Ahora, el fiscal debe resolver la situación procesal. La acusación implica penas de entre 6 meses y 4 años de prisión, por lo que la defensa podría solicitar la libertad del detenido. Para los investigadores, «el testimonio de la víctima es contundente».
El chofer acusado de abusar de una mujer con síndrome de down se abstuvo de declarar ante el fiscal de Instrucción Julio Rivero, y ahora el funcionario judicial debe resolver la situación procesal.
La acusación implica penas de entre 6 meses y 4 años de prisión, por lo que la defensa podría solicitar la libertad del detenido, Víctor Hugo Aguilar.
Para los investigadores, «el testimonio de la víctima ante la Cámara Gesell es contundente».
La denuncia fue ratificada por la madre y los especialistas del centro de capacitación a donde acudía la víctima.
Esta mañana, la esposa del hombre detenido acusado aseguró que su marido es inocente.
Patricia Escudero dijo en diálogo con FM Gospel que esta denuncia ha sido un “mazazo al corazón”, pero que confían en la Justicia.
«Fue real»
“Esto demuestra que lo que dijo mi hermana fue verdad y el dolor es real” señaló en diálogo con Telediario Analía, la hermana de la víctima.
La mujer sostuvo que “salir a los medios no nos beneficia en nada pero permite alertar al resto de los papás que esto está sucediendo”.
Al ser consultada sobre la creación de un registro de violadores, como se debate actualmente en el Congreso, Analía evaluó que “sería muy importante tener un registro con nombres y fotografías para poder estar alerta”.
“Necesitamos tener más conocimiento de las personas con las que frecuentamos a menudo”, aseveró.
El hecho
“Hace 20 días nos enteramos que ella había sido abusada por uno de los señores que la llevaba en el transporte. Mi hermana tiene 33 años y síndrome de down. Un grupo de psicólogas y psicopedagogas advitieron los cambios en su conducta y alertaron sobre lo que sucedía”, destacó.
Los abusos habrían sido sin acceso carnal y se concretaban en descampados donde era derivada la joven, precisó la mujer en diálogo con Telediario.
Allí, era sometida a manoseos y en algunas oportunidades la habría obligado a desnudarse.
El hecho fue probado por cambios en la conducta de la víctima, quien fue sometida a una Cámara Gesell por orden del fiscal de Instrucción Julio Rivero.
“Nos preocupaba que el tiempo de retorno al hogar de mi hermana era muy diferente al fijado y ella estaba muy nerviosa. Los especialistas de la institución a la que concurren lograron que ella contara lo que pasó. Este señor le había pedido que no dijera nada porque era un secreto de supuesto amor”, relató.
Añadió que “mi hermana no quería saber nada de ser trasladada con este hombre y tuvo que contarle a una psicóloga lo sucedido”.
“Nuestro temor es que pueda haber otras víctimas. La situación se presenta para que uno pueda pensar que no es el único caso. Nosotros queremos generar conciencia sobre lo que ocurrió para que no vuelva a suceder”, expresó.
Registro
La creación de un Registro de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual a nivel nacional podría avanzar este martes en la Cámara baja, de aprobarse el proyecto venido del Senado en la Comisión de Legislación Penal.
La reunión del conjunto que preside Oscar Albrieu (FpV) fue convocada para las 12 en la Sala 5 del Anexo de la Cámara baja. Los diputados quieren apurar el trámite, teniendo en cuenta que el 20 de noviembre de cada año finaliza el plazo para emitir dictámenes, y se trata de una iniciativa reclamada por víctimas de este flajelo.
De acuerdo con la norma votada por el Senado, todo condenado con sentencia firme debería someterse a exámenes para obtener las muestras biológicas que pasarían a formar parte de esta base de datos. Se incorporarían también fotografías actualizadas del criminal y una reseña de su domicilio actual.
Asimismo, el registro contaría con una sección específicamente dedicada a almacenar muestras obtenidas en la escena misma del delito, “en anticipación de futuros progresos de la investigación que permitan su utilización”.
Esta información sólo sería brindada a pedido de algún juez o fiscal en caso de una investigación de este tipo de delito, ya que se trata de datos “de carácter reservado”.
Además, la información del registro –que funcionaría en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación- sólo sería dada de baja trascurridos cien años desde la iniciación de la causa, ya que “no rigen a este respecto los plazos de caducidad establecidos por el Código Penal”.
Alrededor de diez provincias ya cuentan con esta base de datos, que serviría para detectar los casos de reincidencia de violadores.