El Gobierno anunció ayer que este año pondrá en marcha la reducción de hasta 20 meses en la condena a prisión de los detenidos que resuelvan completar sus estudios, sin aclarar si este beneficio se hará extensivo a los involucrados en cualquier clase de delitos. La medida fue comunicada por el ministro de Justicia, Julio Alak, quien aseguró que la iniciativa “es inédita en la historia argentina, que busca incentivar a las personas privadas de su libertad a capacitarse para lograr una reinserción social plena” una vez afuera.
Alak afirmó que “está probado que la formación de los condenados reduce significativamente los niveles de reincidencia en el delito”.
Según se informó, casi 65 por ciento de la población carcelaria federal se encuentra cursando “en el sistema educativo formal en los niveles primario, secundario, terciario y universitario de grado y posgrado”.
En tanto, en Córdoba, de los presos que no completaron los 13 años de educación obligatoria –el 89,3 por ciento–, sólo 43,7 por ciento cursa el primario o el secundario en la cárcel, según datos del Ministerio de Justicia provincial publicados por este diario en noviembre pasado. Es decir, seis de cada 10 de ellos están fuera del sistema formal de enseñanza. La cifra representa 39,1 por ciento del total de la población carcelaria (5.824 personas) de la provincia.
Fuente: La Voz del Interior