El Gobierno informó que se elevó a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) una denuncia de las ocho cámaras de transporte de pasajeros y de carga, por presunto abuso de posición dominante en el mercado de combustibles por parte de cinco empresas, «con sobreprecios por 3.500 millones de pesos anuales».
Las denunciadas por las empresas transportistas son las petroleras Repsol-YPF, Shell, Esso, Petrobras Argentina y Oil, que ahora serán investigadas por Defensa de la Competencia, informó en conferencia de prensa el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, junto con el vicepresidente de la Nación, Amado Boudou.
El encuentro con la prensa se desarrolló en el microcine del Palacio de Hacienda, y también participó el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi.
De Vido pidió «que se investigue en profundidad esta distorsión del mercado que afecta al servicio público de cargas y pasajeros», con diferencias en los precios que «llegan hasta 30 por ciento del precio de gasoil a granel».
Agregó que el Estado apunta a «combatir y terminar con los monopolios y grupos de poder que distorsionan las variables del mercado» de combustibles, para garantizar «que toda la población tenga acceso al transporte público».
En ese sentido, remarcó: «Como Estado hemos adoptado y desde el Poder Ejecutivo llevamos adelante el deber de combatir y terminar con los monopolios y grupos de poder que distorsionan las variables del mercado, como se hizo con la Ley de Comunicación Audiovisual».
Consideró que “hay una grave situación distorsiva del mercado de provisión de combustible que afecta al servicio de transporte público», y que el Estado debe «garantizar que toda la población tenga acceso al servicio de transporte público».
Apeló “a la mejor buena voluntad» de las compañías investigadas «para encontrar una rápida solución a este problema», ya que el combustible es subsidiado y se busca que el beneficio sea «para 40 millones de argentinos y no para cinco empresas».
Al respecto, aludió al presidente de Shell, Juan José Aranguren, de quien dijo «ha sido un sistemático opositor, no sólo a las medidas de política energética sino a todas las políticas y al gobierno nacional», y pidió por eso que las autoridades regionales de la firma colaboren en esta investigación.
A su turno, el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, cuestionó la diferencia de precios en la venta de combustibles a granel frente al expendio minorista, y mostró facturas de transportistas del área metropolitana, Córdoba y Salta que revelan variaciones de hasta 30 por ciento.
Allí Schiavi también señaló que esto constituye «una clara muestra de sobreprecio», que en promedio es de 8,4 por ciento y representa unos 3.500 millones de pesos anuales, lo cual «le quita sustentabilidad al transporte».