Nicolás Rins efectuó la presentación en la fiscalía de Rivero. El pasado 8 de noviembre, representantes del Colegio de Martilleros irrumpieron en el Salón Blanco cuando se iban a subastar dos inmuebles históricos.
El fiscal municipal adjunto realizó esta mañana una presentación contra los martilleros que irrumpieron en la última subasta, para que se investigue si existe responsabilidad penal de los implicados.
El doctor Nicolás Rins confirmó en diálogo con Telediario que la medida surgió «por orden del intendente Juan Jure», luego de la escandalosa irrupción de los representantes del Colegio en la última subasta de dos edificios históricos.
«Nosotros consideramos que hubo un accionar delictivo y por eso hemos efectuado la presentación ante la secretaría de Leticia Barbeani, fiscalía del doctor Julio Rivero», indicó.
Rins señaló que «si es necesario se avanzará no solo en lo penal sino también en lo civil».
Duro cruce
El pasado 8 de noviembre, representantes del Colegio de Martilleros irrumpieron en el Salón Blanco, donde el Ejecutivo buscaba iniciar la subasta de dos edificios históricos y se desató un duro cruce entre abogados de la institución y el fiscal municipal Hernán Di Santo.
El intercambio se desarrolló durante varios minutos y concluyó luego de que el asesor legal del Colegio advirtiera sobre “la nulidad del proceso”.
Finalmente, la subasta quedó desierta debido al desconcierto de una veintena de posibles compradores en el lugar.
Para el secretario de Gobierno Fabricio Pedruzzi señaló a TD Digital que “todo se hizo según las normas y está bien claro”.
Las estructuras están ubicadas en Mendoza y Buenos Aires (ex IMV) y en Sarmiento y Baigorria (ex Tránsito). Los fondos se destinarán a las obras en la ex Aceitera y la construcción del próximo Foro de la Democracia, que funcionará en la Manzana 48.
“La ordenanza de la subasta pública fue aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante y el intendente (Juan Jure) tiene derecho a elegir al martillero que mas confianza le genera y menor costo económico provoca”, indicó.
Pedruzzi sostuvo que “nunca hubo objeciones al modo en el que se iba a realizar la subasta y en esos términos se actuó”.
“Se eleccionó a un martillero con la condición de que represente al municipio, defendiendo los intereses oficiales, con honorarios cero por parte del Estado. Solo percibe lo que aporta el contador”, expresó.
El secretario de Gobierno señaló que “nadie dice que no se va a pagar el monto que debe percibir el Colegio, nosotros solo hablamos de los honorarios del martillero”.
“Ellos defienden el interés del Colegio, es meramente corporativo. Si hay sorteo no hay garantías de que el interés se defienda de igual modo y el costo es de 300 mil pesos. En estos términos, no vamos a ceder ni un centímetro”, aseveró.
Denuncia penal
El Colegio de Martilleros de Río Cuarto había presentado ante la fiscalía de Fernando Moine una denuncia penal contra el municipio y el martillero Diego Semprini y busca frenar la subasta de dos inmuebles históricos.
Según indicaron desde el Colegio “se cometió una doble ilegalidad”. La primera está ligada al anuncio de subasta judicial, pese a que no está regulada por un juez.
La segunda, está relacionada a la cesión del porcentaje de la operación que debía cobrar el martillero por parte del municipio.
El especialista designado por la secretaría de Economía, a través del decreto 3427/11, solo recibirá un 3 por ciento del monto total de la subasta, a pagar por el comprador y debió “ceder” el porcentaje municipal.
Para los asesores legales del Colegio esto es ilegal porque “se resignan los aportes que debe cobrar la institución y nadie puede delegar derechos que no son propios”.
“Esto es nulo y vamos a advertir a los posibles compradores el riesgo de esta operación”, señalaron los letrados en el tercer piso de Tribunales, donde efectuaron la denuncia penal.
Si se concreta la subasta, Semprini recibiría un monto mínimo de 240 mil pesos si las estructuras se venden a 8 millones de pesos, la base que impone la tasación oficial.
«No constituye delito»
Para el fiscal de Instrucción Fernando Moine, la denuncia del Colegio de Martilleros por supuesta ilegalidad de la subasta de dos inmuebles históricos, “en principio, no constituye delito”.
Moine dijo a TD Digital que “los planteos se refutan por el edicto y no había motivos para una medida urgente”
El funcionario judicial recibió esta mañana el planteo de los representantes del Colegio, quienes señalaron que la convocatoria era “nula e ilegal” debido a que se trataba de un planteo “engañoso”.
El fiscal resaltó que “la denuncia fue sobre el horario de una subasta y no se puede decidir en segundos”
“Igualmente, lo denunciado no significa, en principio, que la subasta sea ilegal. Ellos acompañaron la documentación y al argumento lo refuta el edicto municipal”, opinó.
Moine argumentó que en la denuncia, los martilleros sostienen que “había una publicación que promocionaba una subasta judicial, pero el edicto señala claramente que es por cuenta y orden de la Municipalidad”
En relación al canon que debe cobrar el Colegio, “también el edicto dice que se debe pagar el aporte y si esto no ocurre deberán hacer un reclamo civil, pero esto no constituye, en principio, un delito”
– ¿De todos modos, el martillero cede un 3 por ciento que debe pagar el municipio y con su decisión afecta al Colegio?
– En el edicto dice que habrá un pago del canon. El porcentaje para el Colegio podría pagarlo el municipio, el martillero, no lo sé. Nosotros vamos a continuar la investigación, pero el reclamo de cobro no implica suspender la subasta.