El Gobierno hizo caducar todos los convenios y prohibía la extracción hasta que haya un nuevo empadronamiento.
El secretario de Desarrollo Urbano Claudio Miranda recibió a la Cámara de Areneros de Río Cuarto que no podrá continuar con la actividad debido al secuestro de maquinarias por parte de la Provincia y el freno a la extracción de áridos, hasta que se realice un nuevo empadronamiento de empresas y particulares que realizan la actividad.
Tras plantear la problemática al funcionario pidieron una reunión con el intendente Juan Jure, que se concretará este martes al mediodía.
El pasado viernes, el Gobierno de la provincia de Córdoba resolvió la caducidad de todos los permisos otorgados hasta el día de la fecha para la extracción de áridos, y la obligación de un nuevo empadronamiento para los interesados en realizar la actividad.
La determinación a través del Decreto N° 43, “involucra a todos las explotaciones que hayan obtenido autorización remitida por la entonces Subsecretaría de Recursos Hídricos para extraer áridos dentro de la línea de ribera de los ríos y arroyos, planicies de inundación o zonas inundables, zonas de riesgo hídrico y cotas de coronamiento para los lagos de la provincia”. También abarca a municipios, comunas y comunidades regionales que hayan sido acreedores de estos permisos.
La norma también prevé “la resolución de los convenios vigentes sobre descentralización de funciones, contemplando a aquellos que se hayan celebrado entre los anteriores entes gubernamentales provinciales y municipios, comunales, comunidades regionales y organizaciones no gubernamentales”.
“Esta iniciativa se funda en la necesidad de asegurar el cumplimiento de lo dispuesto por el Código de Aguas de la provincia (Ley N° 5589), marco al que se deberán ajustar las autorizaciones futuras, propiciando el ordenamiento integral y la actualización catastral de las mismas”, aseguró Marcelo Cámara, Secretario de Recursos Hídricos de la provincia.
De este modo, el Ministerio de Agua, Energía y Ambiente de la provincia “podrá ejercer un control adecuado sobre las explotaciones que se otorguen, previo el empadronamiento y habilitación correspondiente, teniendo como objetivo la preservación y equilibrio de los sistemas hídricos superficiales como también la prevención de efectos perjudiciales ante el exceso hídrico como consecuencia de extracciones incorrectas o excesivas de áridos”.