Con el tiempo como condicionante en un conflicto que no parecía cerrarse nunca, se plantearon alternativas para erradicarlos que se parecieron a un atajo. En el Ejecutivo se impuso la decisión de poner punto final a la venta callejera cueste lo que cueste. Y ese parece ser el problema.
Luego de que Telediario anticipara el audio grabado por un vendedor callejero, en el que se escucha al secretario de Desarrollo Social Guillermo Aón realizando la oferta de dinero y un terreno para que uno de lo interlocutores pudiera tener su propia fábrica de camisetas, desde el Ejecutivo se intentó minimizar el alcance revelador del documento y justificaron la metodología de negociación.
Se indicó que concejales y empresario sabían que el Estado ofrecería “microcréditos” para garantizar la continuidad laboral de quienes debían abandonar la calle y se reconocieron arreglos individuales “porque cada realidad era distinta y no todos podían devolver lo mismo». Se insistió en este último concepto: el aporte debía ser devuelto, aunque no se precisaba cómo y bajo qué condiciones.
En el Palacio de Mójica consideran que algunos vendedores son tipos difíciles, con códigos volátiles que ya habían hecho fracasar el primer acuerdo.
Los funcionarios aseveraron que el municipio no intentó comprar voluntades sino que apostó por una solución que contemplara un resguardo social para quienes viven de un puesto y no apelan al asistencialismo oficial en el que recaen más de 30 mil riocuartenses.
Partir de las explicaciones permite revisar cada argumentación oficial en medio de la tensión que generó el conflicto.
Aón siempre habló de microcréditos y fijó ante los concejales un monto global a aportar de 250 mil pesos. Indicó que en el proceso de reconversión de actividades y de fortalecimiento de sus tareas algunos vendedores no pedían nada, otro recibirían 5 mil pesos y los más beneficiados, negociaron por 50 mil pesos y un terreno. El parámetro de los desembolsos no solo desnuda la inequidad en la distribución sino que permiten dudar sobre las ventajas para quienes acceden a los funcionarios con toma de decisión. Mientras la mayoría de los vendedores participaban de reuniones en la vacía feria del progreso, otros mantenían encuentros “a calzón quitado” como los calificó Héctor Liso Márquez. El vendedor admitió que había participado de la reunión en la que Aón expresó una oferta que calificó como “tentadora”.
El video y los dichos de Márquez advierten, en primera instancia, sobre el modo en el que se debatía la distribución de recursos. Podrían haber otras formas, es cierto, pero esta fue una de ellas.
Las negociaciones se produjeron sin determinar un criterio univoco para todo lo vendedores y sin una ordenanza que diera un mínimo marco normativo. Las reglas las fijaron los representantes municipales.
El video revela un minuto y medio del diálogo y Márquez reclama por no haber escuchado la oferta a Federico Fernández, el joven que grabó la conversación. Los vendedores que se han expresado públicamente sobre la situación ante lo medios y ante lo concejales, han ratificado que recibieron proposiciones de dinero y bienes, cuyos montos variaban según la ocasión. ¿Las propuestas de microcréditos de las que habló el municipio tenían que ver con esto? ¿Se necesitan 60 mil pesos y un terreno para un microemprendimiento? Fueron estas las condicione que Aón les había adelantado al Cecis y lo concejales? ¿No importan la forma y el uso delos recursos públicos si el resultado final es que vendedores salen de las calles céntricas?
El municipio tuvo la oportunidad de explicar los términos de la negociación pero lo que abundan son las dudas. No se conoce cómo se iban a plasmar los acuerdos y cómo se controlarían los términos de lo pactado.
Para concretar su objetivo, el Ejecutivo podría haber optado por imponer con la fuerza pública una ley que aún no tenía ó consensuar con los vendedores. Eligió la segunda alternativa y, como sucedió en todo el proceso, no encontró las herramientas políticas y de gestión para resolver el dilema.
En los ámbitos políticos emerge la tentación de creer que se pueden aceptar ciertos mecanismos de negociación si el fin es el esperado. Es decir, no importan los caminos sino llegar a la meta. Ese concepto permite que algunos supongan licitaciones que se arman como anillo al dedo ó diálogos a puertas cerradas con tipos que se muestran difíciles.
Hace 7 meses que el municipio paga más de 13 mil pesos por el alquiler de un local que permanece vacío. En el lugar, ubicado a 30 metros de la Plaza Roca, se invirtieron más de 250 mil pesos en reformas. Aún no se conoce cuánto costarán los “créditos” que se repartirían entre los vendedores.
El tiempo hizo más enmarañada una apuesta que ha sido siempre compleja, en cualquier lugar del mundo. Hay familias que hace más de 30 años que viven de un puesto callejero, otras que llegaron al sector para encontrar una salida a la urgencia económica y un grupo que vio la oportunidad de un negocio redituable.
Con el tiempo como condicionante en un conflicto que no parecía cerrarse nunca, se plantearon alternativas para erradicarlos que se parecieron a un atajo. En el Ejecutivo se impuso la decisión de poner punto final a la venta callejera cueste lo que cueste. Y ese parece ser el problema.
Por Pablo Callejón (callejonpablo@yahoo.com.ar)