Ya serían 66 los afectados por cambios en la extensión educativa

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* 35 trabajadores perdieron su lugar y otros 31 sufrieron reducción de horas, por lo que piden ser indemnizados.

Sarah Bergessio, concejal de Unión por Córdoba, confirmó que se reunió con 6 preventores de salud, entre ellos psicopedagogos, psicológicos y asistentes sociales, que también quedaron fuera del programa municipal. Los especialistas tenían la función de articular con los docentes para asistir a los sectores más postergados de la ciudad.

El reclamo por los abruptos cambios en el programa de extensión educativa del municipio ya afectan a 66 trabajadores, de los cuáles 35 sufrieron la no renovación de los contratos «a plazo fijo» que impuso la Fundación por la Cultura.
La situación promovió la citación al Concejo Deliberante del subsecretario de Cultura Juan Pablo Casari y el subsecretario de Educación Fernando Lagrave.
Mientras crece la polémica política por el caso, los afectados prefieren evitar los reclamos públicos.
Sarah Bergessio, concejal de Unión por Córdoba, confirmó que se reunió con 6 preventores de salud, entre ellos psicopedagogos, psicológicos y asistentes sociales, que también quedaron fuera del programa municipal.
Los especialistas tenían la función de articular con los docentes para asistir a los sectores más postergados de la ciudad.
«No les han dado mayores explicaciones por la decisión. Ellos fueron capacitados para este proyecto y trabajaron en diferentes instituciones, bajo la coordinación del área de Protección Familiar.  Habían dejado otros trabajos para cumplir con lo que les pedían y ahora se quedaron sin nada», expresó.
Desde el gremio de Utedyc habían señalado que hay 29 educadores que perdieron sus contratos temporales y otros 31 trabajadores participan de reuniones de medicación en la secretaría de Trabajo para evitar quitas en su carga horaria que reducirán los ingresos que mantenían hasta el 2010.
En diálogo con TD Digital, Robacciotti dijo que pedirán indemnizaciones por la pérdida en los ingresos y adelantó que recurrirán a la Justicia si fracasa la negociación con los representantes de la Fundación.

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