La Sala II de la Cámara dijo que no se justifica mantener detenidos a los procesados, ya que el prolongado tiempo que lleva el sumario se debe a “deficiencias” de la investigación y no a la complejidad de la causa, uno de los argumentos de Oyarbide.
El dirigente bancario y ex titular de la obra social del gremio, Juan José Zanola, pagó la fianza de 700.000 pesos y quedó en libertad tras estar 25 meses preso por la causa de la llamada “mafia de los medicamentos”.
La suma en efectivo fue depositada en una sucursal del Banco Ciudad por su abogado, Martín Badalá, quien formalizó la gestión en la oficina del juez federal Norberto Oyarbide, en el Tribunal Federal de Retiro.
El abogado depositó también las cauciones correspondientes a la mujer de Zanola y ex administradora del Policlínico Bancario, Paula Avallay, y a su colaboradora Susana Fiona, ambas de 300.000 pesos cada una.
Los tres fueron liberados apenas concluyeron todos los trámites procesales en distintos pabellones del penal de Ezeiza donde estaban alojados.
En cambio, otro de los beneficiados por la decisión de la Cámara Federal, el empresario Néstor Lorenzo, anunció por intermedio de su abogada Claudia Balbín que no está en condiciones de depositar los 700.000 pesos fijados ni ofrecer bienes inmuebles para materializar la excarcelación, por lo que apelaría el monto.
Por su parte, el financista Ivar Pérez Corradi depositó los 100.000 pesos que Oyarbide estableció como caución y también fue puesto en libertad.
La libertad de los últimos procesados presos en esta causa se realiza sin perjuicio de la continuidad de la causa, que tiene una treintena de imputados, pero llegarán en libertad al juicio.
Zanola está procesado como presunto jefe u organizador de una asociación ilícita para comerciar medicamentos adulterados, vencidos o robados, un cargo que también corre para Lorenzo, en tanto las dos mujeres serían participes necesarias de esa operatoria.
La Sala II de la Cámara dijo que no se justifica mantener detenidos a los procesados, ya que el prolongado tiempo que lleva el sumario se debe a “deficiencias” de la investigación y no a la complejidad de la causa, uno de los argumentos de Oyarbide para prorrogar por un año las prisiones preventivas.
Las “demoras”, de acuerdo a los camaristas Martín Irurzun, Horacio Cattani y Eduardo Farah, surgieron por la “deficiente técnica investigativa” y no por “la propia naturaleza de los hechos investigados”.
Agregaron que, para extender la prisión preventiva más allá de dos años, “no sólo debe verificarse la concurrencia de riesgos procesales sino que también debe demostrarse por qué, en una investigación en la que la detención ya ha superado el plazo aludido, su continuidad es inevitable para garantizar su finalidad”.