La Cámara Nacional de Casación Penal dará a conocer mañana, en una audiencia que será pública y trasmitida en directo para aquellos canales de televisión interesados, si avala o no la extracción no consentida de muestras de sangre, saliva o cabello a los hermanos Marcela y Felipe Noble Herrera.
La decisión de la sala II del máximo tribunal penal del país, que se conocerá mañana a las 12 en Comodoro Py, se tomará en el marco de la causa que intenta determinar desde hace una década si los hijos adoptivos de la dueña del Grupo Clarín, Ernestina Herrera de Noble, fueron apropiados durante la última dictadura militar.
Tras escuchar los argumentos de las partes el jueves pasado, los camaristas darán a conocer su decisión, que no quedaría firme ya que aún puede ser recurrida ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Según explicaron a Télam fuentes de la Cámara, la audiencia será en el salón Auditorium de Comodoro Py 2002, pública y se trasmitirá en directo para los canales interesados en obtener la señal.
Los camaristas Raúl Madueño, Luis García y Guillermo Yacobucci, con la intervención de la secretaria Sol Deboli, deberán resolver si avalan o no la decisión de tomar pequeñas muestras de sangre, saliva o cabellos a Felipe y Marcela «con o sin su consentimiento» para obtener un ADN y entrecruzarlo con las muestras almacenadas en el Banco Nacional de Datos Genéticos del hospital Durand que pertenecen a familias en busca de recién nacidos apropiados en centros clandestinos de detención.
La resolución fue emitida en diciembre pasado por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado y ratificada por la Cámara Federal de San Martín, pero llegó a Casación ante la negativa de ambos hermanos de entregar las muestras para estos análisis.
Según ratificaron sus abogados el jueves pasado, Felipe y Marcela se niegan a que las muestras sean entrecruzadas con la totalidad de las almacenadas en el banco y sólo aceptan el testeo con las de dos familias querellantes en la causa desde su inicio.
Pero la Justicia determinó que debe ampliarse el objeto procesal con miras a determinar en general la posiblidad de que hayan sido apropiados, según requirió Abuelas de Plaza de Mayo, querellante en la causa.
En caso de comprobarse que son hijos biológicos de secuestrados en la dictadura, la empresaria podría quedar acusada del delito de «apropiación» como ya sucedió en otros casos donde hubo condenas penales de cumplimiento efectivo.
En la audiencia del jueves último, la medida de Arroyo Salgado fue respaldada por la fiscalía ante Casación, a cargo de Raúl Plee, quien sostuvo que debe rechazarse la apelación de los jóvenes en sintonía con Abuelas de Plaza de Mayo y Pablo Llonto, abogado de una de las familias querellantes.
Arroyo Salgado ordenó la toma de muestras sin consentimiento tras resolver no usar sangre entregada de forma voluntaria por los hermanos en diciembre de 2009 al anterior juez del caso, Conrado Bergesio, por entender que no estaba garantizada la cadena de custodia de esa evidencia.
Fuente: Telam