En el siglo XXI, lamentablemente los juegos de azar también forman parte de nuestra cultura recreacional, siendo los de carácter ilegal los de mayor crecimiento en todo el mundo.
Con una altísima participación en América Latina, países en los que cada habitante, aproximadamente destina 250 dólares anuales al juego. Como comparación, ese monto en ocho años alcanzaría para pagar toda la deuda externa del continente, o sea miles de millones de dólares.
Las cifras y estadísticas apuntan a que los beneficios al Estado tanto municipal como provincial, por la vía de los impuestos generados que aportan los juegos de azar, son mínimos si se comparan las consecuencias negativas que pueden derivar a adultos, jóvenes, familias y comunidades, si no son efectivamente identificados y tratados a tiempo los problemas asociados a juegos patológicos.
De acuerdo al balance presentado en una conferencia organizada en la Asociación de Psiquiatría de América Latina (APAL), la que notifica que en un 3,5% de la población adulta se presentan distintos tipos de problemas en su manera de jugar, y entre el 1 y el 3% de la población los califica como jugadores patológicos en América Latina.
En lo que respecta a varios países y según un cuestionario de un estudio utilizado se identificó un 1,9% de la población como probables jugadores patológicos y el 3,6% como jugadores problema.
Estados Unidos no está exento de la situación de riesgo. En un sondeo realizado por una comisión especializada del Congreso de ese país, se encontró que en la población total hay 1,2 % jugadores patológicos; 1,5 % jugadores problemas; 7,7 % jugadores con riesgo a desarrollar juego patológico; e indica que de cada ciudadano que tiene problemas con su manera de jugar van a ser afectadas de 5 a 10 personas de su entorno.
Al determinar estos últimos porcentajes en el hábitat del país, podríamos calcular por la cercanía a los “ludópatas” 400 mil jugadores más, que al multiplicarlo con los que ya tienen problemas, la cifra ascendería indiscriminadamente y de manera alarmante.
Los privilegios que ofrecen determinadas ciudades para la creación de salas de juego, están demostrando que ese procedimiento aumenta la incidencia de juegos patológicos legales e ilegales, al punto que hoy los niños, adolescentes y adultos mayores es población vulnerable a la enfermedad: de 6% a 14% de los adolescentes de Latinoamérica presenta problemas en su manera de jugar.
Tampoco las mujeres quedan exentas del problema, como se extrae de un estudio de investigación que realizamos en el 2006/7 en nuestra ciudad. Es que ante los cambios de roles tradicionales y estilos de vida, la falta de preparación para ocupar el tiempo de ocio y otros múltiples factores, las mujeres ya cuentan con tiempo e independencia, lo que aumenta su inclinación al juego por dinero, superando los valores normales en otras culturas, donde de cada tres jugadores masculinos había una mujer ludópata; hoy hay un equilibrio entre ambos, superando incluso el desarrollo de la enfermedad en un corto tiempo(aproximadamente) cinco años en el caso de mujer; mientras que el hombre lo hacia en más de una o dos décadas. Ante la importancia y complejidad de la problemática…
¿Qué le queda a la comunidad por hacer?
La salida es abordar estos factores con la intervención de un equipo trans-disciplinario para su debida conversión, aplicando estrategias preventivas, educativas, legales, de control, supervisión, fiscales y represivas, y además que lleven a aprovechar realmente los recursos de los porcentajes impositivos, para aplicarlos en incentivar la recreación sana, salud, educación, y para disminuir y/o atenuar los impactos negativos.
Se hace necesaria una reglamentación que ponga fin a este aspecto, aprovechando que no toda persona que participa en los juegos de azar es un ludópata.
A los grupos vulnerables, deben crearse normativas o leyes que garanticen vivir en un ambiente protegido, alejados de las consecuencias negativas y de la promoción de juegos de azar.
Además todos los jugadores problemas y “patológicos” y sus respectivas familias, tienen derecho a tratamiento y cuidado, al igual que las personas que no deseen apostar; el Estado debe protegerlos de las presiones socioculturales que lo inclinan a esa actividad.
En lo que se refiere a nuestra comunidad, el ciudadano riocuartense está en la facultad de participar en un proceso democrático para determinar la cantidad y el tipo de salas de juegos que funcionarán en sus comunidades, mediante la figura de un “referéndum consultivo”
LIC ELENA FARAH