Opinión – Por Pablo Callejón – Fue este gobierno el que avaló la suba de fondos, aún cuando deba parte de lo prometido. Las obras que la actual conducción de Bomberos realizó en oficinas y salones de actos se desarrollaban mientras el Ejecutivo resolvía respaldar nuevos incrementos.
La ordenanza 1442/12 promulgada en el boletín oficial de febrero obligó al municipio a un aporte extraordinario para Bomberos Voluntarios fijado en 926.398 pesos. El monto, según indica el artículo 1º, exigía el pago en “cuotas mensuales, iguales y consecutivas” de 92.639 pesos a partir de marzo.
El fondo debía ser destinado “al mantenimiento de la institución, Defensa Civil, la Central de Emergencias y gastos que pudieran generarse durante la temporada de incendios y condiciones climáticas que atentan a la salud y seguridad de la población”.
Una ordenanza anterior, la 1135/11 aprobada en el primer semestre de 2011, había fijado un aporte de 208.800 pesos en 4 cuotas mensuales de 77.200 pesos. Del total, 148.800 pesos iban a surgir del Fondo de Inclusión Social y Educativo, 60 mil del Fondo de Seguridad Ciudadana y 100 mil del Fondo de Desarrollo Productivo.
El 9 de septiembre pasado, Bomberos hizo la primera denuncia por incumplimientos de pago y cuentas en rojo, lo que derivó en una asamblea de la que participaron representantes de instituciones de la ciudad y concejales, entre quienes se encontraban el ahora secretario de Gobierno Fabricio Pedruzzi y la presidenta del bloque oficialista Viviana Pomiglio. Allí surgió, por primera vez, la opción de crear una tasa fija para un “financiamiento permanente”. El resultado, sería la creación y posterior ampliación del Fondo de Desarrollo Institucional y Social, que destinaba también recursos para vecinales y organizaciones sociales.
La escalada de reclamos de Bomberos y los cruces con el municipio derivaron 8 meses después en una eventual caída del convenio de la Central de Emergencias, la amenaza de poner fin al acuerdo por Defensa Civil y la polémica advertencia que lanzó el presidente de la asociación, Ignacio Puelles, quien afirmó en diálogo con Telediario que será afectado el servicio de Bomberos y “los jefes de las unidades deberán determinar las condiciones en las que se acude a cada incendio de pastizales”. Una cuestionable señal que suma el riesgo por bienes y vidas humanas.
Desde Bomberos argumentan que debieron interrumpir la capacitación práctica de los agentes y no hay cómo sustentar el mantenimiento de maquinarias. Además, destacaron que existe una deuda municipal actualizada al 7 de mayo de 566.183 pesos, en la que se incluyen hasta los 20 mil pesos del premio del último Carnaval, que nunca fue abonado. La Provincia adeuda otros 70 mil pesos por cuotas atrasadas del Plan Provincial de Manejo del Fuego.
En el Ejecutivo reducen las cifras de la mora a poco más de 300 mil pesos y apuntan contra el uso que realiza la conducción de Bomberos sobre los aportes de todos los riocuartenses. Para el gobierno, el presidente de la entidad infla los valores de la deuda, destina recursos a “lujosas oficinas” y apela a una utilización política del reclamo.
Puelles es un militante del peronismo, que fue candidato a concejal de Jorge Méndez, un histórico del PJ local que se alió con el intendente Juan Jure y continuaría en el futuro gabinete municipal.
El primer cruce que Puelles mantuvo con el municipio no fue por fondos para Bomberos sino por la denuncia que el Edecom, a cargo del propio Méndez, le realizó por “chapear e impedir” el control de agentes y efectivos policiales en una quinta donde se le vendía alcohol a menores.
Puelles se convirtió en un personaje esquivo al gusto del intendente Juan Jure y la relación entre dos instituciones clave de la ciudad solo sumó tensión y distanciamiento.
Revisión de fondos
En momentos en que la crisis alcanza su pico de gravedad y las partes avanzaron en posturas de virulencia mediática sin abrir marcos de negociación, el municipio asegura que hará una revisión del gasto de Bomberos.
La asociación es una entidad con autonomía para definir sus autoridades y generar mecanismos de gestión, pero la utilización que realizan de dinero que emerge de las arcas del Estado, es decir, de todos los vecinos de la ciudad, requiere de una mirada minuciosa que garantice la transparencia. Sin embargo, los controles no deben estar atados al oportunismo de una pelea que parece adquirir tintes personales y se aleja de la solución real.
El municipio creó dos ordenanzas con aumentos sustanciosos de partidas que debieron haber incluidos las inspecciones de gastos que hoy se exigen. Fue este gobierno el que avaló la suba de fondos, aún cuando deba parte de lo prometido. Las obras que la actual conducción de Bomberos realizó en oficinas y salones de actos se desarrollaban mientras el Ejecutivo resolvía respaldar nuevos incrementos. ¿Si había un cuestionable uso de la plata en Bomberos, por qué seguir avalando esas políticos con aportes extras? La sensación que queda es que nunca se controló y se decidieron respaldar números que el municipio hoy critica en medio de un conflicto que no supo prevenir ni logra contrarrestar.
Juez y parte
El Estado aparece siempre limitado en poder intervenir sobre índices de servicios que dependen directamente de los fondos oficiales. La Sociedad Anónima de Transporte exige subas de tarifas con registros de costos e insumos que surgen de la propia empresa, sin la mirada independiente de otros organismos de evaluación. El análisis prometido de la Facultad de Ciencias Económicas Universidad Nacional de Río Cuarto, no se concretó. Igual interrogante provoca el canon mensual por el servicio de recolección de residuos que Cotreco llegó a prestar con menos personal. El resultado de la aplicación de las fórmulas polinómicas emerge como poco creíble porque se desprende de indicadores que no pueden ser cotejados.
El destino de los recursos y el análisis sobre su uso resultan vitales en el debate por la ampliación del impuesto del Fondo de Obras Públicas y el Fondo Social a servicios de consumo, como el cable, la telefonía e internet, que tendrán siempre un mayor impacto en las clases medias y bajas, que en los sectores de altos recursos. También la Municipalidad debe asumir el rol de inspeccionar la utilización de la plata que se deriva a los bomberos, las vecinales, la empresa de transporte, Cotreco ó las organizaciones sociales que dependen de subsidios oficiales.
Lo que no debería ocurrir, es que el control se reduzca a una amenaza tardía en medio de una polémica por servicios que terminan cercados por peleas de ocasión.
Ni la amenaza de Puelles sobre la selectiva intervención en incendios ni la advertencia de Pedruzzi sobre el uso de los recursos parecen ir a la cuestión de fondo. ¿Cuánto se le debe a Bomberos? ¿Casi 600 mil pesos ó la mitad? ¿El dinero se gasta en apagar incendios ó en oficinas más cómodas para los directivos? ¿Cómo se prioriza el gasto público que pone en riesgo un servicio fundamental? ¿El municipio sabe a dónde destina los fondos ó se acuerda de controlar cuándo no puede pagarlos?
Ahora que no hay campañas ni escrutinios electorales, la verdad numérica y discursiva debería tener pretensiones más claras. La pirotecnia verbal no surge como el mejor camino en un conflicto donde parecen jugar con fuego.
Por Pablo Callejón (callejonpablo@yahoo.com.ar)
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