Consultora Idesa
Informe
La decisión de prohibir los avisos de oferta sexual fue tomada con el objeto de combatir la trata y la explotación de personas. Sin embargo, la experiencia internacional muestra que la vía más efectiva para combatir los delitos vinculados al comercio sexual es transparentar la actividad. Así, se brinda protección, se facilita el control estatal y se favorecen las denuncias de las víctimas de delitos. La medida es otro caso donde la improvisación y el oportunismo, no sólo que no permite cumplir con los objetivos declamados, sino que genera enormes costos sociales.
Recientemente se sancionó el Decreto 936/11 prohibiendo los avisos de oferta sexual o aquellos que hagan explícita o implícita referencia a la solicitud de personas destinadas al comercio sexual. La finalidad declarada de esta norma es desalentar la trata de personas, la explotación sexual y otras formas de discriminación. El objetivo es incuestionable, dado que la explotación sexual es un delito aberrante. Sin embargo, el instrumento plantea justificadas dudas. ¿La prohibición de avisos de oferta sexual mejora la situación de estas personas o contribuye a potenciar su desamparo?
Holanda es un país reconocido por sus innovadoras políticas públicas en materia de regulación del comercio sexual. En este país, la explotación con fines de prostitución u otras formas de explotación sexual están severamente castigadas en el código penal. Pero el ejercicio de la prostitución, en cualquiera de sus formas, está legalizado, es decir, es considerado un empleo como cualquier otro donde se aplican las normas de protección social y control estatal.
Un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores de Holanda señala que:
En todo el país están registradas más de 25 mil trabajadoras sexuales.
El 65% de la actividad se ejerce en burdeles o en las vidrieras de luces rojas que son una famosa atracción turística, mientras que el restante 35% se desarrolla como servicio personalizado, en la calle o a domicilio.
El 33% de la actividad es ejercido por holandesas y el 67% restante por extranjeras provenientes de unos 44 países.
Las trabajadoras sexuales en Holanda pueden desarrollar su actividad como asalariadas o cuentrapropistas. En general, la preferencia es como cuentapropistas, pero el Ministerio de Trabajo está facultado para determinar si la relación entre el burdel y la trabajadora se ajusta a un relación de cuentrapropismo, o bien, tiene una naturaleza de relación de dependencia. De esto depende si el burdel paga cargas sociales o si la trabajadora paga impuestos como autónoma. Las trabajadoras acceden a controles y atención médica, pueden dejar su empleo o la actividad, y tienen libertad para publicitar su oferta sexual en medios gráficos e Internet.
El informe del Ministerio de Relación Exteriores de Holanda también señala el criterio rector de estas políticas: la mejor forma de combatir la violencia sexual es fortalecer la posición de la mujer. Para ello, es fundamental no prohibir la actividad ya que sólo transparentándola es factible aplicar la ley y el control estatal, como ocurre con los otros empleos. Bajo estas condiciones es más fácil intensificar los controles en los burdeles, bares y clubes, y fundamentalmente promover las denuncias de las trabajadoras sexuales víctimas de los abusos. Sacando de la clandestinidad a las trabajadoras se facilita la detección de abusadores, explotadores e inescrupulosos.
Esta experiencia es altamente indicativa de que un delito tan perverso y rentable como la trata de personas para su explotación sexual, difícilmente desaparezca por el simple hecho de que no pueda publicitarse. Muy por el contrario, induciendo a la clandestinidad se debilita la posición de la mujer, con ello, se dificultan los controles y de esta forma se potencian las oportunidades para los delincuentes. En lugar de apoyar al más débil, el Estado fortalece al explotador quitando visibilidad a la actividad donde actúa.
La erradicación de la trata de personas y de la violencia sexual es un desafío complejo que requiere la unión y el esfuerzo mancomunado de toda la sociedad, sin hipocresías. La experiencia de Holanda sugiere la viabilidad de un cambio de paradigma en el enfoque de este delicado tema, basado en la transparencia para que las mujeres que voluntariamente ejercen el trabajo sexual puedan hacerlo bajo condiciones apropiadas que protejan su libertad, su seguridad y su futuro.
El decreto no sólo peca de voluntarismo e improvisación. Contribuye a potenciar las condiciones de clandestinidad, por lo tanto, su principal consecuencia es que miles de personas que ejercen el trabajo sexual sufrirán un deterioro adicional a las precarias condiciones en que desarrollan su actividad en la actualidad.