Ochoa volvió a confrontar con una estrategia oficial y fue acusado de fraude. El estrado es ahora también el banquillo para un juez, sus fallos y sus silencios.
La muerte puede ser la primera sentencia para los jubilados que le inician juicio al ANSES por pagos de haberes mal efectuados. Los herederos se convierten en los beneficiarios de montos que sus padres y abuelos reclamaron durante años. Con una sentencia firme, el embargo de fondos hasta que el organismo nacional decida pagar lo adeudado aparece como un atajo en la búsqueda de Justicia de quienes sustentaron con sus jubilaciones los costos de las crisis recientes.
En la denuncia que el gobierno nacional realizó contra el juez Carlos Ochoa y que derivará en el análisis de un eventual juicio político en el Consejo de la Magistratura, le adjudican al magistrado riocuartense ser el impulsor de la mitad de los embargos en todos los juzgados del país. Según señalaron el titular del ANSES, Diego Bossio, y el ministro de Economía, Amado Boudou, la “millonaria maniobra de fraude” habría revelado un doble pago de las sentencias a los demandantes y la imposición de “sumas siderales”.
La acusación del Gobierno surge casi un mes después de que el juez Ochoa intimara al ANSES “bajo apercibimiento de multas” para que “en 10 días dé cumplimiento a las sentencias dictadas en seis casos: Domínguez, Olguín, Sommaro, Gramaccioli, Alessio de Capurro y Lucero».
En el comunicado oficial del organismo social señalan que Ochoa convocaba a un perito oficial para que decidiera la liquidación “pero no descontaba pagos ya efectuados por ANSES, no determinaba el monto inicial del que partía para actualizar las liquidaciones e incorporaba precedentes que no habían sido otorgados en la sentencia firme”, es decir, lo hacía cuando la situación era “cosa juzgada”
Esta presunta “estafa” fue advertida por el Gobierno en los casos analizados por lo que pidieron frenar durante 60 días todo el proceso judicial de 1.700 expedientes. Cuando Bossio y Boudou lanzaron la acusación en conferencia de prensa el juez Ochoa no había dado lugar al planteo que generaba la irritación de abogados y, fundamentalmente, de los sufridos jubilados.
Para el ANSES, no se trata solo de la maniobra de un juez sino de la presunta complicidad de abogados y beneficiarios, en lo que parecería revelar una trama de complejos contactos.
Desde diciembre, el equipo jurídico realizó al menos tres auditorias en la sede de Río Cuarto para determinar el avance de juicios de jubilados riocuartenses y dejaron, al menos, dos interrogantes. ¿Cómo podía el Estado pagar dos veces un mismo juicio sin tomar medidas preventivas que eviten una erogación fraudulenta? ¿Es una responsabilidad de la Justicia descontar lo ya abonado, ó una potestad del ANSES?
Bossio afirmó que serían 60 millones de pesos los embargados por Ochoa, una pequeña cifra en el voluminoso presupuesto del organismo pero que esconde la real preocupación: la continuidad de embargos que ponen en jaque la estrategia de demorar hasta la última instancia el pago a los jubilados con sentencia firme a su favor.
El Estado somos todos
La obligación del Estado de reconocer las irregularidades que atentan contra los derechos de todos y de velar por el interés colectivo de los argentinos, es innegable e imprescindible. Si hubo una estafa debe ser investigada y solo puede ser admisible llegar hasta las últimas consecuencias.
Sin embargo, el contexto en el que se formula la acusación, por ahora solo de carácter pública, desnuda la conflictividad que emerge en el ANSES por las demoras en la resolución de juicios promovidos por los jubilados.
En el país, hay 450 mil beneficiarios que esperan cobrar con una sentencia firme y prevén que se incorporen otros 100 mil. En los primeros dos meses del año se abonaron 3 mil fallos, casi un 30 por ciento menos que en 2010. En el 2009 se pagaron 27 mil sentencias y un año después 22 mil.
Para el 2011, la ANSeS tendría un presupuesto de $ 2.400 millones para cancelar unas 20.000 sentencias, a un promedio de $120.000 por caso.
La mayoría de los juicios se deben a reajustes de haberes tras la crisis política, social y económica de 2001-2002. Los litigios se sumaron luego del Caso Badaro, en el que la Corte Suprema de Justicia determinó un ajuste de 88,3% por el período que va de enero de 2002 a diciembre de 2006.
