En Río Cuarto, la medida se sintió fuertemente en EPEC, donde el sindicato de Luz y Fuerza decretó un paro de 24 horas y no hubo atención al público. El dictado de clases estuvo afectado por la realización de asambleas de dos horas por turno.
Una movilización de gremios estatales se realizó en Córdoba en “rechazo” al ajuste previsional que, por medio de modificaciones legislativas, implementó el gobernador José Manuel de la Sota para reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones de la provincia.
Desde las primeras horas los empleados de los tres poderes del Estado provincial, sumado los docentes, bancarios, municipales de capital e interior y de los entes de servicios públicos, realizaron asambleas y abandono de tareas para luego marchar hacia el predio del Centro Cívico, donde se encuentra el despacho gubernamental y que está ubicado en el sector este capitalino.
Con un fuerte operativo de seguridad y vallados en el Centro Cívico, al igual que en la Legislatura y el edificio de la Caja de Jubilaciones, el titular del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), José Pihen, pidió públicamente al gobernador De la Sota por la “derogación” de la cuestionada ley que aplica cambios en la Caja de Jubilaciones y que afecta a los haberes de los pasivos.
Asimismo, el sindicalista pidió a De la Sota que “convoque de inmediato a todos los gremios para analizar propuestas” tendientes a hacer eficiente el sistema previsional provincial.
“Nosotros tenemos una propuesta y queremos que se nos convoque para discutirla”, añadió Pihén al referirse a los 23 puntos que elaboraron para mejorar la situación financiera de la caja previsional, a la par de evaluar como una “gran respuesta de los trabajadores” a la movilización que se realizó, la segunda desde que se aprobó la nueva legislación hace una semana.
La protesta generó un caos vehicular en todo el microcentro y centro de la capital de Córdoba, en tanto muchos comercios, por razones de seguridad, optaron por no abrir sus puertas durante la franja horario de la marcha de los estatales.
El secretario general de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (Uepc), Juan Monserrat, calificó como una “muy buena marcha”, por el “elevado nivel de participación” y anticipó que “el plan de lucha va a continuar para resistir a esta ley que avanza sobre el 82 por ciento móvil y los haberes de los compañeros”.
Monserrat también ratificó que el próximo jueves, con la firma de 23 gremios estatales, se va a presentar ante el Tribunal Superior de Justicia un planteo que “acción de inconstitucionalidad” en contra de la ley 10.078 que introduce los cambios cuestionados.
Por su parte el titular del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales de la ciudad de Córdoba (Suoem), Rubén Daniele, instó a De la Sota a que “convoque a una mesa de diálogo con todos los actores para corregir el sistema jubilatorio».
Los gremios se reunirán nuevamente el próximo martes para evaluar el plan de lucha realizado hasta el momento y decidir sobre las medidas de seguir.
Los gremios estatales rechazan el proyecto de ley aprobado el pasado miércoles por la Legislatura provincial, presentado minutos antes y en forma personal por el gobernador De la Sota y que se sancionó en un trámite sumarísimo y sin debate con la mayoría del oficialismo parlamentario.
El principal punto de conflicto de la nueva legislación tiene que ver con posponer por seis meses los aumentos que deben otorgarse a los jubilados cada vez que lo perciben los activos, al entender que se trata de una “reducción salarial” y que a la par “desnaturaliza” el 82 por ciento móvil.