La sentencia dice que no se explicó a la mujer si se daban las condiciones para abortar en su país -lo hizo finalmente en el Reino Unido- y que por ello las autoridades «ignoraron» su obligación de garantizarle el respeto a «su vida privada».
La legislación irlandesa sólo permite interrumpir el embarazo en tres supuestos: cáncer de útero, embarazo extrauterino y preeclampsia (hipertensión inducida en el embarazo). La mujer se había sometido a un tratamiento contra un cáncer que incluía pruebas que eran incompatibles con un embarazo.