Lo dijo Analía, la hermana de la joven con síndrome de down abusada. El tema se debate en el Congreso Nacional.
El fiscal de Instrucción Julio Rivero confirmó a TD Digital la detención de Víctor Hugo Aguilar, el chofer de una traffic acusado de abusar sexualmente de una joven discapacitada que trasladaba a un centro de contención.
El hombre de 50 años fue derivado a la Alcaidía tras ser detenido en la vía pública y hoy será citado a indagatoria.
Rivero confirmó que “hasta ahora, la acusación apunta al hecho denunciado” y destacó que Aguilar “no opuso resistencia” al ser detenido.
“Esto demuestra que lo que dijo mi hermana fue verdad y el dolor es real” señaló en diálogo con Telediario Analía, la hermana de la víctima.
La mujer sostuvo que «salir a los medios no nos beneficia en nada pero permite alertar al resto de los papás que esto está sucediendo».
Al ser consultada sobre la creación de un registro de violadores, como se debate actualmente en el Congreso, Analía evaluó que «sería muy importante tener un registro con nombres y fotografías para poder estar alerta».
«Necesitamos tener más conocimiento de las personas con las que frecuentamos a menudo», aseveró.
El hecho
“Hace 20 días nos enteramos que ella había sido abusada por uno de los señores que la llevaba en el transporte. Mi hermana tiene 33 años y síndrome de down. Un grupo de psicólogas y psicopedagogas advitieron los cambios en su conducta y alertaron sobre lo que sucedía”, destacó.
Los abusos habrían sido sin acceso carnal y se concretaban en descampados donde era derivada la joven, precisó la mujer en diálogo con Telediario.
Allí, era sometida a manoseos y en algunas oportunidades la habría obligado a desnudarse.
El hecho fue probado por cambios en la conducta de la víctima, quien fue sometida a una Cámara Gesell por orden del fiscal de Instrucción Julio Rivero.
“Nos preocupaba que el tiempo de retorno al hogar de mi hermana era muy diferente al fijado y ella estaba muy nerviosa. Los especialistas de la institución a la que concurren lograron que ella contara lo que pasó. Este señor le había pedido que no dijera nada porque era un secreto de supuesto amor”, relató.
Añadió que “mi hermana no quería saber nada de ser trasladada con este hombre y tuvo que contarle a una psicóloga lo sucedido”.
“Nuestro temor es que pueda haber otras víctimas. La situación se presenta para que uno pueda pensar que no es el único caso. Nosotros queremos generar conciencia sobre lo que ocurrió para que no vuelva a suceder”, expresó.
Registro
La creación de un Registro de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual a nivel nacional podría avanzar este martes en la Cámara baja, de aprobarse el proyecto venido del Senado en la Comisión de Legislación Penal.
La reunión del conjunto que preside Oscar Albrieu (FpV) fue convocada para las 12 en la Sala 5 del Anexo de la Cámara baja. Los diputados quieren apurar el trámite, teniendo en cuenta que el 20 de noviembre de cada año finaliza el plazo para emitir dictámenes, y se trata de una iniciativa reclamada por víctimas de este flajelo.
De acuerdo con la norma votada por el Senado, todo condenado con sentencia firme debería someterse a exámenes para obtener las muestras biológicas que pasarían a formar parte de esta base de datos. Se incorporarían también fotografías actualizadas del criminal y una reseña de su domicilio actual.
Asimismo, el registro contaría con una sección específicamente dedicada a almacenar muestras obtenidas en la escena misma del delito, “en anticipación de futuros progresos de la investigación que permitan su utilización”.
Esta información sólo sería brindada a pedido de algún juez o fiscal en caso de una investigación de este tipo de delito, ya que se trata de datos “de carácter reservado”.
Además, la información del registro –que funcionaría en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación- sólo sería dada de baja trascurridos cien años desde la iniciación de la causa, ya que “no rigen a este respecto los plazos de caducidad establecidos por el Código Penal”.
Alrededor de diez provincias ya cuentan con esta base de datos, que serviría para detectar los casos de reincidencia de violadores.
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