Opinión
Tras el anuncio oficial del plan de viviendas, que en la primera etapa apuntará a la clase media, el municipio confrontó por primera vez con la expectativa real de quienes aspiran a alcanzar su casa propia. Ante casi un centenar de beneficiarios del Cispren, funcionarios del IMV y el secretario de Obras Públicas Fabricio Pedruzzi, recordaron los requisitos técnicos del plan y luego receptaron un reclamo unívoco sobre el impacto que tendrá el reajuste de cuotas en la capacidad de pago de los adjudicatarios.
El gobierno de Juan Jure resolvió que la presentación oficial del programa se anticipara a la discusión parlamentaria y la formalización de los proyectos. De los tres que debe presentar el municipio ante el Concejo Deliberante, solo ingresó el de creación de un Fondo Municipal de Viviendas. Aún restan conocer las condiciones técnicas del plan y el mecanismo de licitación, dos iniciativas que anticipan una fuerte discusión antes de su aprobación.
Desde el municipio señalaron que la actualización de las cuotas se dará en forma semestral y el porcentaje surgirá del indicador más bajo entre las tres mediciones de los niveles de construcción: el ICC de la Provincia, el índice de las empresas constructoras y el INDEC. Ninguna de las tres opciones genera previsibilidad. El sector tiene una dinámica diferente a los niveles inflacionarios y depende de variables macroeconómicas que exceden al municipio. El incremento de un 38 por ciento en el estudio elaborado en Córdoba, que contrasta con el 22 por ciento del INDEC, es una confirmación de los profundos cambios que definen los precios de la construcción.
Raúl Neme dijo en su exposición en el Teatrino de la Trapalanda que “el objetivo del municipio no es salir a embargar casas” y señaló que “se buscará un mecanismo para que el reajuste no supere el promedio de los incrementos salariales ó inflacionarios”.
El planteo ratifica que la Municipalidad aún no logró encontrar un mecanismo confiable de actualización y la imprevisibilidad de un país inflacionario en un proceso a 15 años, tampoco brinda garantías entre el abanico de ofertas disponibles.
La incertidumbre no es una buena señal de presentación en un programa donde se requiere, como requisito excluyente, el cumplimiento y la confianza entre las partes. El Ejecutivo necesita hallar un equilibrio entre el impacto del alza en los costos y la posibilidad de pago de los beneficiarios para evitar que el traslado directo de los incrementos no concluya en un proceso irreversible de morosidad.
La ecuación suma otra dificultad. Un excesivo atraso en los valores de las cuotas haría inviable la continuidad del plan. El programa se sustenta en aportes oficiales pero requiere, fundamentalmente, del aporte actualizado de los pagos para que puedan construirse nuevas casas. La experiencia de otros proyectos estatales donde el aporte de los beneficiarios no permite refinanciar la caja estatal derivó en la ausencia de alternativas oficiales y una crisis habitacional en la que están inmersas 16 mil familias.
La única
Quienes aspiran al plan municipal son parte de los miles que están imposibilitados a acceder al crédito bancario y sufren las consecuencias de un mercado inmobiliario condicionado por la inversión sojera y alquileres que devoran el 50 por ciento del salario.
Los beneficiarios que inauguraron el ciclo de charlas advierten que no se trata de una alternativa más, sino probablemente la única. El plan es considerado por la propia oposición como viable, pero exige una revisión de aspectos clave para garantizar la efectividad en 15 años.
El costo definitivo de la unidad habitacional para el beneficiario será siempre impredecible. El secretario Fabricio Pedruzzi habló de montos que van desde los 220 mil pesos a los 250 mil pesos, aunque el precio último lo resolverá la licitación. De todos modos, ese solo será el punto de partida. Nadie puede prever cómo impactará el volumen inflacionario en los pagos que el adjudicatario deberá realizar hasta concluir su plan. Solo una tasa fija podría generar previsibilidad, aunque desde el municipio advierten que se afectaría la matriz financiera y el plan podría desfinanciarse en poco tiempo.
En el Palacio de Mójica buscan contrarreloj una alternativa que garantice el recupero de los fondos invertidos en la construcción y evite un impacto abrupto que comprometa la capacidad de pago y promueva un duro debate parlamentario. El desenlace deberá conjugar la fiabilidad del fondo municipal con una fuerte cuota de sentido común.
Por Pablo Callejón (callejonpablo@yahoo.com.ar)
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