Con el objetivo de promover el debate sobre temas claves en la reforma de la ley de estupefacientes 23.737.
que el debate sobre la nueva ley de drogas alcance a toda la sociedad, se lanza la campaña “15 Ideas por una nueva ley de drogas”. Esta acción, impulsada por la asociación civil Intercambios, se desarrollará hasta el próximo 7 de junio en redes sociales, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil y legisladores nacionales. Esta idea llega justo en el momento en que nuestra provincia intenta abocarse a la temática que nos convoca. ¿Qué fin tiene esta campaña? La campaña tiene como fin promover la difusión de una serie de propuestas en temas clave como despenalización del consumo personal y el auto-cultivo, atención integral a los usuarios de drogas y sanciones diferenciadas para los distintos eslabones del tráfico. Es necesario que estos puntos se incorporen al debate de las políticas de drogas de cara a la reforma de la ley de estupefacientes 23.737. Con el lema “Nueva ley de drogas. Yo apoyo”, la imagen de la campaña es una esfera de diversas puntas de colores, a modo de globos de voces que circulan en el debate. La invitación a participar en las redes sociales es desde el llamado a “Sumate. Cambiemos” como propuesta a conocer, difundir y animarse a promover una ley de drogas que tenga en cuenta a los usuarios como sujetos de derechos y coloque en primer lugar al debate sobre los modelos de atención de la salud. Las15 ideas están organizadas en tres grandes grupos (despenalización, tráfico y salud) cuya difusión se acompañará de comunicados de prensa, mensajes animados por correo electrónico con información clave y actualización de la web de la ONG Intercambios y facebook de la Campaña. Sintetizaremos las 15 ideas para debatir, adherir y difundir:
1 Despenalizar la tenencia de drogas para consumo personal. El uso de drogas es un acto privado y tener drogas para el propio consumo no debe ser delito. 2 Eliminar las medidas de seguridad educativa y curativa de la Ley de Estupefacientes. La educación y la salud son derechos y no pueden convertirse en castigo aplicado por la Justicia penal. 3 Despenalizar el cultivo para consumo personal. El cultivo doméstico y las iniciativas reguladas de asociaciones de cultivadores de cannabis son una forma de evitar la cadena de tráfico y delito. 4 Precisar las figuras de “tenencia simple” y/o “tenencia con fines de comercialización”. Es necesario especificar parámetros sobre circunstancias, conexiones con redes de producción y tráfico y otras evidencias. 5 Atenuar la escala penal para los pequeños actores de la cadena del tráfico. Los eslabones más bajos suelen ser personas muy pobres que reciben castigos como si fueran parte del crimen organizado. 6 Modificar el Código Aduanero para atenuar la escala penal por contrabando a las llamadas “mulas”. Una persona que transporta una pequeña cantidad por la frontera puede ser condenada hoy a 16 años de prisión. 7 Mantener despenalizados la tenencia y el uso de la hoja de coca en su estado natural. Estas conductas no son delito en la Argentina y este posicionamiento respetuoso de los usos culturales debe continuar. 8 Crear un Programa Nacional de Atención Integral para Usuarios de Drogas. Se debe garantizar el acceso universal a servicios de prevención, tratamiento, rehabilitación, reducción de daños e integración social. 9 Priorizar los tratamientos ambulatorios y los distintos dispositivos alternativos a la internación. La atención a los usuarios de drogas debe realizarse en consonancia con la ley de Salud Mental 26.657. 10 Asegurar que los dispositivos de atención a usuarios de drogas estén basados en fundamentos científicos y ajustados a principios éticos (Ley 26.657, Art. 7 c). Los servicios deben evitar la discriminación y favorecer el acceso a los tratamientos de comprobada eficacia. 11 Incluir las estrategias de reducción de daños en las políticas de atención integral a usuarios de drogas. Es necesario asegurar la diversidad y amplia gama de servicios de atención. 12 Respetar el derecho de toda persona que usa drogas a elegir el momento y el tipo de dispositivo de atención. No deben ser obligadas a iniciar, suspender o aceptar un determinado tratamiento. 13 Facilitar el acceso irrestricto a la atención de la salud de las personas privadas de libertad con consumo problemático de drogas. El acceso debe ser a servicios similares a los disponibles en su comunidad. 14 Fortalecer los mecanismos de control estatal de los servicios destinados a usuarios de drogas. Es responsabilidad del Estado garantizar la calidad de los tratamientos y el respeto de la dignidad de las personas atendidas. 15 Formalizar mecanismos de participación social en el diseño de políticas y programas de atención. Es necesario involucrar a la sociedad civil, la academia y los usuarios de drogas.
LIC ELENA FARAH