En el 2009, los jueces del máximo organismo judicial firmaron un convenio con el ANSES “para agilizar juicios de jubilados” pero, en septiembre de 2010, el juez Eugenio Zaffaroni afirmó que la Justicia «no tiene competencia para resolver en forma general» la situación.
Zaffaroni señaló que es el ANSES la entidad que “tendría la posibilidad de aplicar reajustes a los haberes en forma generalizada, según los criterios ya establecidos por los magistrados”.
Los reclamos tuvieron su manifestación más contundente en junio del 2010, cuando la jueza Argibay de Molina afirmó a la agencia Diarios y Noticias que “el problema es que la ANSES paga mal, entonces, todos empiezan a hablar de la industria del juicio”.
“Incluso cuando hay sentencias que la obligan a pagar, insiste con no pagarlos y tratar de llegar hasta la Corte», se quejó.
Los logros, la deuda
En el kirchnerismo aseguran que “este el gobierno que más hizo por los jubilados” al poner fin al sistema de capitalización, recuperar los fondos que estaban en las AFJP, sanear las cuentas del ANSES, “terminar” con la corrupción estructural y el rojo financiero del PAMI, incorporar 2,6 millones de ciudadanos a través de la moratoria al sistema provisional y aplicar la fórmula de la Ley de Movilidad por lo que “todos los haberes previsionales experimentaron un alza del 77,98 por ciento”.
Igualmente, la cifra global parece estar muy debajo de los índices de crecimiento de los salarios y del impacto inflacionario.
La Presidenta Cristina Fernández vetó la aplicación del 82 por ciento móvil impulsado por los partidos de oposición, que cuando fueron gobierno recrearon insistentes reajustes a los magros haberes para paliar el déficit fiscal.
En su justificación, Cristina había señalado que el 82 por ciento se aplicó en 1958 y cuatro años después ya generaban pérdidas en las cuentas estatales. La mandataria consideró que “en ese momento comenzó la tragedia previsonal argentina».
En una penosa secuencia, después se reprodujeron reducciones en los pagos, leyes de emergencia, pagos con bonos, la privatización de los aportes, la crisis del 2001 y la lluvia de juicios.
Estrategia oficial
Las trabas en los pagos a los jubilados con sentencia firme y el insuficiente presupuesto para hacer frente a los dictámenes judiciales encuentran en los embargos de jueces federales una contradicción contra la estrategia oficial.
ANSES deberá probar ante el Consejo de la Magistratura las denuncias que ligaron al juez Carlos Ochoa con una maniobra de fraude y parecen dar un mensaje condicionante hacia quienes se animen a embargos masivos.
Tras la acusación, Ochoa, como era de esperar, optó por el silencio. El juez llegó a su cargo por concurso y se mantuvo con la matriz filosófica de la vieja escuela: hablar por sus dictámenes y sentencias. Rara vez convocó a conferencias de prensa pese a encabezar causas de fuerte impacto público como la tragedia en la Planta Piloto de la Universidad, el escándalo de los cheques con indigentes, el presunto enriquecimiento ilícito de Humberto Roggero, la contaminación en la ex Aceitera, las explosiones en la Fábrica Militar de Río Tercero y todos los casos vinculados a la trata de persona y el tráfico de drogas.
Desde lo institucional, pidió la intervención de los estados municipales en la prevención de los adicciones y fue interlocutor en espacios de debate sobre el impacto de las drogas.
Fue instructor en juicios contra crímenes de la dictadura e integró el Tribunal que juzgó y condenó a perpetua a Jorge Rafael Videla y Luciano Benjamín Menéndez.
En el foro de abogados locales hay sorpresa por la acusación que podría poner fin a la carrera judicial de Ochoa pero también lanza sospechas sobre algunos letrados que asesoran en los juicios.
El juez que impidió los aumentos en las tarifas del gas, en un caso inédito en el país, vuelve a confrontar con una estrategia política oficial. En el medio, también emergen denuncias de fraude y estafa contra el Estado que deberán ser determinadas por el Consejo de la Magistratura. El estrado es ahora también el banquillo para un juez, sus fallos y sus silencios.
Por Pablo Callejón (pjcallejon@yahoo.com.ar)