La reglamentación «prohíbe el ingreso a la fuerza policial a personas trans y a aquellas que presenten alguna afección en la salud, alteración o enfermedad en los órganos genitales o mutilaciones en el pene».
Las organizaciones en defensa de los derechos homosexuales, FALGBT y ATTTA, rechazaron «los requisitos discriminatorios» para ingresar a la Policia de Córdoba.
Recordaron que, según la reglamentación de la ley policial 9.728, sancionada en Córdoba en 2010, «se han endurecido los requisitos para el ingreso de aspirantes a integrar la fuerza».
«Los mismos establecen pautas discriminatorias hacia diversos colectivos, especialmente hacia personas trans, inadmisibles en un país que ha legislado la igualdad de oportunidades y trato recientemente», indicaron.
La Federación Argentina de lesbianas, gays, bisexuales y trans y la Asociación de travestis, transexuales y transgéneros de Argentina (ATTTA) rechazaron «enfáticamente» la reglamentación de la ley policial de Córdoba por parte del Gobernador José Manuel de la Sota.
«Dicha reglamentación, publicada en el Boletín Oficial de la provincia, prohíbe el ingreso a la fuerza policial a personas trans y a aquellas que presenten alguna afección en la salud, alteración o enfermedad en los órganos genitales o mutilaciones en el pene», descataron.
Añadieron que, «tampoco se permitirá el ingreso a personas a las que les falte algún dedo en la mano, o que sea renga, gorda, bulímica, tenga labio leporino, sea tartamuda o posea tics.»
Esteban Paulón, Presidente de la FALGBT expresó «es muy grave el decreto reglamentario de la ley policial cordobesa firmado por el Gobernador De la Sota».
«Es áltamente discriminatorio no sólo hacia el colectivo LGBT, sino que constituye una ofensa grave a la sociedad toda. Mientras a nivel nacional y en algunas provincias avanzamos en inclusión del colectivo trans en las fuerzas de seguridad, Córdoba da un paso atrás», opinó.
Por su parte Marcela Romero, Secretaria General de la FALGBT y Presidenta de ATTTA consideró que «parece mentira que a pesar de haber alcanzado la igualdad jurídica con la Ley de Identidad de Género, el gobierno de Córdoba siga discriminando y estigmatizando al colectivo trans de la provincia, en lo que constituye una provocación inadmisible para los tiempos que corren».
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