En este juicio sólo se juzga si las fumigaciones violaron las normativas municipales, provinciales y nacionales, mientras que hay otra investigación en marcha por supuestos casos de enfermedades resultantes de la presunta contaminación.
Los magistrados a cargo del primer juicio en Córdoba por contaminación con agroquímicos visitaron el barrio Ituzaingó, de la capital cordobesa, donde se denunciaron decenas de casos de personas damnificadas.
La recorrida fue efectuada por los jueces junto con representantes de las partes de este juicio, que puso en el banquillo a dos productores sojeros y un piloto fumigador.
Los miembros de la Cámara Primera del Crimen de la ciudad de Córdoba sólo pudieron observar parcialmente la zona debido a la neblina que reducía la visibilidad.
«El clima no acompañó porque no pudimos ver cuál es la distancia que hay con un alambrado (que marca el comienzo de algunos campos). Lo vamos a hacer en otro momento, acompañados por las partes, sin testigos», aseguró a la prensa Lorenzo Rodríguez, presidente del tribunal.
No obstante, los magistrados pudieron hacer preguntas a algunos testigos, como Sofía Gatica, respecto de si en el lugar había sembradíos de soja entre 2004 y 2008, lapso que enmarca los hechos sobre los cuales versa el juicio.
Durante la inspección, algunos vecinos también se quejaron, porque -manifestaron- si son ciertas las denuncias públicas sobre contaminación en la zona, «la Municipalidad tiene que verificar concretamente si es así y tomar medidas».
Luego, los jueces, las partes y los funcionarios judiciales regresaron a la sede de Tribunales II, en la capital provincial, para continuar con la ronda de testimonios previstos.
Fuentes del tribunal revelaron que los alegatos serían escuchados el 28 de junio y el fallo se conocería después de la feria judicial de invierno, que en Córdoba será del 1 al 15 de julio.
Para este juicio fueron unificadas dos causas, y los imputados son los productores Jorge Gabrielli y Francisco Parra, además del piloto Edgardo Pancello.
Gabrielli y Parra, dueños de campos de soja próximos al barrio Ituzaingó Anexo, están imputados como presuntos instigadores de contaminación ambiental, según el artículo 55 de la Ley 24.051.
Mientras que a Pancello, por sus fumigaciones aéreas a baja altura, se le imputa haber sido el autor de contaminación ambiental por el uso de sustancias peligrosas para la salud humana.
Los hechos que examina el tribunal ocurrieron presumiblemente cuando la Municipalidad de Córdoba ya había declarado a la población de Ituzaingó Anexo en emergencia sanitaria, entre otras razones, por la presencia de productos agroquímicos contaminantes.
Según la acusación, en las fumigaciones se utilizaron endosulfán y glifosato, en violación a la Ley 9164, de Agroquímicos de Córdoba, que prohíbe la aplicación aérea de esos productos en un radio menor respectivamente a 1500 y 500 metros de distancia de las zonas urbanas.
En este juicio sólo se juzga si las fumigaciones violaron las normativas municipales, provinciales y nacionales, mientras que hay otra investigación en marcha por supuestos casos de enfermedades resultantes de la presunta contaminación.
Una de las impulsoras de la causa fue Sofía Gatica, vecina del barrio Ituzaingó Anexo, hecho por el cual, en abril pasado, fue distinguida con el premio ambiental estadounidense Goldman.