos aprobados para que los cargos en juego, al remarcar que deben poder ingresar «todos los ciudadanos que reúnan» las condiciones y no los «conocidos o parientes».
De igual modo, señaló que otro proyecto avanzará en «transparentar» la información de los juzgados y conocer cantidad de expedientes y tiempos de tramitación, ya que -cuestionó- hay «causas que salen enseguida» pero que otras «no salen nunca» y es necesario controlarlo.
«Si a ustedes les cuentan las costillas a todos, cuántas veces vinieron, cuantas veces hablaron, cuántas sonrieron», señaló al referirse a los legisladores y evaluó que también es necesario saber «cuáles son los expedientes que tienen los jueces» y los tiempos en los que se tratan.
Finalmente, a través de una sexta iniciativa se crearán Cámaras de Casación para los fueros civil y comercial, laboral y contencioso administrativo, para que actúen como una tercera instancia, previa a la Corte Suprema.
Por otra parte, la mandataria precisó que la posibilidad de cobrar Impuesto a las Ganancias a los jueces depende de una decisión que debe tomar la Corte Suprema y rechazó la posibilidad de impulsar la designación de jueces por voto directo, al considerar que «sería un disparate total».
La mandataria señaló que en su momento el Congreso aprobó la Ley 24.631, que dispuso el pago de ese impuesto por parte de los magistrados, pero que la Corte Suprema en 1996, cuando estaba presidida por Julio Nazareno bloqueó esa posibilidad.
Subrayó además que el Poder Judicial se debe una «profunda democratización» y advirtió que cuando se dieron los golpes de Estado, se avanzaba contra el Ejecutivo y el Legislativo pero no contra los jueces.
«Se encarcelaron gobernadores, presidentes, se cerró este Parlamento pero la Justicia nunca fue tocada. A la Justicia no la incendian, incendian al Parlamento y el Poder Ejecutivo, que son los dos que siempre derribaron en todos los golpes militares», enfatizó la jefa de Estado.
Al brindar su discurso de apertura de sesiones ordinarias ante la Asamblea Legislativa, la mandataria aseguró que su intención es «lograr en serio una Justicia democrática no corporativa, no dependiente de los factores económicos» y remarcó que con ese objetivo «no se va a reformar ninguna Constitución».
«Quédense todos tranquilos, no se va a reformar ninguna Constitución», señaló la mandataria en un discurso de 3 horas 36 minutos, el más largo de todos los que hizo ante la Asamblea Legislativa, donde fue seguida por familiares, gobernadores, intendentes, sindicalistas, dirigentes sociales y la militancia kirchnerista desde las gradas.
Entre los proyectos, la jefa de Estado anunció uno que dispondrá que «la totalidad de los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por el pueblo», teniendo en cuenta que en la actualidad se definen por el voto de sus pares.
«Hay que darle a ese órgano una representación popular donde la sociedad se vea reflejada y representada», apuntó la mandataria y agregó que el Consejo, encargado de la designación y remoción de jueces, «podrá estar integrado por más gente del ámbito académico», además de magistrados, abogados y legisladores.
Otra iniciativa obligará al acceso por «Internet a la declaración jurada de todos los integrantes de todos los poderes del Estado», incluidos jueces y legisladores, y una tercera apunta a reglamentar la aplicación de medidas cautelares, en medio de la pulseada que mantiene con la Cámara Civil y Comercial Federal por la aplicación plena de la Ley de Medios Audiovisuales, entre otras.
«Las medidas cautelares de contenido estrictamente patrimonialista contra el Estado son un absurdo, porque el Estado no puede ser nunca declarado en quiebra», apuntó la mandataria y agregó que esta herramienta «se ha transformado en una verdadera distorsión del derecho y de una fuente de injusticia, inequidad y de negación de administración de Justicia».
«Ponen cautelares, atrasan las causas, cambian los gobiernos, y como ellos siguen en el mismo lugar, no pasa nada. Especulan con que los gobiernos cambian, y después lo ven. Por ejemplo, no contaban con que yo iba a seguir acá después de 2011. Esto tiene que tener una reglamentación, no una eliminación, y nosotros lo vamos a hacer», aseguró la mandataria.
Además, Cristina Kirchner anunció que a través de otro proyecto impulsará que se realice un «sorteo público» cuando para un cargo de magistrado existan más postulantes con todos los requisitos aprobados para que los cargos en juego, al remarcar que deben poder ingresar «todos los ciudadanos que reúnan» las condiciones y no los «conocidos o parientes».
De igual modo, señaló que otro proyecto avanzará en «transparentar» la información de los juzgados y conocer cantidad de expedientes y tiempos de tramitación, ya que -cuestionó- hay «causas que salen enseguida» pero que otras «no salen nunca» y es necesario controlarlo.
«Si a ustedes les cuentan las costillas a todos, cuántas veces vinieron, cuantas veces hablaron, cuántas sonrieron», señaló al referirse a los legisladores y evaluó que también es necesario saber «cuáles son los expedientes que tienen los jueces» y los tiempos en los que se tratan.
Finalmente, a través de una sexta iniciativa se crearán Cámaras de Casación para los fueros civil y comercial, laboral y contencioso administrativo, para que actúen como una tercera instancia, previa a la Corte Suprema.
Por otra parte, la mandataria precisó que la posibilidad de cobrar Impuesto a las Ganancias a los jueces depende de una decisión que debe tomar la Corte Suprema y rechazó la posibilidad de impulsar la designación de jueces por voto directo, al considerar que «sería un disparate total».
La mandataria señaló que en su momento el Congreso aprobó la Ley 24.631, que dispuso el pago de ese impuesto por parte de los magistrados, pero que la Corte Suprema en 1996, cuando estaba presidida por Julio Nazareno bloqueó esa posibilidad.
Subrayó además que el Poder Judicial se debe una «profunda democratización» y advirtió que cuando se dieron los golpes de Estado, se avanzaba contra el Ejecutivo y el Legislativo pero no contra los jueces.
«Se encarcelaron gobernadores, presidentes, se cerró este Parlamento pero la Justicia nunca fue tocada. A la Justicia no la incendian, incendian al Parlamento y el Poder Ejecutivo, que son los dos que siempre derribaron en todos los golpes militares», enfatizó la jefa de Estado.