Hacinamiento, deficiencias estructurales, corrupción y negligencia hacen que en buena parte de las cárceles se violen los derechos de los presos y no cumplan con su función de readaptarlos, concluyó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en un informe conocido hoy.
Buena parte de las cárceles de las Américas no cumplen, entre otras muchas carencias, con su función de readaptar a los presos a la sociedad, y «son ámbitos carentes de monitoreo y fiscalización en los que impera la arbitrariedad y la corrupción», evaluó hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El hacinamiento, «serias deficiencias» estructurales, la corrupción y, en general, la «negligencia estatal» hacen que en buena parte de las cárceles de las Américas no sólo se violen los derechos fundamentales de los presos, sino que éstas no cumplan su función de readaptarlos a la sociedad, dijo la CIDH.
La sobrepoblación, las «deficientes» condiciones de reclusión y los «altos índices» de violencia carcelaria, unidos a la «falta de control efectivo de las autoridades», son otros de los problemas «más graves y extendidos» en las cárceles de la región.
El informe también destaca el «empleo de la tortura con fines de investigación criminal» y el «uso excesivo de la fuerza» y de la detención preventiva como datos negativos.
Así lo sostiene la CIDH en su primer «Informe sobre los Derechos Humanos de las Personas Privadas de Libertad en las Américas», presentado este jueves en Washington y reproducido por la agencia DPA.
En el texto, el organismo de derechos humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) también denuncia la ausencia de medidas efectivas para la protección de grupos vulnerables y la falta de programas laborales y educativos, además de «corrupción y falta de transparencia en la gestión penitenciaria».
Todo ello demuestra la existencia de «serias deficiencias estructurales» que «afectan gravemente a derechos humanos inderogables» como el derecho a la vida y la integridad personal de los reclusos, apunta la CIDH.
Añade que esta situación además impide que en la práctica las sentencias de cárcel cumplan con su «finalidad esencial: la reforma y readaptación social de los condenados, algo especialmente grave dada la juventud de buena parte de la población carcelaria».
Este hecho «hace aún más imprescindible el que se desarrollen políticas efectivas de rehabilitación, que incluyan oportunidades de estudio y trabajo, ya que se trata de una población que puede tener una vida productiva por delante y que, de no ser así, corre el riesgo de permanecer en un ciclo de exclusión social y reincidencia criminal», advierte en su informe.
Para la CIDH, esta realidad generalizada de las cárceles de la región es resultado tanto de «décadas de desatención del problema carcelario» por parte de los gobiernos de la región, como por una «apatía de la sociedad» que prefiere «no mirar» hacia el problema carcelario.
Ello hace que estos centros de privación de libertad se hayan convertido en «ámbitos carentes de monitoreo y fiscalización, en los que impera la arbitrariedad y la corrupción», alerta la CIDH.
La falta de un «control efectivo» de los centros penales por parte de las autoridades estatales provoca además «graves» situaciones, como el «autogobierno» o de «gobierno compartido» de las cárceles, producto a su vez también de la «corrupción endémica en muchos sistemas».
Asimismo, es una de las causas de los altos índices de violencia carcelaria y de que desde las cárceles se organicen y dirijan hechos delictivos, agrega la Comisión.
Las cárceles latinoamericanas han sido reiteradamente noticia en los últimos meses, entre otros por dramas como el incendio que se registró a mediados de febrero en el centro penal de Comayagua, en Honduras, en el que murieron más de 300 personas.
«Independientemente de que la causa inicial de estos incendios haya sido un brote de violencia (…) o que se hayan generado espontáneamente por otras razones, la mayoría se produjeron en cárceles sobrepobladas, con instalaciones físicas deterioradas, en las que no había mecanismos ni protocolos para hacer frente a estas situaciones», concluye la CIDH.