La Fiscalía pidió la pena de prisión perpetua para Videla

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El fiscal Maximiliano Hairabedián realizó el pedido en el Tribunal Oral Federal Número 1, con la presencia en la sala del ex dictador. Lo consideró el «máximo responsable de la elaboración de un plan sistemático de eliminación de opositores» durante el Proceso militar.
La Fiscalía solicitó hoy la pena de prisión perpetua para el ex dictador Jorge Rafael Videla en un juicio que se le sigue en Córdoba por delitos contra la humanidad, al considerarlo como el «máximo responsable de la elaboración de un plan sistemático de eliminación de opositores» durante la última dictadura.
El fiscal Maximiliano Hairabedián realizó el pedido en el Tribunal Oral Federal Número 1 (TOF 1) de Córdoba con la presencia en la sala de Videla, en el marco de un proceso legal contra el ex presidente de facto y otros 30 acusados por crímenes cometidos tras el golpe de Estado de 1976.
Hairabedián apuntó contra el ex dictador al calificarlo como el «máximo responsable» de un plan de exterminio de opositores en los años de plomo de la dictadura militar y en su alegato destacó que la Fiscalía cuenta con las pruebas suficientes para demostrar el rol que cumplió el represor.
El fiscal resaltó también que en la audiencia de este juicio «Videla ha confesado» y a la vez «asume toda la responsabilidad de los hechos» que se juzgan.
En este sentido, evaluó que «esa confesión tiene un gran peso probatorio» no sólo desde el punto de vista de la responsabilidad formal, sino también de la real.
«El Código Penal para el homicidio calificado, que es el delito más grave que se les atribuye, no prevé otra pena, es decir que no puede haber mucha materia de discusión en ese aspecto», había adelantado Hairabedián a Cadena 3, antes de solicitar prisión perpetua para Videla.
Además, consideró «falaz» el argumento del ex dictador de que los hechos que se le imputan no cuadran en la figura de crímenes de lesa humanidad porque las víctimas no eran población civil sino combatientes.
«Las golpizas eran sistemáticas, no fueron un día u otro, eran permanentes y se aplicaban no sólo en la UP1 (Unidad Penitenciaria San Martín), sino también en las cárceles ubicadas en los distintos puntos del país», sostuvo Hairabedián.
Sobre estos secuestros, torturas, tormentos y asesinatos, «Videla tenía el dominio de los programas de exterminio y en otros casos tenía conocimiento de lo que ocurría», agregó el fiscal.
En este sentido, mencionó la directiva 404/75, que facultaba al Comandante en Jefe de la Junta Militar a la planificación de la lucha contra la subversión en todo el país tras el golpe del 24 de marzo de 1976 y colocaba a las cárceles provinciales bajo control de Ejército.
Hairabedián aseguró que el documento ubicaba a las brigadas de infanterías de toda la Argentina en un rol predominante para asesinar a las personas presas por ser consideradas subversivas y luego este procedimiento de exterminio «se encubría, previa operación psicológica, como un enfrentamiento con las fuerzas subversivas».
Junto a Videla , de 85 años, es juzgado el también represor Luciano Benjamín Menéndez, de 83, que tiene otras condenas firmes a prisión perpetua.
«Hubo un régimen antes y otro después del 24 de marzo. Antes no los sacaron para matarlos y después sí, a pesar de que Videla y Menéndez ya eran autoridad del Ejército y existían las directivas para la lucha contra la subversión», dijo Hairabedián.
«O sea que lo que cambió no fueron las directivas, sino que todo cambió con la llegada a la presidencia de Videla», agregó el fiscal, ante los jueces Jaime Díaz Gavier, Carlos Julio Lascano y José María Pérez Villalobo.
Tras la exposición de Hairabedián, el Tribunal ordenó un cuarto intermedio hasta el próximo jueves a las 9:30.
Ese día será el turno del fiscal Carlos Gonella de presentar su alegato.
En este juicio, que comenzó el 2 de julio pasado, se trata de establecer las responsabilidades de los 30 imputados sobre la muerte de 31 presos políticos alojados en la UP1, ocurridos en 1976 aplicando la Ley de Fugas, además de secuestros y torturas en contra de un civil y cinco miembros del entonces Departamento de Informaciones Policiales (D2).
El titular del TOF 1, Díaz Gavier, a fin de poder dictar sentencia entre el 20 y 21 de diciembre, resolvió habilitar audiencia el feriado del 8 del mes próximo y tratar de culminar con los alegatos el viernes 10.

Fuente: NA

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