Tras los cambios en el proyecto oficial y el aval de la fiscalía municipal, organizaciones sociales respaldaron el debate en el recinto. El dirigente de HIJOS, Luciano Giuliani, sostuvo que “el fin principal de este registro es el acceso a la plena ciudadanía y la irrestricta vigencia de los derechos humanos”.
Tras los cambios ejectuados en el proyecto para la creación del Registro de Detenidos por Contravenciones y el aval jurídico que ayer brindó el fiscal municipal Hernán Di Santo, todos los bloques avalaron hoy la aprobación de la norma en el Concejo Deliberante.
El Registro deberá ser reglamentado por el Ejecutivo y será la secretaría de Gobierno la que obtenga la inscripción voluntaria de quienes fueron detenidos por merodeo, escándalo en la vía pública ó «portación de rostro»
La información será «confidencial», según señalaron desde la Comisión Municipal de la Memoria, y el objetivo es que se agilicen los habeas corpus y la asistencia judicial a quienes sufren de detenciones «arbitrarias».
La medida cuenta con el aval de organizaciones sociales, de Derechos Humanos, la CGT y la Federación Universitaria.
«Medidas preventivas»
El dirigente de HIJOS, Luciano Giuliani, afirmó que “el proyecto impulsado por la Comisión Municipal de la Memoria fue compartido en su espíritu por el fiscal municipal”.
“Los funcionarios plantean que no advierten que el proyecto contenga un exceso de potestades de parte del municipio que afecte la relación de subordinación y supremacía con la normativa provincial. Dice el dictámen también que la Carta Orgánica en su preámbulo y en su art. 14 inc 2 fija entre las competencias materiales del municipio velar por la vigencia de los Derechos Humanos”, sostuvo.
Giuliani sostuvo que “el fin principal de este registro es el acceso a la plena ciudadanía y la irrestricta vigencia de los derechos humanos”.
“Sus objetivos generales son concientizar en Derechos y Garantías Constitucionales, establecer medidas preventivas frente a la problemática del abuso de poder policial, compulsar un Consejo Consultivo en materia de seguridad y aplicación del Código de Faltas en el ámbito de competencia territorial del Municipio”.
Añadió que es necesario “recolectar información sobre demoras y detenciones por contravención en el ámbito de competencia territorial del municipio, crear una fuente de información estatal homologada por el poder ejecutivo municipal para presentar ante la justicia conjuntamente con el pedido de Habeas Corpus y formar capacitadores barriales y gremiales para el asesoramiento y la asistencia inmediata a la población”.
«Hay arbitrio policial»
El área de Derechos Humanos de la CGT y la Federación Universitaria se sumaron al respaldo del registro de detenidos por contravenciones y calificaron de “arbitraria” la aplicación del Código de Faltas por parte de la Policía.
Marcos Boni, titular de Judiciales, señaló en diálogo con Telediario que “se detiene innesariamente a personas que son trabajadores y actores normales de la sociedad y lo vemos con una intencionalidad”.
“En la aplicación del registro vemos arbitrio y una metodología que no se debe aplicar en estos tiempos”, sostuvo.
Boni manifestó que “parece excesiva la ejecución de un Código donde los habeas corpus se someten a una Justicia lenta”.
“No existe la posibilidad de defensa inmediata. Las personas son detenidas un viernes y hasta el lunes no tienen defensa, esto no puede ser aceptado en plena democracia”, indicó.
El sindicalista reconoció que “los ejecutores de las leyes no tienen herramientas porque los que hacen las normas no incluyen a los actores perjudicados en el debate”.
“Los más humildes son vulnerados porque no tienen la información. A algunos chicos les quitan hasta el documento. Se paran en los accesos del Alberdi y los mandan de nuevo, no quieren que lleguen al centro. Hay ciertos sectores de la sociedad que no quieren verlos en el centro”, subrayó.
Por su parte, Carolina Zabala, dirigente de la FURC, manifestó que “hay una aplicación arbitraria por la portación de cara y esto afecta los derechos de los barrios más marginales”.
“En algunos barrios los chicos no pueden salir. Esta problemática afecta más a los adolescentes, a partir de los 14 años. Se los para continuamente”, resaltó.