Apuntaron contra Sagarraga, al señalar que «no contribuye a la verdad». Señalaron que, «el abogado de parte debe ser leal con sus patrocinados, civilizando las controversias, sin jamás procurar caminos violentos»
Tras las críticas al sistema penal riocuartense y los fuertes cuestionamientos al fiscal Javier Di Santo por su actuación en el crimen de Ricardo Vélez, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Córdoba emitió un comunicado de respaldo a Di Santo.
El texto al que accedió TD Digital, señala que «ante las graves imputaciones de responsabilidad funcional» en el homicidio del joven Ricardo Vélez dirigidas a Di Santo «y formuladas por el abogado José María Sagarraga, la Asociación hace saber que confía plenamente en la honorabilidad de Di Santo, y en la de todos los magistrados y funcionarios de esa ciudad»
La entidad manifestó que Sagarraga «estaría representando a los deudos del joven Vélez y que estos, indignados por el suceso, con el dolor de semejante pérdida y con la solidaridad de amigos y vecinos expresaron su disconformidad con el accionar de este Funcionario»
Sin embargo, «lamenta que quien, como abogado de la familia, posee los conocimientos técnicos adecuados no contribuya con la verdad a pacificar los espíritus de quienes, por la pérdida sufrida, naturalmente se encuentran alterados»
Consideraron que Sagarraga no colaboró «con el bien común explicitando que la orden de captura de quien se supone autor de esa muerte ya había sido dictada con mucha antelación por el doctor Di Santo motivada en otro grave ilícito anterior».
Desde la Asociación también señalaron que «no es el funcionario que dicta la orden quien la ejecuta y que si alguien sabía dónde se encontraba el imputado cuya detención se procuraba se debía anoticiar ese paradero».
«Todo ciudadano puede usar las vías legales que la Constitución y las leyes otorgan para hacer valer sus pretensiones; también tiene el derecho de peticionar y expresar sus ideas por la prensa, y, sobre todo posee la facultad inalienable de cuestionar el accionar, las omisiones y la conducta de los miembros del Poder Judicial. Pero, es dable esperar, por la confianza que la comunidad pone en quien asume la tarea de abogar por los derechos de las personas -más aún cuando se trata de los más humildes y desprotegidos-, que no se proporcionen o difundan informaciones equívocas o parciales, porque ello equivale a desinformar, y puede provocar reacciones de los receptores de la falsa o equívoca información, con resultados que, en definitiva, todos padecemos», refutó el organismo en su declración.
El texto finaliza manifestando que «el Magistrado y Funcionario debe ser independiente e imparcial y el abogado de parte debe ser leal con sus patrocinados, civilizando las controversias, sin jamás procurar caminos violentos; al fin y al cabo él es la voz que los representa».
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