El caso es asistido por la fiscalía federal número 5 del doctor Luis Comparatore. Así lo señalaron a TD Digital desde la fiscalía del doctor Marijuan. Serían 20 los casos donde se habrían advertido irregularidades.La denuncia del ANSES contra el juez federal Carlos Ochoa, por presunto fraude en el tratamiento de juicios de jubilados riocuartenses contra el Estado Nacional, quedó en manos del juzgado de María Romilda Servini de Cubría.
El caso es asistido por la fiscalía federal número 5 del doctor Luis Comparatore.
Así lo confirmaron a TD Digital, desde la fiscalía Federal del doctor Guillermo Marijuan, a donde ingresó la presentación de ANSES tras la acusación pública del titular del organismo, Diego Bossio, y del ministro de Economía Amado Boudou.
La derivación se produjo la semana pasada y se esperan las primera medidas procesales para determinar la veracidad de la acusación.
En principio, serían 20 los casos en los que habrían advertido presuntas irregularidades con dobles pagos ó sobre valoración de los montos que debía abonar el Estado a los demandantes.
Sin embargo, ANSES solicitó que se suspendan durante 60 días las actuaciones de 1.700 juicios entablados por beneficiarios de la delegación regional.
Hasta hoy, no hubo ninguna respuesta formal al planteo y se esperan novedades al mediodía.
Ochoa prefirió el silencio público tras la acusación, aunque de diversos sectores de la Justicia Federal y de colegios de abogados hubo un abierto respaldo a su gestión al frente del Juzgado de Río Cuarto.
La acusación
En la denuncia que el gobierno nacional realizó contra el juez Carlos Ochoa y que derivará en el análisis de un eventual juicio político en el Consejo de la Magistratura, le adjudican al magistrado riocuartense ser el impulsor de la mitad de los embargos en todos los juzgados del país. Según señalaron el titular del ANSES, Diego Bossio, y el ministro de Economía, Amado Boudou, la “millonaria maniobra de fraude” habría revelado un doble pago de las sentencias a los demandantes y la imposición de “sumas siderales”.
La acusación del Gobierno surge casi un mes después de que el juez Ochoa intimara al ANSES “bajo apercibimiento de multas” para que “en 10 días dé cumplimiento a las sentencias dictadas en seis casos: Domínguez, Olguín, Sommaro, Gramaccioli, Alessio de Capurro y Lucero”.
En el comunicado oficial del organismo social señalan que Ochoa convocaba a un perito oficial para que decidiera la liquidación “pero no descontaba pagos ya efectuados por ANSES, no determinaba el monto inicial del que partía para actualizar las liquidaciones e incorporaba precedentes que no habían sido otorgados en la sentencia firme”, es decir, lo hacía cuando la situación era “cosa juzgada”
Esta presunta “estafa” fue advertida por el Gobierno en los casos analizados por lo que pidieron frenar durante 60 días todo el proceso judicial de 1.700 expedientes. Cuando Bossio y Boudou lanzaron la acusación en conferencia de prensa el juez Ochoa no había dado lugar al planteo que generaba la irritación de abogados y, fundamentalmente, de los sufridos jubilados.
Para el ANSES, no se trata solo de la maniobra de un juez sino de la presunta complicidad de abogados y beneficiarios, en lo que parecería revelar una trama de complejos contactos.