La norma prohibe la presencia de puestos fijos, semifijos y desmontables con los votos oficialistas. Luego, el Ejecutivo debería iniciar la erradicación. La norma permitirá hacerlo «por etapas»
Con el voto de los concejales del bloque oficialista finalmenente se aprobó hoy la ordenanza que prohibirá la venta callejera en Río Cuarto y obligará al Ejecutivo a poner en marcha un plan de erradicación de los puestos.
El proyecto incluye la relocalización de los vendedores a la Feria del Progreso, cuyo alquiler de más de 13 mil pesos es abonado desde diciembre del año pasado pese a que el local permanece vacío.
La discusión parlamentaria se produjo después del escándalo por las ofertas económicas a los puesteros realizada por el secretario de Desarrollo Social Guillermo Aón. El funcionario puso a disposición su renuncia luego de que Telediario anticipara el documento periodístico que confirmaba las polémicas negociaciones, pero el intendente Juan Jure lo ratificó en su cargo.
En el recinto, los concejales opositores manifestaron que están de acuerdo con el objetivo de liberar el espacio público aunque señalaron que «no se puede avanzar si Aón no da explicaciones sobre lo sucedido».
Desde el PJ y el Interbloque lanzaron duras críticas a la propuesta oficial y el modo en el que se negoció con los vendedores.
Desde el oficialismo, el concejal Fabricio Pedruzzi señaló que «no se puede confundir la ordenanza macro con la situación que vincula al funcionario municipal».
Añadió que los convenios que se pacten con los vendedores deberán ir al Concejo Deliberante para su aprobación ó deberá crearse una ordenanza macro que los regule. De esta forma, confirmó que las negociaciones iniciadas por Aón no tenían un respaldo legal porque no se trataba de microcréditos, como se dijo inicialmente desde el municipio, sino que los montos ofertados superaban los 50 mil pesos e incluían terrenos.
Con la aprobación de la ordenanza el intendente estará obligado a iniciar un plan de erradicación, que podría concretarse por etapas. Jure dijo que se terminó el tiempo del diálogo y no descartó pedir la intervención de la fuerza pública si se mantiene el rechazo de algunos vendedores.
Los trabajadores callejeros insisten en que tienen «derechos adquiridos» por las habilitaciones otorgadas durante el gobierno de Antonio Rins y ya realizaron evaluaciones legales para una eventual presentación en la Justicia.