En un proyecto elevado a la Unicameral, el legislador juecista Roberto Birri pidió al Ministerio de Justicia que informe «los procedimientos impulsados para identificar y controlar el desenvolvimiento social de los delincuentes sexuales»
Birri solicitó, además, que se notifique «si se han realizado campañas de prevención y qué programas de asistencia y tratamiento psicológico se han puesto en marcha, a fin de facilitar la rehabilitación y evitar la reincidencia de los condenados por delitos sexuales»
Desde el bloque opositor también pidieron conocer los datos sobre «el comportamiento de la delincuencia, la cantidad de Inscriptos en el Registro desde su implementación y la tasa de reincidencia».
El Registro Provincial de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual debía confeccionar anualmente «estadísticas relativas al comportamiento de la delincuencia, tasas de reincidencia detectadas o cualquier otro dato de interés que surja del análisis de los datos consignados».
La ley fue sancionada el 16 de septiembre de 2009 y se creó un programa provincial de Identificación, seguimiento y Control de Delincuentes Sexuales y de Prevención de Delitos Contra la Integridad Sexual.
En aquel momento, «el oficialismo fundamentaba que la necesidad de la norma radicaba en contener en un Registro todos los datos identificatorios del sujeto cuestionado, incluyendo exámenes de ADN, que pudieran ser utilizados por la policía en la investigación de futuros crímenes en contra de la integridad sexual de las personas».
Se explicitaba, además, que “todos los delincuentes incorporados al registro, están obligados a notificar periódicamente su lugar de residencia y cualquier cambio que se produzca en tal sentido, con antelación a la concreción del mismo”.
También se aseveraba que «en nuestra provincia se ha debido lamentar innumerables hechos de este tipo, y también está plenamente demostrado, a través de distintos casos registrados tanto en Argentina como en diferentes países del mundo, que los sujetos condenados presentan una gran dificultad para su rehabilitación, convirtiéndose con mucha asiduidad en reincidentes y por lo tanto considerados de alto riesgo para la sociedad».
Birri añadió en su fundamentación que la finalidad principal del registro era facilitar el accionar de la Justicia en la resolución de aquellos casos en que se hubieren cometido delitos de carácter sexual y «posibilitar a su vez la consecuente aplicación de las penas correspondientes a los autores de estos crímenes, atendiendo a la especial circunstancia de que un gran porcentaje de ellos resulta ser reincidente en este tipo de delitos»