Jure consideró que desde el PJ «pretenden instalar la sospecha en cada acto de gobierno»

El mandatario escribió una carta de opinión en el matutino local, tras la polémica subasta de dos inmuebles municipales. «La Política no es un vale todo, hay que tener también honestidad intelectual y corregir los errores posibles con fundamentos sólidos», argumentó.

En una nota de opinión enviada al matutino PUNTAL, el intendente Juan Jure consideró que desde el PJ «pretenden instalar la sospecha en cada acto de gobierno».
El mandatario escribió la carta tras la polémica subasta de dos inmuebles municipales que terminó en escándalo por la intervención del Colegio de Martilleros.
«La Política no es un vale todo, hay que tener también honestidad intelectual y corregir los errores posibles con fundamentos sólidos», opinó.

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El brutal procedimiento efectuado por el apoderado del Colegio de Martilleros de la Provincia de Córdoba en momentos que en el Salón Blanco se llevaba a cabo la subasta pública ordenada por la Municipalidad de dos importantes inmuebles, implica de parte de sus protagonistas un verdadero desprecio por la ley y por la comunidad de Río Cuarto, sobre todo cuando alegan hipócritamente que lo hacen en nombre de la ley que los agrupa.
Se dice la verdad de una sola manera. Pero se miente de muchas. Si en verdad les asistían razones de orden legal – como manifiestan – debieron recurrir a la Justicia para proteger sus eventuales derechos, y no como hordas salvajes en busca del botín. Por ello debo ratificar el procedimiento de la subasta pública administrativa que se realizó dentro de un marco de legalidad y transparencia.
El procedimiento de selección del martillero designado se encuentra regulado en la ordenanza 666/94 y sus distintas reglamentaciones establecidas en los decretos 1434/94, 91897 y el 2811/07, complementados por la ordenanza N° 1278/11 y su decreto reglamentario N° 3417/11; de tal suerte la designación establecida en el art 5° apartado “a” del martillero Diego Matías Semprini, se lo efectúa sujeto a condición de que el mismo, al momento de aceptar su designación renuncie a la comisión del 3% a cargo de la Municipalidad, no así del 3% a cargo del comprador que resulte de la subasta. Esta condición impuesta por la Municipalidad al martillero Semprini para su designación, y su renuncia al 50% de la comisión de ley a cargo de la Municipalidad, es total y absolutamente legal, por cuanto no siendo la ley 8102 de martilleros de “orden público”, el colegiado – Semprini- puede renunciar voluntariamente a ese beneficio y acordar libremente sus honorarios. Así lo establece la propia ley Nacional N° 24.432 al modificar el art. 1627 del Código Civil cuando dispone “Las partes podrán ajustar libremente el precio de los servicios, sin que dicha facultad pueda ser cercenada por leyes locales…”. Esta disposición legal, se encuentra en clara armonía con el art. 14° inc. “a” de la ley 8102 cuando dispone expresamente que los martilleros podrán: “Percibir los honorarios devengados a su favor, conforme lo convenido con el comitente, o los que correspondan de acuerdo al arancel fijado en la presente ley”. Es decir lo convenido entre la Municipalidad y el martillero designado, es totalmente legal y tiene un solo objetivo: favorecer el interés general de la comunidad. Esto es así por cuanto el erario público se ahorra una suma superior a los trescientos mil pesos ($ 300.000). La ley puede gustarnos o no; coincidir con nuestras convicciones o no. Pero cumplir con la ley, no es opcional. La ley es de cumplimiento obligatorio. Según el diccionario, ley es: “regla y norma constante e invariable de las cosas”. Alguien tendría que explicárselo al señor apoderado del Colegio de Martilleros de la Provincia de Córdoba. Cabe preguntarse entonces: ¿cuáles son los intereses que defiende el apoderado del Colegio de Martilleros? ¿Los de nuestra comunidad? Seguro que no, toda vez que nos quiere obligar a pagar $ 300.000 que no corresponde. ¿La de su afiliado? Tampoco, por cuanto desconociendo un acuerdo de libre voluntad entre el mismo y su comitente, lo perjudica al no permitirle cobrar (al suspenderse la subasta) una suma equivalente al 3% del monto a cargo del o de los compradores. Es evidente, que sólo defiende intereses corporativos, en una escandalosa e ilegítima intervención coaccionando a la autoridad para exigirle la no realización de un acto que se estaba ejecutando legalmente en dependencias de la Municipalidad. Por ello he dado instrucciones pertinentes a la Fiscalía Municipal y demás apoderados letrados para que efectúen la denuncia penal correspondiente y la iniciación de las acciones de daños y perjuicios en contra de los responsables de semejante atropello a los intereses de la ciudad. Y por si quedan dudas, aclaro que tampoco corresponde el sorteo del martillero, por cuanto el supuesto no se encuentra previsto en el art 44 de la ley 8102. En definitiva el procedimiento ha sido claro y legítimo.
La desconfianza como hábito, puede ser estimulante para algunos miembros del justicialismo, que pretenden instalar la sospecha en cada acto de gobierno. La honestidad es un requisito esencial en la administración del Estado, pero lo es también en la acción militante de la política. La Política no es un vale todo, hay que tener también honestidad intelectual y corregir los errores posibles con fundamentos sólidos sin tratar de ensuciar livianamente la imagen del que gobierna. El interés de la Municipalidad no es otro que el bienestar de la ciudad como beneficiaria del esfuerzo. A quienes operan de esa manera les recuerdo, que ser exigentes sólo en apariencias es de una gran hipocresía, cuando en realidad esconden sus verdaderos intereses.
Y a mis vecinos, quienes son los destinatarios de mis mejores esfuerzos todos los días, llevarles la tranquilidad de que haremos lo que hay que hacer, inclusive a pesar de los verdugos.

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