Natali dijo que «se intentó instalar que el fin justifica los medios». «No todos son inocentes en Río Cuarto», aseveró. Bringas dijo que las negociaciones «nunca fueron avaladas»
Con el voto de los concejales del bloque oficialista finalmenente se aprobó hoy la ordenanza que prohibirá la venta callejera en Río Cuarto y obligará al Ejecutivo a poner en marcha un plan de erradicación de los puestos.
El proyecto incluye la relocalización de los vendedores a la Feria del Progreso, cuyo alquiler de más de 13 mil pesos es abonado desde diciembre del año pasado pese a que el local permanece vacío.
La discusión parlamentaria se produjo después del escándalo por las ofertas económicas a los puesteros realizada por el secretario de Desarrollo Social Guillermo Aón. El funcionario puso a disposición su renuncia luego de que Telediario anticipara el documento periodístico que confirmaba las polémicas negociaciones, pero el intendente Juan Jure lo ratificó en su cargo.
En el recinto, los concejales opositores manifestaron que están de acuerdo con el objetivo de liberar el espacio público aunque señalaron que “no se puede avanzar si Aón no da explicaciones sobre lo sucedido”.
Desde el PJ y el Interbloque lanzaron duras críticas a la propuesta oficial y el modo en el que se negoció con los vendedores.
«Nos enteramos que además de buscar liberar el espacio público paralelamente hubo negociaciones individuales. Nuestra bancada exigía que se conociera la documentación y viniera el secretario de Desarrollo Social para explicar todos los acuerdos a los que llegó y ofreció», señaló Guillermo Natali.
Destacó que «no se trata de discutir si se ofrecieron créditos ó subsidios sino que se intentó convencer a los riocuartenses de que el fin justifica los medios» y subrayó: «no todos son inocentes en Río Cuarto».
«Tomamos conocimiento de esta situación cuando el propio secretario admitió que ofreció importantes sumas de dinero y terrenos para liberar el espacio público. No hay ninguna normativa en vigencia que permita semejante acuerdo», aseveró.
Por su parte, la concejal Claudia Bringas manifestó que «estas negociaciones nunca fueron avaladas por este Concejo Deliberante»
«Nunca se discutió de donde vamos a sacar la plata, de que parte del presupuesto ni cuándo se va a implementar. Este exceso de discrecionalidad genera esta discusión», afirmó.
El presidente del bloque del PJ, Víctor Núñez, le pidió al Intendente «que haga gala de una verdadera responsabilidad ejecutiva porque ahí va a estar demostrado cuál es el peso de la responsabilidad de haber sido elegido para gobernar por la mayoría del pueblo de Río Cuarto».
Sin ordenanza
Desde el oficialismo, el concejal Fabricio Pedruzzi hizo una extensa alocución en la que defendió el trabajo que realiza el Ejecutivo en la mejora de la circulación por las veredas y calles de la ciudad.
Pedruzzi recordó el programa de ampliación de aceras en el microcentro y otras medidas que apuntan a «facilitar el paso de ancianos, mujeres embarazadas y discapacitados».
«Es prioritario que los ciudadanos puedan circular con seguridad por las veredas. Con el crecimiento poblacional resulta dificultoso pasar por algunos lugares del centro y debemos generar las condiciones. Por esto debe velar el Estado», afirmó.
Añadió que «el Ejecutivo debe relocalizar, fijar plazos y sectores para que la actividad esté permitida».
«Las nuevas acciones que se generen estarán normadas y con la vía pública garantizada para los fines que fue creada», expresó.
Esta semana, Pedruzzi afirmó que los convenios que se pacten con los vendedores deberán ir al Concejo Deliberante para su aprobación ó deberá crearse una ordenanza macro que los regule. De esta forma, confirmó que las negociaciones iniciadas por Aón no tenían un respaldo legal porque no se trataba de microcréditos, como se dijo inicialmente desde el municipio, sino que los montos ofertados superaban los 50 mil pesos e incluían terrenos.
Por etapas
Con la aprobación de la ordenanza el intendente estará obligado a iniciar un plan de erradicación, que podría concretarse por etapas. Jure dijo que se terminó el tiempo del diálogo y no descartó pedir la intervención de la fuerza pública si se mantiene el rechazo de algunos vendedores.
Los trabajadores callejeros insisten en que tienen “derechos adquiridos” por las habilitaciones otorgadas durante el gobierno de Antonio Rins y ya realizaron evaluaciones legales para una eventual presentación en la Justicia.