¿Se redujeron 8 meses de negociación de un minuto y medio? ¿La acusación solo se reduce al video que anticipó Telediario?
El planteo que utilizó el municipio para intentar minimizar la polémica parece desmoronarse en cada declaración pública de los vendedores. Al menos cinco de ellos reconocieron en declaraciones periodísticas que existieron numerosas negociaciones individuales con ofertas de dinero, terrenos y maquinarias. “Liso” Márquez, aseguró que el video difundido por Federico Fernández “está recortado” porque también se debería escuchar una solicitud “por 100 mil pesos” que habría solicitado el propio Fernández. Añadió que existieron pedidos “de chapas de taxis” para aceptar ser erradicados. El video que anticipó Telediario revela en la voz de Guillermo Aón uno de los episodios, aunque los propios vendedores aseguran que no fue el único.
¿Por qué se buscaron acuerdos individuales?
La explicación oficial es que cada caso tiene particularidades sociales que no podían ser atendidas desde la generalidad y que hubo dos meses de tarea intensiva para reconocer esas realidades. Sin embargo, este argumento habilitaría a que algunos no reciban nada, otros esperen 10 mil pesos y también existan ofertas de “50 ó 60 mil pesos”, como indica el audio.
¿Se ofrecían microcréditos ó subsidios?
Guillermo Aón ha explicado en cada entrevista periodística posterior a la denuncia de los vendedores que siempre hablaron de microcréditos reintegrables. Incluso, la postura había sido notificada a los concejales en la reunión que había mantenido durante la mañana. En el encuentro, expresó que el fondo máximo que pretendían destinar rondaba los 250 mil pesos, según confirmó el edil Guillermo Natali. Algunos vendedores insisten que la promesa era por subsidios.
Más allá del cruce de versiones surgen al menos tres interrogantes: ¿Se puede considerar un microcrédito el aporte de 50 ó 60 mil pesos? ¿Debe incluir un microcrédito la oferta de un terreno? ¿Cómo iban a devolver el dinero los vendedores?
¿Qué parámetros se utilizaban para definir los fondos? ¿Existía un máximo?
Este parece ser uno de las principales dudas del proceso. El audio publicado por Telediario revela que existía un marco de informalidad en las negociaciones. “Se hablaba a calzón quitado y cada uno hacía su propuesta”, reconoció Márquez. Las discusiones habrían incluido -según dijeron los vendedores – cifras que van de los 5 mil a los 100 mil pesos.
¿Cómo se controlarían esos acuerdos?
Aunque Aón había reconocido públicamente y ante los concejales que se evaluaban aportes económicos a través de microcréditos, el alcance de las negociaciones comenzó a revelar algunas características a partir de la polémica que generó la denuncia de los vendedores. El funcionario cuestionado afirmó a Telediario que “está bien como negociamos” y consideró el proceso como “transparente” . Aún se desconoce cuántos acuerdos se habrían alcanzado, quienes finalmente recibirían fondos del municipio, de donde surgirían los recursos y qué criterios definieron cada caso.
¿Existe una intencionalidad política contra Aón?
“Hay intencionalidad política en querer hacer ver a este secretario cometiendo una desprolijidad, cosa que no es tal. No sé quién está detrás, pero hay alguien definiendo la estrategia”, dijo el secretario de Desarrollo Social en diálogo con el matutino Puntal. Sin nombres ni precisiones, el interrogante no parece haber sido develado.
¿Tienen derechos los vendedores para seguir ocupando el espacio público?
Hay una coincidencia mayoritaria, más allá de intereses sectoriales, de que el espacio público debe ser liberado y los vendedores deben acatar la ley.
¿Qué pasará con el proyecto de ordenanza?
El oficialismo intentará la semana que viene imponer la mayoría y aprobarlo. La oposición no daría el aval y pedirá explicaciones a Aón. Desde el Ejecutivo hablan de una adhesión del 98 por ciento de vendedores dispuestos a ir a la Feria, pero los “rebeldes” aseguran que “es una cifra mentirosa”. Quienes trabajan fuera del centro aceptarían el convite y los apropiadores de las calles del microcentro rechazarían la oferta. En cualquier caso, la voluntad loable de recuperar el espacio público usurpado contrasta con las sospechas que se generaron sobre el proceso. Tener un marco legal sobre la actividad es indispensable, aunque el alcance de la normativa es aún incierto.